Igual que con el Código Civil, el Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal, que data de 1921 y sufrió cerca de mil modificaciones “parche” desde entonces, que le han hecho perder toda coherencia. Para elaborar un proyecto que goce de consenso amplio, Cristina Kirchner decidió conformar una comisión donde las fuerzas de la oposición serán mayoría. Estará encabezada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni e integrada por el ex camarista León Arslanian más tres representes políticos que serán el diputado radical y ex camarista Ricardo Gil Lavedra, el diputado de PRO Federico Pinedo y la ex diputada María Elena Barbagelata (por el Frente Amplio Progresista). El grupo de especialistas, que ya aceptó el desafío, se reuniría hoy a la tarde o mañana con la Presidenta, quien firmará un decreto con el que les asignará la misión reformadora. Algunos de los grandes cambios que estudiará el equipo apuntarían a devolverles proporcionalidad a las penas, establecer nuevos topes, incorporar delitos que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos (como los de genocidio y desaparición forzada), integrar regulaciones que están dispersas en leyes especiales (desde delitos aduaneros, de drogas y hasta ambientales) y diseñar un sistema de penas alternativas a la cárcel, entre muchos otros puntos. El único asunto que, dicen cerca de la Casa Rosada, quedaría excluido desde el vamos es la despenalización del aborto. El argumento es que es un debate que ha frustrado buenos intentos previos de reforma.

“No tenemos Código Penal, tenemos los escombros de lo que alguna vez fue un respetable Código Penal”, dijo la semana pasada Zaffaroni durante una disertación pública en la que también explicó que Argentina “posee más leyes especiales que codificadas”. Incluso dentro del Código señaló “interferencias” que “desequilibran los bienes jurídicos”. “Crear un nuevo Código Penal es una tarea que se nos impone, que debemos hacer y a la vez es una tarea que está en la resistencia de los poderes coloniales”, planteó, anticipándose al trabajo que emprenderá ahora, al frente de la comisión de reforma. La idea de volver a intentar una reforma penal ganó fuerza dentro del Ministerio de Justicia y Zaffaroni, consultado para eso, sugirió armar una comisión con mayoría política opositora. Su propuesta estaba inspirada en la experiencia de la creación del Código Penal en 1921, que pudo tomar envión y superar años de debate cuando quedó a cargo de una mayoría opositora al gobierno de Hipólito Yrigoyen, donde llevaba la batuta el diputado conservador Rodolfo Moreno.

En los últimos días, tanto Za-ffaroni como el ministro de Justicia, Julio Alak, se ocuparon de hacer llegar la invitación a los otros cuatro elegidos, que aceptaron participar. Si nada cambia los planes, se reunirían hoy con Cristina Kirchner para la firma de un decreto que oficializará la creación de la comisión y sus objetivos. La cartera judicial dará asistencia al equipo, que se tomaría hasta un año para elaborar una propuesta de Código Penal nuevo. Todos los especialistas convocados coinciden en el diagnóstico de que una reforma es imprescindible y estarían dispuestos a trabajar sobre la base del último anteproyecto, que fue elaborado durante la presidencia de Néstor Kirchner, también dentro del Ministerio de Justicia, por una comisión que encabezaba el actual juez de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar, por entonces secretario de Política Criminal. En aquel diseño habían participado, entre otros, el penalista David Baigún, los jueces Daniela Erbetta y Edmundo Hendler y el fiscal Javier De Luca.

En aquel anteproyecto, el delito de genocidio era el que encabezaba el Código Penal propuesto, por ser el más grave, al considerar a “la humanidad” como un valor central. Ese dato daba cuenta del intento por recuperar la congruencia, en especial después de que las llamadas leyes Blumberg dejaran en evidencia escenarios disparatados, con penas más severas para los delitos contra la propiedad que contra la vida, entre otros ejemplos. Aquella propuesta eliminaba, además, la reclusión perpetua y ponía un tope de 30 años a la pena más alta (hoy la pena puede llegar a 55 años). Daba a su vez un papel importante a las víctimas, al permitirles impulsar la acción aunque desistiera la fiscalía. Incorporaba los delitos ambientales, establecía una descripción novedosa de los derechos laborales, elevaba el castigo para los delitos cometidos por funcionarios públicos, contemplaba específicamente las dádivas a jueces, precisaba que a los menores no se les puede aplicar el Código Penal (sino que se debe crear un régimen especial) y avanzaba sobre dos temas siempre polémicos: la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y la despenalización del aborto, que se establecía para los tres primeros mese de gestación. Este último punto fue, de hecho, el que determinó que la reforma naufragara, más allá de la furibunda campaña en contra que lideró Juan Carlos Blumberg.

Barbagelata, quien ha apoyado la Campaña por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, le dijo a Página/12: “Tendremos que tener un diálogo maduro y buscar consensos; el fallo reciente de la Corte (que deja en claro que cualquier mujer víctima de una violación puede acceder a un aborto no punible) establece un criterio que tendremos que recoger, pero tampoco desde el FAP podemos imponer nuestras ideas” (sobre despenalización). La ex diputada socialista señaló que hay muchos temas “de género” de los que se ocuparía la reforma del Código Penal, “como los delitos contra la libertad sexual, aún denominados ‘contra la integridad sexual’, y entre los que todavía se excluye la violación en el matrimonio”. Barbagelata –quien dirigió la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires e integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos– se mostró entusiasmada con la reforma y sostuvo que “será un desafío para las fuerzas con representación parlamentaria pensar una reforma sin estar compelidos por la coyuntura dramática de algún hecho desencadenante”.

Pinedo sostuvo que “nadie duda de que el sistema penal es absolutamente caótico”. El diputado recibió la convocatoria a la comisión como “positiva” y dijo que cuando consultó con Mauricio Macri le “recomendó participar”. Arslanian y Gil Lavedra confirmaron su participación, pero prefirieron no hablar por el momento.

Una de las claves de la reforma será, todo indica, sistematizar las normas establecidas a través de leyes especiales por fuera del Código y en algunos casos modificarlas. En ese grupo entran desde los delitos aduaneros hasta los penales cambiarios, los ambientales y los que se refieren al consumo y comercialización de drogas, entre otros. Más allá de lo que ocurra en el Congreso con la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, es un asunto candidato a entrar en la modificación del Código. La incorporación de delitos de lesa humanidad previstos en los tratados internacionales será otra premisa.