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Es un memorándum que podría definirse como un compendio sobre las variadas formas de reprimir, golpear, torturar, asesinar, fusilar y amenazar a personas. Una misión de Amnistía Internacional presentó ayer al gobierno de Eduardo Duhalde el documento, en el que detalla “la grave crisis de los derechos humanos” en el país y en el que le exhorta al Presidente a ponerle freno a esa situación, que “podría empeorar”. La negativa de Duhalde a recibir la misión agravó los temores de Amnistía: “Es preocupante como síntoma de que los derechos humanos no son importantes en la agenda gubernamental”, dijo el jefe de la misión, Esteban Beltrán. Y advirtió que, en base al análisis de ese organismo internacional, “la Argentina viene empeorando en derechos humanos y por lo tanto es preocupante el futuro”.
Los delegados de Amnistía –que habían adelantado en exclusiva a este diario su inquietud por el desaire de Duhalde al dejarlos en manos de funcionarios de segunda y tercera línea para hacer sus planteos– entregaron al Gobierno dos documentos. Uno de ellos es el “Memorándum al gobierno de la República Argentina”, en el que solicitan la efectiva anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y reiteran el pedido de dar por terminados la represión de manifestantes, las ejecuciones sumarias de menores, la tortura y los malos tratos de las policías Federal y provinciales, la falta de investigaciones judiciales y la ausencia total de seguridad para los testigos de violaciones, abogados, jueces, periodistas y familiares de las víctimas. El otro es una “lista parcial de casos de violaciones de derechos humanos”, entre los que hay una sucesión de crímenes que van desde los asesinatos del 20 de diciembre hasta las golpizas a las travestis en las jurisdicciones de las comisaría porteñas de las zonas rojas (ver aparte).
Hacía cuatro años que Amnistía Internacional no enviaba una misión a la Argentina, pero durante ese tiempo llevó, registró y presentó informes sobre el creciente clima de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Los seis muertos en Buenos Aires y los 30 en todo el país que dejó la represión a las revueltas de diciembre terminaron de convencer a la organización de ocuparse con énfasis especial de la situación nacional. Así, el director de la sección española, Beltrán, y la investigadora del Secretariado Internacional, la venezolana Virginia Shoppee, llegaron el domingo con pesada cantidad de material y denuncias bajo el brazo. “Esto es una grave crisis que tiene su remate en noviembre y diciembre pero que comenzó mucho antes. Con sólo mirar las estadísticas del último año sobre las torturas y los fusilamientos se puede entender que la Argentina viene empeorando en derechos humanos y por lo tanto es preocupante el futuro”, fue la evaluación que ayer hizo Beltrán.
Los enviados se reunieron con organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y funcionarios. Con el Ejecutivo nacional estuvieron ayer: los recibió el subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano, y un funcionario de carrera de cancillería. Fappiano demostró una especie de “adhesión personal”, pero no hubo en el diálogo con el organismo una sola definición política por parte de las segundas líneas del gobierno. Ayer este diario intentó preguntarle sobre la postura del Gobierno en torno a los reclamos de AI, pero el funcionario mandó decir que estaba muy ocupado.
La manera en que Duhalde decidió tomar las advertencias de Amnistía fue hasta más indiferente que la actitud del defenestrado Fernando de la Rúa, quien antes de dimitir se entrevistó con Human Rights Watch, la organización norteamericana de derechos humanos, de similar importancia a nivel mundial que Amnistía, aunque claro está, tampoco significó demasiado para los derechos humanos de los argentinos.
Lo que Duhalde no quiso oír con sus propias oídos es una denuncia y una propuesta. Amnistía, en el memorándum, lo denomina “llamamiento”. El objetivo: que el Gobierno “reexamine los serios problemas que se hanvenido manteniendo a través de los años en materia de derechos humanos”. Lo que el organismo solicita es que la nueva administración se fije políticas y aplique las reformas necesarias para promover y proteger los derechos violados. Y lo que advierte es que para cambiar la alarmante situación que describe es “crucial” la “voluntad política” del gobierno duhaldista. De allí en más, el texto del memorándum va señalando paso a paso las más aberrantes violaciones a los derechos humanos, y en cada párrafo le recuerda al Ejecutivo cuál es el pacto internacional firmado por la Argentina que se estaría incumpliendo en el caso de persistir en la abulia con que se tomaron los reclamos. El Programa Nacional de Acción que solicita Amnistía está contemplado, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, de 1993.
El memorándum, seis páginas de recomendaciones, comienza por señalar “los obstáculos de la justicia” y en ese sentido, primero se encarga de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: “Amnistía exhorta a la administración del presidente Duhalde a que adopte las medidas necesarias para que sean anuladas”. Las leyes de impunidad, para el organismo, son determinantes en la actual situación de empeoramiento: recuerda que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas opinó en una declaración de 1995 que el respeto a los DD.HH. puede debilitarse si los perpetradores de violaciones gozan de impunidad. Ese es un convencimiento de Amnistía: la impunidad –tanto la producida por las normas que impiden enjuiciar como la que produce la justicia que no actúa– ha provocado la profundización de la crisis en la situación de los derechos humanos.
El pedido de “investigaciones prontas e imparciales” se refiere sobre todo a los crímenes cometidos por las policías Federal y provinciales. “Que se reafirme el control sobre las fuerzas de seguridad” y que “los miembros de las fuerzas que están siendo investigados sean suspendidos de sus funciones hasta que termine la investigación”, son preocupaciones centrales. La picana eléctrica, el submarino seco, el hacinamiento en las comisarías y los 800 casos de torturas denunciados el año pasado por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, en la provincia de Buenos Aires se suman a la declaración de un grupo de jueces federales realizada en agosto de 2001 en la que manifiestan su preocupación por “la generalizada práctica de la tortura en todas sus formas de modo sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales”.
En el último de los subtítulos se le recitan al gobierno los pactos y normas internacionales que se violan con todos estos avasallamientos. Sobre los pactos se pronunció ayer Esteban Beltrán, haciendo una oblicua mención al poema de Bertold Brecht: “No solo es por el respeto a las normas internacionales si no también por un motivo egoísta: cuando se piensa en la tortura se cree que afecta a los menores que roban, a los transexuales y en realidad, hay que asumir que esto en un país como la Argentina le sucede a cualquiera”.