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El economista chileno Carlos Matus (1931-1998), uno de los máximos exponentes de la planificación en América latina, afirmaba que “una explicación no es independiente de quién explica, para qué explica, desde qué posición explica y frente a quiénes otros explican” (Teoría del juego social, UNLa, p. 177). Y señalaba además y por esta misma razón, la imposibilidad de realizar diagnósticos y análisis pretendidamente objetivos porque ninguno de los actores en juego puede sentirse absolutamente libre o ajeno de aquellas influencias propias de su condición. La construcción de lo que llamamos normalmente “la realidad” es siempre el resultado de una relación intersubjetiva entre actores. Cuando no existe diálogo, cuando no hay escucha mutua, sólo hay lugar para los antagonismos y las opiniones y puntos de vista diferentes derivan en enfrentamientos que impiden ver las raíces, las cuestiones de fondo.

Para que una comunidad, una sociedad nacional o regional, pueda crecer y avanzar, es necesario construir ese mínimo de acuerdo, resultado de consensos intersubjetivos elementales, que expresen, en primer lugar coincidencias básicas respecto de aquello que, así sea erróneamente, seguimos nombrando como “la” realidad, para luego avanzar en el debate, igualmente complejo, que conduzca hacia la búsqueda de alternativas o respuestas a los conflictos o problemas. Cualquiera de estos caminos es siempre un sendero tan inevitable de eludir como difícil de transitar porque está atravesado por las subjetividades (ideológicas, sociales, políticas, culturales, etc.), pero sobre todo por los intereses y los juegos de poder.

Nada de lo anterior puede soslayarse a la hora de analizar la coyuntura política actual del país, si bien podría decirse también que son criterios para tener en cuenta en cualquier circunstancia y momento.

El proceso económico, político y social vivido en la Argentina desde el 2001 hasta la fecha, pero particularmente desde el 2003 en adelante, generó cambios importantes que afectaron la base social, pero también la situación económica y política del país. Medidas tales como la Asignación Universal por Hijo, la estatización de los fondos jubilatorios junto a la ampliación de los beneficios de pensiones, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sumados a una presencia más protagónica del Estado en cuanto a inversiones y promoción de políticas públicas, para mencionar sólo alguno de los temas, han producido cambios sustanciales en la calidad de vida y también en el modo de participación de millones de argentinos. Los pasos dados han sido difíciles pero han ayudado a fijar un nuevo piso que permite mirar el futuro desde otro lugar pero que, al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio a primera vista, hace también que todo lo que se emprenda ahora en vista de profundizar lo hecho resulte cada vez más difícil y engorroso. En primer lugar porque lo que ha comenzando a cambiar son las relaciones poder. Hay grupos y sectores sociales antes relegados que hoy se sienten más empoderados, que han recuperado la capacidad de ser protagonistas pero también de exigir y demandar. Esto último porque existe un contexto de ejercicio democrático que lo garantiza. En consecuencia no siempre debería leerse la multiplicación de los reclamos como síntoma de descontento y mucho menos de caos, sino también como expresión de mayor conciencia de derechos y condiciones para solicitar. Y no debería entenderse el reclamo como una intimidación, salvo para quienes sienten sus propios intereses amenazados. No menos cierto es que todavía estamos muy lejos de encontrar los mecanismos y las formas para que esos petitorios alcancen también modalidades que no perjudiquen innecesariamente a terceros.

Pero la torta es una y si crece, como en este caso, nadie quiere perder su porcentaje. Especialmente quienes tradicionalmente controlaron el reparto ahora no están dispuestos a ceder poder, a resignar nada de lo que tienen. Entonces, como bien sostenía Matus, se superponen las explicaciones. No existe una sola mirada, sino muchas en función de los intereses.

Por otra parte los pasos dados en los últimos años nos sitúan en un nuevo umbral, si de conquista de derechos hablamos. Los cambios que probablemente hay que encarar en el futuro inmediato ya no consisten tan solo en restaurar lo que en algún momento se había quitado. Hay que avanzar en cambios muchos más profundos que, como es lógico, apuntan a ejes más estructurales y tocan intereses muy poderosos. Esto supone una batalla política y económica más frontal. En parte estas son las razones del enfrentamiento que se perfila en el escenario nacional y que habría que leer de esta manera para no perdernos en la hojarasca de las peleas menores, de las rencillas y de las anécdotas que distraen de las razones profundas. Quienes temen perder parte de lo que tienen no se resignan y hay otros, que habiendo logrado conquistas, aspiran legítimamente a más.

Pero al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que si se pretende avanzar sobre cambios estructurales, es preciso que esto se haga con la mayor legitimidad que surge, en todos los casos, de la ampliación de la base política. Condición ésta para la que es insuficiente esgrimir los triunfos electorales, porque el respaldo político se renueva y certifica a cada paso sobre la base de la participación de la ciudadanía a través de sus espacios organizados y desde abajo hacia arriba, por más que haya algunos pocos que en la cumbre de la pirámide tengan la responsabilidad de adoptar finalmente las decisiones estratégicas. Y sin caer purismos, acreditando todo con el máximo estándar ético para que este parámetro refuerce la credibilidad. Hacerlo de otra manera puede acarrear riesgos políticos difíciles de imaginar en tiempos en que hasta las adhesiones más categóricas terminan siendo también lábiles.