No solo con aumentos de subsidios se benefician las escuelas privadas porteñas. El gobierno de Mauricio Macri modificó, por decreto, el destino de un predio en el barrio de Núñez de manera tal que permitió su venta y la posterior construcción de un colegio de gestión privada. Ese decreto ignoró que el terreno está ubicado en pleno distrito Urbanización Parque donde, para desafectarlo y habilitar una construcción, era necesario un doble paso por la Legislatura, con audiencia pública incluida. Nada de eso ocurrió y el colegio ya está edificado, en pleno funcionamiento. Ocurrió en el distrito escolar 10, el más afectado por el cierre o “fusión” de cursos dispuesto por el ministro de Educación, Esteban Bullrich. El colegio beneficiado es el Oakhill School, una escuela católica bilingüe de gestión privada, en la cual, entre otros niños, estudian los hijos del ministro. Diputados del Partido Socialista Auténtico presentarán hoy un pedido de informes en la Legislatura porteña.

El Oakhill forma parte de la red de colegios Semper Altius, presente en dieciocho países de la mano de los Legionarios de Cristo, una congregación católica de orientación conservadora, intervenida por el Vaticano en 2010 después de que se supiera que su fundador, el cura Marcial Maciel, se viera envuelto en denuncias de abuso sexual. Por su poder económico y su propósito de brindar servicio educativo a los hijos de las familias más favorecidas, la congregación fue mejor conocida como “los millonarios de Cristo”.

En Buenos Aires, el Oakhill School tiene una sede en Juncal 1914, en el barrio de Recoleta, y otra en la localidad de Pilar. La nueva sede, construida en el predio que obtuvo merced a una concesión del gobierno porteño, está ubicada en el triángulo que forman las avenidas Crisólogo Larralde y Leopoldo Lugones, y la calle Padre Canavery, que tiene una superficie superior a las dos hectáreas. Ese lote, que perteneció a la Ciudad de Buenos Aires, ya había sido enajenado por el intendente de la dictadura, brigadier Osvaldo Cacciatore: lo vendió a sus camaradas de la Asociación Mutual Círculo Oficiales de Mar, en 1979, a pagar en un máximo de 25 años.

La cesión del predio a los oficiales de la Marina coincidió con la construcción de la moderna sede de la Asociación, en Sarmiento 1867. En ambos hechos no fue ajeno el hombre fuerte de la Armada, Emilio Massera, quien por entonces aspiraba a consolidar un proyecto político para la post dictadura.

De acuerdo con la escritura pública de esa operación inmobiliaria, la transferencia del dominio de ese predio se efectuó con la condición de que “la entidad adquiriente –es decir, la Mutual de Oficiales– lo destinara exclusivamente a las actividades sociales, culturales y deportivas que constituyen su objeto como club”, estableciendo expresamente que “en caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá exigir la restitución del dominio del predio”.

Pero en 2008, a los Oficiales de Mar ya no les interesó que el lugar funcionara como club y vieron con agrado una oferta que les permitía convertir en dinero aquella graciosa concesión de Cacciatore. Hacía semana apenas que había llegado Mauricio Macri al gobierno. Los interesados eran los miembros de la Fundación Educare, administradora del Oakhill School, que vio la oportunidad de expandir su negocio construyendo un nuevo edificio.

Solo hacía falta un detalle: modificar el requisito que impedía dedicar el lugar a otra actividad que no sea la deportiva, cultural y social para que los marinos no tuvieran que devolver el predio al Estado.

De eso se encargó el gobierno de Macri, que el 28 de julio de 2008 –ocho meses después de su asunción– habilitó mediante el decreto 922/08 el nuevo emprendimiento educativo privado. La norma modificó de un plumazo el “cargo de destino exclusivo a actividades sociales, culturales y deportivas” por el cargo de “destino exclusivo con fines educativos”. El decreto fue firmado por Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y su entonces ministro de Educación, Mariano Narodowski. Su publicación pasó inadvertida hasta ahora, en que fue descubierto a partir de denuncias de vecinos, por una integrante de la junta de la Comuna 13, que comprende a los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales.

“En este hecho se dan todas las directrices de la gestión de Macri: poco respeto por las leyes, entrega del espacio público para negocios privados y el favoritismo por la educación privada por sobre la pública”, dice a Página/12 Julieta Costa Díaz, comunera por el Partido Socialista Auténtico, autora de la denuncia junto a los legisladores de ese partido Virginia González Gass, Jorge Selser y Adrián Camps.

La maniobra se dio justo en el Distrito Escolar 10, donde se registra el mayor número de cursos condenados a cerrar por tener menos de quince chicos: 42 sobre un total de 221. Ese distrito, agrega Costa Díaz, fue el que más subsidios para escuelas privadas recibió durante 2010: un total de 65 millones de pesos. “Si a esto le sumamos los favores para que se instalen escuelas donde no se puede –señala–, la conclusión es una sola: que el plan de Macri y Bullrich es achicar la educación pública en la zona norte a una cuestión mínima, casi marginal.”

Los legisladores del PSA presentarán hoy un pedido de informes en la Legislatura. “Tal como lo indica el mismo decreto que firmó Macri, el cambio de destino significaba la resolución del contrato. Con el cambio de uso, el jefe de Gobierno ha despojado a la Ciudad de un valioso terreno, permitiendo además la edificación de una mole de cemento en un área catalogada por el Código de Planeamiento Urbano como UP (Urbanización Parque)”, sostienen los diputados socialistas.

En efecto, para habilitar una construcción en un sitio catalogado de esa manera, se debe reunir consenso necesario para sancionar una ley de doble lectura. “Está claro que si el inmueble cambiaba de destino, debía volver a la Ciudad y, como dice el artículo 89 de la Constitución, la desafectación de los inmuebles de dominio público y todo acto de disposición de éstos debe resolverlo la Legislatura mediante un procedimiento de doble lectura”, dijo el diputado Jorge Selser.

Su compañera de bloque, Virginia González Gass, reclamó que el ministro Bullrich “debería explicar cuál fue su rol en todo este trámite, ya que manda a sus hijos a ese colegio y cuando se firmó este decreto formaba parte del ejecutivo como ministro de Desarrollo Social”.