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En la provincia, Amnistía Internacional tiene una agenda nutrida para hoy. Los enviados de la misión a la Argentina se reunirán con el gobernador Felipe Solá, pero también con familiares y con la Suprema Corte Bonaerense. A Solá le toca escuchar la más larga lista de reclamos de la misión y la “preocupación sobre las repetidas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires”, según se lee en la carta que le entregarán en mano Esteban Beltrán y Virginia Shoppee.
La situación de los derechos humanos en la provincia mereció ayer un párrafo especial en el memorándum entregado al gobierno de Eduardo Duhalde: los asesinatos de chicos ladrones en la zona norte del Gran Buenos Aires, investigados por Página/12 y luego denunciados en una resolución de la Corte provincial que dio cuenta de 60 posibles fusilamientos de menores. La carta a Solá incluye una larga explicación jurídica de los pactos internacionales que la provincia estaría violando si no se consigue impartir justicia en esos casos.
Amnistía le dice a Solá que pretende “conocer las medidas que está tomando el gobierno provincial para poner fin a las violaciones de derechos humanos”. Esas violaciones son entre otras “los malos tratos a que son sometidos los menores en dependencias policiales incluyendo las condiciones inhumanas de alojamiento”, las “torturas y muertes en las cárceles” y “la reclusión de presos de conciencia”.