Es probable que Oscar Aguad haya dado por terminado el asunto, pero no. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó el fallo que sobreseía al ex interventor de la municipalidad de la capital de esa provincia, actualmente diputado nacional por el radicalismo, y dispuso el reenvío de la causa al Juzgado de Instrucción 5 para que resuelva su situación procesal. De esta manera, Aguad continúa imputado en la causa en la que se investiga el destino de un crédito de 60 millones de dólares que tomó cuando se desempeñaba como interventor de ese municipio en el período 1999-2001.

Ese dinero fue canjeado en su totalidad por bonos CeCaCor (certificados de cancelación de deudas) y nunca se rindieron, según consta en la denuncia. Al asumir como intendente de Corrientes, el kirchnerista Carlos “Camau” Espínola constituyó a la municipalidad como querellante y apeló el sobreseimiento de Aguad, quien fue candidato a gobernador de Córdoba por el radicalismo en las últimas elecciones. La disposición, que fue publicada en el sitio web del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, consideró en sus fundamentos que “no operó la prescripción de la acción penal de los delitos por los que se encuentra imputado, debido que está activa la causal de suspensión de la prescripción de la acción” en virtud de que Aguad se desempeña actualmente como diputado.

En tanto, menciona que los ministros dispusieron además el reenvío de la causa al tribunal de origen, el Juzgado de Instrucción 5, para que continúe su tramitación, encomendando a su titular “que adopte los recaudos necesarios tendientes a resolver la situación procesal de los imputados en un plazo razonable”. La sentencia 21/12 lleva la firma de los jueces Alejandro Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Carlos Rubín. Los magistrados votantes entendieron que el razonamiento del juzgado, que había sido avalado por el ahora Tribunal Oral Penal 1, fue erróneo porque incorporó un requisito extra a los conceptos de “funcionario público” y “desempeño de cargo público” que la ley no exige; y porque no advirtió que en la causa no se investiga cualquier delito sino el específico contra la administración pública.

Además, el fallo también contempla “el tema de la prescripción” analizando los supuestos de “suspensión” e “interrupción”. Como en este caso, cuando el imputado es un funcionario público corresponde analizar si se verificó la prescripción desde el punto de vista de la suspensión y no de la interrupción, que se aplica para los ciudadanos que no cumplen funciones públicas.

La investigación sobre la supuesta administración infiel que se imputa a Aguad se inició a partir de una denuncia radicada en el año 2000 por el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini. En noviembre de 2009, la jueza de instrucción Laura Varela resolvió procesar al diputado radical, junto a otros dos funcionarios de la intervención federal que gobernó la provincia entre 1999 y 2001. El préstamo cuestionado se había tomado cuando Ramón Mestre, ya fallecido, era interventor federal y Aguad ejercía el mismo cargo en la comuna capitalina.

De esa época los adversarios de Aguad recuerdan que fue un “duro y cuestionable” administrador durante los ajustes económicos de la administración Mestre. Tanto los que militan adentro como afuera del radicalismo coinciden en denominarlo como “El milico”, muestran su foto junto al represor Luciano Benjamín Menéndez y le adjudican una excelente relación con militares y ex policías que ejercieron el terrorismo de Estado en Córdoba. El más duro, quizá, sea el senador Luis Juez, quien asegura que a Aguad “lo condena su pasado por proteger represores cuando fue ministro”. Ahora, el actual diputado de la UCR y reciente candidato a gobernador tiene otro frente que atender.