El corte de calles ocurrido el viernes, que provocó un embotellamiento sin precedentes en la zona de Retiro, tiene su origen en el incumplimiento por parte del gobierno porteño de un fallo judicial de 2010 que le ordenó disponer de micros gratuitos para niños y niñas de la Villa 31 y la 31 Bis, que tienen que concurrir a escuelas que quedan lejos de sus hogares por falta de vacantes en las cercanas. “En 2009 presentamos un recurso de amparo ante la Justicia porteña, porque salvo una escuela, la Banderitas, que está cerca de la villa, todas quedan a más de diez cuadras del lugar de residencia de los chicos y por esa razón pedimos transporte gratuito para esos niños”, explicó a Página/12 Dalile Antunez, coordinadora del Programa Igualdad Educativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Antunez aclaró que el gobierno porteño, en diciembre del año pasado, “se comprometió con nosotros a solucionar en este mes de marzo el problema, y todavía tiene tiempo de hacerlo, pero lo cierto es que no todos los chicos tienen el transporte escolar gratuito” prometido. Del total de niños involucrados “1200 cuentan con el servicio y unos 1100 siguen sin tenerlo”, estimó la coordinadora de ACIJ.

Mariana, una de las madres que se movilizó el viernes para cortar la circulación de vehículos en la avenida Castillo, cerca del ingreso a la Autopista Illia, le dijo a este diario que “desde hace cinco años” vienen reclamando el transporte gratuito “y el gobierno lo sigue negando”. La mujer señaló que “es mentira que nos hayan ofrecido vacantes en escuelas cercanas”, como dijo el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. En los hechos, la única escuela cercana es la Banderitas, que no tiene posibilidades de responder a la demanda. La mujer recalcó que el reclamo que llevó al corte de la avenida “no es un capricho, es una necesidad que tenemos, porque no hay colectivos (del transporte público) que ingresen al lugar donde vivimos y cuando nos trasladamos hasta las paradas más cercanas, los colectiveros muchos veces no paran y siguen de largo”.

Según Mariana, los chicos que carecen de micros gratuitos son “cerca de 800” y para los padres “es un problema grave porque, como no tenemos medios de transporte cercanos, para llegar a la escuela Indira Gandhi (en el barrio de Belgrano), donde van nuestros hijos, tenemos que tomarnos dos colectivos o colectivo y tren, lo que significa un gasto muy importante para nosotros. Yo trabajo, gano apenas 1300 pesos, y necesito saber que mis hijos van a estar seguros en la escuela. Por eso pedimos el transporte gratuito que habían prometido. No somos un grupo de locos que queremos perjudicar a la gente que trabaja igual que nosotros”.

Las distintas versiones sobre el número de los chicos sin transporte gratuito –800 o 1100– se debe a que se carece de una cifra exacta, porque el gobierno porteño tampoco hizo todavía el relevamiento que le había ordenado la Justicia. Sobre el corte del viernes, Mariana aseguró que “también participaron los camioneros, que al principio discutieron con nosotros y después se dieron cuenta de que es ridículo que nos nieguen dos miserables micros y decidieron quedarse parados ocupando las calles”.

El viernes, cerca de la medianoche, el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, firmó con los vecinos un “acta de compromiso” para interceder ante el gobierno porteño y buscar una salida al problema. La firma del documento simbólico se hizo en el comedor Carlos Mugica, de la Villa 31, cuyo responsable es Teófilo “Johnny” Tapia, un famoso dirigente del barrio. Mariana dijo que ahora esperan “que haya una respuesta positiva, porque hasta ahora sólo nos han dicho que no a todo”.

Dalile Antunez, de ACIJ, recordó que en el año 2009 presentaron un recurso de amparo colectivo porque “los nenes y nenas de nivel inicial y del primario que viven en la villa tenían que concurrir a escuelas que quedan a unas 20 o 40 cuadras de su domicilio”. Para trasladarse “sólo tenían el transporte público y en los días de lluvia tenían que caminar (hasta las paradas de colectivos) por calles que se llenan de barro”. Resaltó que esa situación significaba “una clara desigualdad frente a otros niños” que tienen vacantes en escuelas cercanas a sus domicilios.

En el caso intervino la jueza en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal Alejandra Petralla, quien primero dispuso una medida cautelar para que el gobierno porteño proveyera de micros gratuitos a esos chicos. En el 2010, la jueza hizo lugar al amparo. Desde entonces, el gobierno de Mauricio Macri ha respondido positivamente en la mitad de los casos. Antunez aseguró que desde el principio “el gobierno porteño reconoció la existencia del problema y se comprometió a solucionarlo”. En diciembre “como la mitad de los chicos no había recibido el beneficio, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a resolverlo en este mes de marzo. Creemos que todavía está en condiciones de hacerlo”.