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Empecemos por el final, afirmando, en una suerte de consigna: políticas sociales universales, sí; focalizadas, también.

El fundamentalismo neoliberal, en su perspectiva de arrasar con los derechos sociales, propició e impulsó con éxito la implementación de políticas focalizadas para “atacar” la pobreza, en desmedro de las políticas universales que tienden a garantizar los derechos para el conjunto de la población. Ya es suficientemente conocido el fracaso del neoliberalismo y de sus políticas sociales para enfrentar a fondo el drama de la pobreza. De todos modos, hay que reconocer que las políticas sociales –por sí solas, por más progresistas que sean– no resultan suficientes para contrarrestar el desempleo, el subempleo o para erradicar la pobreza. La existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del sistema capitalista. La esencia del capitalismo se centra en la búsqueda de ganancia y en la acumulación privada, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida (es decir, por todos).

Pero el carácter básicamente antidemocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante el derecho laboral y las políticas sociales. El desarrollo económico no implica automáticamente desarrollo social. Para ello es necesario que el desarrollo económico vaya acompañado de vigorosas políticas de Estado, de carácter distributivo, que apunten a atacar la pobreza y que tiendan hacia una mayor igualdad. Como dijera el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, “el Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero, sin él, muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables, a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca”.

Por cierto no es lo mismo la apropiación de riqueza por la vía de un salario significativo que perciban los trabajadores, que su distribución por la vía de políticas de subsidios, políticas asistenciales, etc. Por supuesto, la variante preferida debiera ser la apropiación directa de riqueza por parte de los trabajadores, y si se tuviera que optar entre apropiación y distribución, la alternativa óptima sería la primera.

No obstante, resulta estratégica la defensa, la reivindicación y el fortalecimiento de los derechos sociales y la existencia de amplias y crecientes medidas de inversión en lo social, ya que cumplen una función de redistribución de la riqueza y de contribución hacia una mayor igualdad en la sociedad. Toda medida que procure mejorar la distribución (primaria o secundaria) de la riqueza requiere ser apoyada firmemente. Por ejemplo, la moratoria previsional y la permanente actualización de las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo y también los subsidios (al transporte, a la luz, al gas, al agua, al boleto estudiantil, las exenciones a discapacitados, los descuentos a jubilados, los créditos diferenciados, etc.) significan importantes políticas de distribución secundaria de la riqueza.

Lo primero que suelen atacar y reducir los gobiernos conservadores son las políticas de bienestar social, que constituyen el aspecto más democrático de la acción pública, en tanto van dirigidas hacia el campo de los sectores populares de la sociedad. Por el contrario, los gobiernos que asuman una perspectiva progresista deben ampliar al máximo posible las políticas sociales (universales y focalizadas) en beneficio de los sectores sociales históricamente más castigados.

El empleo formal, los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales, nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social; que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.

En nuestras injustas sociedades (capitalistas), todo lo que se les transfiere a los sectores sociales previamente empobrecidos y vulnerados es siempre inferior a lo que les corresponde como seres humanos. De ahí que, sin dudar, nos posicionamos a favor de las políticas sociales universales en primer término, pero también defendemos las políticas sociales de asistencia, de subsidios, etc., toda vez que contribuyen a sostener o realizar un mayor bienestar de los sectores trabajadores o de conjuntos con necesidades particulares.

* Profesor titular de la Facultad

de Ciencias Sociales (UBA).