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Por Horacio Verbitsky

Todas las condiciones políticas y técnicas están dadas para que las elecciones presidenciales a las que se llega mediante constantes y sistemáticos desvíos de la Constitución y las leyes, culminen esta noche con un escándalo, en el que las cifras oficiales sean desconocidas por varios candidatos y se crucen acusaciones recíprocas, con movilizaciones callejeras de aguerridos partidarios.
Medianoche
Hace dos semanas, luego del denominado “simulacro” de escrutinio provisional, el senador Eduardo Duhalde aseguró que antes de la medianoche de hoy habría un resultado “indubitable”. Lo mismo dijo Juan Navarro Giménez, de la empresa española Indra, que ganó la licitación para realizar el escrutinio por 39 millones de pesos. Una investigación somera pone en duda esa hipótesis triunfalista. Ni siquiera es seguro que en la mañana del lunes 28 haya concluido el escrutinio provisorio que, incluso, podría extenderse a lo largo de la semana. La afirmación de Duhalde se produjo en respuesta a los candidatos Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, quienes habían cuestionado la transparencia de los comicios. Pero tampoco ellos han llegado a comprender el núcleo del problema, que tiene menos que ver con la posibilidad de un fraude que con la contradicción entre las primeras elecciones posmodernas de la historia argentina y un sistema electoral premoderno. La ley electoral no permite el voto electrónico, que se practicó con éxito en Venezuela y Brasil, de modo que coexisten adelantos tecnológicos en la transmisión, totalización y difusión de datos, con arcaicos métodos de captura y registro. Las diferencias que muestran los sondeos entre cinco candidatos son mínimas. En el caso de los tres primeros, caen dentro del rango del error estadístico. Estos peces tan menudos atravesarán sin dificultad la red de malla amplia que la Dirección Nacional Electoral arrojará a las embravecidas aguas políticas. En estas condiciones, los candidatos competirán por adelantarse a proclamar su victoria a través de sus amigos en los medios electrónicos de comunicación, de modo de instalar una imagen que luego resulte difícil de revertir, como ya ocurrió en Estados Unidos (Ver “La voz del amo” y “La cruel verdad”). Ni el gobierno ni los partidos políticos han estudiado la situación y advertido a la ciudadanía: pueden pasar días hasta que se cuente con resultados “indubitables”, por repetir el pericial vocablo que usó Duhalde.
Las condiciones políticas
Los desvíos de la Constitución y la ley han sido constantes en el camino que lleva a los comicios de hoy:
- La renuncia del último presidente constitucional, forzada por el pacto bonaerense entre los senadores Duhalde y Raúl Alfonsín, permitió que el ex intendente de Lomas de Zamora fuera designado por la Asamblea Legislativa para completar el mandato de Fernando de la Rúa, el 10 de diciembre de 2003.
- Según el artículo 95 de la Constitución, las elecciones debían efectuarse “dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio”, es decir no antes del 10 de octubre.
- Duhalde las adelantó seis meses, luego del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por un policía que respondía a su hombre de confianza en la SIDE. Para eso envió al Congreso un documento antedatado, con vencimiento el 25 de mayo. Más que renuncia parecía un pagaré.
- Carlos Menem no podría ser candidato. El artículo 90 de la Constitución dice con toda claridad que el ex presidente no puede ser elegido “sino con el intervalo de un período”, que es de cuatro años completos. De ganar, asumiría siete meses antes de lo admitido.
- La tantas veces prometida reforma política no se realizó. La ley que obligaba a todos los partidos a realizar elecciones internas abiertas el mismo día no se cumplió porque el justicialismo no garantizaba una confrontación pacífica.
- Las elecciones internas de la UCR derivaron en un escándalo de dos meses, en el que los precandidatos se acusaron de fraude.
- La feroz crisis interna del justicialismo fue pospuesta hasta hoy, a expensas una vez más de la Constitución, mediante la postulación de tres fórmulas. Si a la segunda vuelta llegaran dos candidatos de ese partido, cuyos líderes Duhalde, Rodríguez Saá y Menem han declarado que luego de las elecciones volverá a unirse, la voluntad del constituyente sería burlada.
- Apenas se establecieron algunas limitaciones en la publicidad y el financiamiento de las campañas. Pero su cumplimiento es un secreto de Estado. Ni la jueza electoral –María Servini (quien pidió licencia para atender otra causa, nada menos que la semana de las elecciones) ni su subrogante Norberto Oyarbide han suministrado información que permita conocer los aportes públicos y privados que recibió cada fórmula ni sus gastos de campaña. El propio Oyarbide reclamó ampliaciones a los partidos y al ministerio del Interior. Menem y Kirchner no informaron sobre sus aportantes y López Murphy omitió revelar la cuenta bancaria única en la que deberían concentrarse sus fondos. Esta laxitud iguala a los candidatos decentes y austeros que respetan la ley con los ladrones de los dineros públicos, que vuelcan sus recursos malhabidos a una publicidad carísima en horarios centrales de televisión abierta y en canchas de fútbol.
- En los comicios de Catamarca, Luis Barrionuevo desconoció un fallo judicial adverso a su candidatura porque que no tenía acreditada su residencia allí. Anunció que lanzaría a sus huestes a asaltar locales de votación y destrozar urnas. Lo cumplió e interrumpió los comicios. Un acuerdo político entre Menem y Duhalde permitió que siguiera integrando el Senado de la Nación, que renovó su fama como guarida de delincuentes.
Las condiciones técnicas
Una vez cerrados los comicios, las autoridades y los fiscales de las 67.200 mesas de votación separarán las boletas y las sumarán en forma manual. En un Acta de Escrutinio que viene impresa al dorso del padrón, escribirán con una lapicera, en letras y números, la cantidad de sufragios emitidos, la diferencia entre los sufragios escrutados y los votantes empadronados y, por último, los sufragios obtenidos por cada candidato, los blancos e impugnados. Dos copias del Acta van a la Junta Electoral del distrito, una en sobre, otra dentro de la urna, que servirán para el escrutinio definitivo. Con esos mismos resultados el presidente extenderá un “Certificado de Escrutinio”, con copias para los fiscales. Los datos de ese certificado se volcarán luego también a mano en un formulario especial que por costumbre se sigue llamando telegrama como en el siglo XIX y que el presidente de mesa entrega al empleado de correo. Esos telegramas recorrerán dos siglos hasta llegar a 38 Centros de Ingreso de Datos (CID) distribuidos en sucursales del correo en todo el país, donde recién comienza el procesamiento informático del Escrutinio Provisorio.
Allí los Operadores de la empresa Indra tipearán los datos en sus computadoras. El software de los CID sólo sumará los resultados de las mesas. Cada media hora transmitirá esos datos al Centro Operativo, en el Correo Central por una red de enlaces telefónicos IP (por Protocolo de Internet). El software empleado en los CID coteja los resultados con el padrón correspondiente. Si hay menos votos emitidos que votantes registrados, suma la mesa y la remite al Correo Central. Como en muchos casos las autoridades y los fiscales partidarios votan en una mesa en la que no estaban empadronados, el programa admite hasta cinco votos más pormesa que los inscriptos en el padrón. Si la diferencia es mayor, rechaza los resultados de esa mesa. Lo mismo sucede si el operador no entiende la letra del telegrama, si falta la firma de las autoridades de mesa o se encuentra algún otro defecto. Esos defectos se denominan “Incidencias”. Se dejan aparte y son resueltos por la Junta Electoral y los apoderados de los partidos, que intentan subsanar el inconveniente, interpretando de buena fe los datos confusos. Si lo logran, suman esos números, de lo contrario quedan para el escrutinio definitivo. El presunto éxito del simulacro se debió a que los datos que se cargaron en el sistema en vez de provenir de telegramas manuscritos copiados de actas manuscritas fueron generados al azar informático, de modo que no hubo “Incidencias”. Lo único que se comprobó es que las computadoras y los enlaces telefónicos funcionaban. Los fiscales informáticos de Rodríguez Saá (Alejandro Botta, Héctor Caram y Luis Felipe Sapag) y el apoderado de Menem (César Arias) dejaron constancia escrita de que “no se pudieron constatar los procedimientos de carga y verificación de corrección de datos”, por lo que no reconocieron la validez de la prueba. Nadie respondió esas precisas observaciones. Para Rodríguez Saá, cuya campaña gira sobre la denuncia de un pacto Menem-Duhalde, así podría prepararse un fraude. La fiscal informática de Menem es la ingeniera Liliana Gurdulich, organizadora de las elecciones durante su gobierno. En 1995, Carlos Reutemann dijo que había frustrado un fraude en Santa Fe, donde llevó un mes conocer los verdaderos resultados.
En 1999 y 2000
No es necesario ser tan suspicaz para advertir el posible escándalo de esta noche. En las elecciones presidenciales de 1999, todos los partidos acordaron dejar a un lado, sin resolver, hasta un 5 por ciento de telegramas con “Incidencias”. Es decir que de los 24 millones de electores, no se cargarían en el sistema informático 1,2 millones de votos. Con este porcentaje de tolerancia el sistema pudo emitir resultados totales la misma noche del 10 de octubre. Como De la Rúa se impuso a Duhalde por más del 10 por ciento de diferencia nadie reclamó por las “Incidencias”, que sin ninguna presión política se resolvieron en el escrutinio definitivo, rehaciendo los partes defectuosos mesa por mesa. En las elecciones de mayo de 2000 para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las diez de la noche el Centro de Cómputos central había recibido tres cuartas partes de los telegramas, había aceptado y sumado poco más de la mitad y rechazado el cuarto restante, por lo que a partir de esa hora no se difundieron nuevos resultados. Sobre 6600 mesas había 2300 telegramas con errores, casi el 35 por ciento. Los apoderados de los partidos pidieron que de todos modos fueran cargadas en el sistema pero el secretario de gobierno de la Ciudad, Guillermo Moreno Hueyo, se negó, porque Domingo Cavallo había comenzado a denunciar fraude. El escrutinio provisorio con tolerancia cero a las “Indicencias” terminó a las 9 de la mañana del lunes. Cuando supo que había perdido por una diferencia del 16 por ciento, Cavallo se disculpó por la escena tormentosa de la medianoche anterior. Pero el daño ya estaba hecho. Los últimos sondeos conocidos para la elección de hoy, agrupaban a las cinco fórmulas favoritas en una franja que apenas duplicaba el error estadístico del 3 por ciento en más o en menos. Las diferencias entre la primera y la segunda fórmula y entre la segunda y la tercera eran inferiores al margen de error estadístico. Esto significa que con un margen de tolerancia del 5 por ciento como en 1999, tal vez habría resultados antes de la medianoche, pero nada garantizaría que reflejaran la voluntad del cuerpo electoral. Lo mismo daría hacer un sorteo.
Indicios inquietantes
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado indicios inquietantes acerca de cómo intenta manejarse. Según el ministro del Interior Jorge Matzkin se informarán datos totales sin Incidencias. Pero el subsecretario de Interior Cristian Ritondo, rama juvenil unipersonal del ministro de inteligencia Miguel Toma, anunció que se dejarán para el final las mesas en las que haya algún problema, con una tolerancia a la incidencia del 3 por ciento. Esas mesas “serán las últimas en darse a conocer”, le dijo Ritondo a la periodista Paola Juárez, de La Nación. Esto garantiza que los datos que se difundan esta noche no serán confiables y que habrá que esperar para conocer quiénes irán a la segunda vuelta. ¿Pero esperar cuánto? El 3 por ciento sobre 23.000 mesas o 25,4 millones de empadronados son 696 mesas o 770.000 votos. Terminarían de escrutarse de madrugada. En el cálculo pesimista de que se repitiera el elevado porcentaje del 35 por ciento de incidencia de los comicios porteños de hace dos años, no podrían sumarse los resultados de más de 23.000 mesas o casi 9 millones de los 25,4 millones de empadronados. Escrutarlas podría llevar hasta una semana. En forma tácita el Gobierno y los distintos candidatos parecen haber acordado ignorar el tema e incrementar hasta 85.000 el número de tropas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así intentarán guardar el orden, que el desorden político y técnico descripto alteró. Un callejón muy oscuro aguarda al sistema institucional.