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Mientras espera los resultados de los peritajes técnicos que buscan determinar las razones de la tragedia ferroviaria de la Estación Once, el juez federal Claudio Bonadío expande la investigación a las posibles responsabilidades de áreas del Gobierno y de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) en las fallas de mantenimiento y seguridad de las formaciones de la línea Sarmiento, que fueron denunciadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Para eso ordenó anteayer otra pericia, pero en este caso contable, que deberá establecer en qué gastó la empresa los subsidios públicos que recibió a partir de 2007. El juez puso al frente de este estudio al decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins, y le dio treinta días para entregarle los resultados.

La pericia contable había sido impulsada por el fiscal Federico Delgado, quien planteó desde un inicio que, además de establecer si fallaron los frenos del tren y por qué, había que orientar la causa hacia las “condiciones” en que se presta el servicio ferroviario, el uso de los subsidios y los controles estatales. Bonadío y Delgado vienen manteniendo una relación tirante en la causa, al punto que el fiscal presentó dos escritos donde acusa al juez de ocultarle el expediente y obstruirle el acceso. El magistrado, en un comienzo, orientó la investigación al accidente propiamente dicho. Después aceptó al Estado como querellante, por lo que fue muy criticado (ya que les da participación en la causa a quienes pueden ser investigados), entonces dictó la prohibición de salir del país para ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el dueño de TBA, Claudio Cirigliano, junto con otros funcionarios y directivos de la firma, ahora intervenida. La pericia que ordenó el jueves se suma a esta línea.

Bonadío les pidió a los peritos contadores –además de Chyrikins habrá otros dos peritos oficiales, más los de parte– que realicen un listado detallado de todos los subsidios recibidos por TBA desde 2007, para qué se usaron en cada caso y si cumplieron la finalidad establecida o si hubo “desvíos”; también solicitó que precisen otros ingresos y todos los egresos de dinero. Requirió a la vez precisiones sobre los montos de dividendos y honorarios que distribuyó la empresa a accionistas y directores respectivamente; pidió determinar, por último, qué tipo de controles hubo sobre los subsidios desde la Secretaría de Transporte y si realizó observaciones o impuso sanciones de algún tipo. En total son 17 puntos de pericia.

Los investigadores cuentan con los libros contables de TBA, que la Justicia ya secuestró. Las cifras de subsidios se compararían con informes de la Jefatura de Gabinete. El juzgado también dispone de todos los informes de los últimos años de la AGN, que incluso el propio titular, Leandro Despouy, fue a explicarle en persona a Bonadío. En el más reciente, que abarca la gestión de TBA hasta 2010, la auditoría dice que en siete años recibió transferencias del Estado por 1924 millones de pesos; los subsidios, añade, aumentaron un 146 por ciento entre 2006 y 2010. En 2003 representaban el 33 por ciento de los ingresos de TBA y seis años después llegaron a representar el 75 por ciento. Ahora los peritos de la Corte tendrán que sacar sus propias conclusiones y evaluar los mecanismos de control aplicados.