Dos abogados constitucionalistas de distinto color político salieron a respaldar la postura del gobierno nacional en el diferendo que mantiene con la administración porteña a raíz de la red de subterráneos. Por un lado, Eduardo Barcesat calificó como “aventura jurídica” la posición del Gobierno de la Ciudad y afirmó que a la actitud de Mauricio Macri le cabe la figura de “violación de los deberes de funcionario público en concurso con sabotaje”. Para Barcesat, “no corresponde la medida cautelar porque siendo el incumplidor el Gobierno de la Ciudad, no se puede sentir afectado”. Daniel Sabsay, opositor al kirchnerismo, también respaldó los argumentos del gobierno nacional: afirmó que el acta firmada entre el gobierno nacional y el porteño “es válida y hay un compromiso absoluto de parte de la Ciudad de asumir la concesión” del servicio. Además, indicó, “ya hay un principio de cumplimiento a través del Gobierno de la Ciudad, que fijó una nueva tarifa”.