Una investigación efectuada por la entidad ambientalista Greenpeace, sobre efluentes de curtiembres sobre el Riachuelo, indicó la presencia de sustancias tóxicas que, en Europa y en otros países latinoamericanos, estarían ya bajo control. Según el informe, “muchas curtiembres, aprovechando que las regulaciones argentinas son débiles, no implementan controles adecuados de las sustancias que emiten”. Greenpeace reconoce que “desde este último año, Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas que la normativa actual no contempla” y además “no se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”. Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran aceptables”.

El informe “Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace, recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones. El resto está constituido por múltiples curtiembres medianas y chicas que proveen al mercado interno”. Afirma que las grandes curtiembres “se adaptaron a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos países, para no implementar controles estrictos”. Entre estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.

Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas. Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no permitirá una verdadera recomposición ambiental de la Cuenca”.

Según explicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, “si consideramos laxa la normativa argentina es por dos motivos. Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución 1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno; la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias. Una segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’ cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece cuál es la cantidad total máxima que cada empresa en particular puede descargar en un año o en un mes”.

“Reconocemos que, especialmente en el último año, hubo muchos avances por parte de la Acumar –puntualizó la representante de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes; a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista, “nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.

Greenpeace tomó muestras de efluentes de curtiembres y las envió para su análisis en el laboratorio central de la entidad en Exeter, Gran Bretaña. Una serie de tomas se efectuó –entre fines de 2010 y abril de 2011– sobre las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’ por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), de la Unión Europea”. Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar las sustancias peligrosas de sus vertidos”.

Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo de 2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús, conocido históricamente como “la capital del cuero” por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron “cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri y La Teresa”, ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos “el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en sistemas hídricos desde hace más de una década e incluido en la primera lista de químicos de la Convención Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo “obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia tóxica”, aclaró Pujó, y señaló que “estas sustancias tampoco están incluidas entre las mediciones de Acumar”.

El documento de Greenpeace sostiene que “las empresas no deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.

–¿Por qué suponer que las empresas van a controlarse a sí mismas aun más allá de la normativa vigente? –preguntó Página12.

–Porque también tienen clientela local. Por eso el año pasado hicimos público un informe (que Página/12 difundió el 8 de agosto de 2011) sobre prestigiosas zapaterías que utilizan cuero de empresas contaminantes. Esas empresas hoy les demandan a las curtiembres lo mismo que nosotros. Y las curtiembres grandes y medianas tienen capacidad como para implementar estos procesos –contestó Lorena Pujó–. Según la ambientalista, “si se hacen las cosas bien, será posible lograr, en 20 o 25 años, un saneamiento real del Riachuelo. La condición es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias y plazos atendibles”.