La fiscal de Neuquén Cristina Beute investiga las intimidaciones denunciadas por dos testigos del juicio contra 24 represores, conocido como La Escuelita II, que se lleva adelante en esa provincia. Ambos iban a declarar el miércoles último, pero el tribunal oral resolvió posponer sus testimonios y brindarles protección. Se trata de los hermanos Juan Domingo y Julio Eduardo Pailos, detenidos y torturados en la comisaría 4ª de Cipolletti. Las situaciones de amedrentamiento reciente que describieron en la Justicia son de persecución laboral dentro del hospital de esa ciudad. Allí a Juan Domingo lo quisieron sacar del cargo de jefe de mantenimiento y mudarlo a otro centro de salud lejano, según dijo. En el caso de Julio, que está jubilado, el acoso se habría dirigido a su esposa y a su hija, enfermeras. Ellos dicen que todo esto comenzó justo cuando se supo que darían testimonio y agregan que el médico con poder de decisión sobre los empleados es el padre de la abogada defensora de cinco imputados.

“El objetivo de la investigación iniciada es develar si hubo una persecución laboral que tuviera como fin obstaculizar la investigación judicial al tratar de condicionar a los testigos que deben declarar; eso podría ser constitutivo de encubrimiento, más allá de que puedan establecerse otros delitos”, explicó a Página/12 la fiscal Beute. “A mí me llama la atención que estos testigos que se sienten perseguidos ya habían sido atacados en una nota del diario Río Negro, que los trataba de mentirosos”, observó. Tanto ella como los fiscales del juicio oral –José María Darquier y Grosso Marcelo– pidieron que se los incluya en el Programa Nacional de Protección de Testigos y que se posterguen sus declaraciones hasta que estén en condiciones de presentarse, algo que el tribunal oral aceptó.

El juicio oral por crímenes de lesa humanidad que transcurre ahora en Neuquén es el segundo que se realiza allí y abarca a un centenar de víctimas que pasaron por el centro clandestino del Ejército conocido como La Escuelita, por una dependencia de Gendarmería en Junín de Los Andes y por la delegación neuquina de la Policía Federal, además de la comisaría de Cipolletti. En esta seccional estuvieron detenidos durante la última dictadura los cuatro hermanos Pailos, que militaban en el peronismo. Uno de ellos falleció, otro no puede declarar porque padece Alzheimer. Los casos de Juan Domingo y Julio Eduardo no son juzgados en este proceso, por eso pueden declarar como testigos. En el banquillo hay militares, gendarmes y policías. Uno de ellos, Antonio Alberto Camarelli, fue jefe de la policía de Río Negro en democracia.

El 27 de abril, Silvia Canale, esposa de Julio Pailos, denunció ante la fiscalía federal la situación de ella, de su hija Andrea y de su cuñado dentro del Hospital de Cipolletti. A ellas –según relataron en la fiscalía– les modificaron el régimen laboral, rebajándolas a tareas menores, además de someterlas a comentarios degradantes. Juan Domingo dijo que llevaba más de veinte años a cargo del área de mantenimiento, le quitaron la jefatura y lo mandaron a un hospital en otra localidad. La familia relaciona este escenario con el juicio. Además señalaron que quien se ocupa de las decisiones laborales en el hospital, un médico de apellido Rubianes, es el padre de una abogada defensora, Paola Rubianes, que representa a represores en las audiencias.