En Tucumán, los legisladores oficialistas y de la oposición pretenden imponer barreras al acceso al aborto en los casos de violación, en abierto rechazo al fallo de la Corte Suprema que definió los lineamientos constitucionales para la atención de las mujeres que atraviesan esa circunstancia. Hay dos iniciativas en discusión que buscan prohibir en la provincia el uso de protocolos que allanen la práctica de la interrupción de embarazo en las situaciones contempladas en el Código Penal. Un tercer proyecto no rechaza ese tipo de instructivos, pero incluye trabas para desalentar a las mujeres a realizarse un aborto no punible –ya sea por motivos de salud o violación– y entre otras exigencias, las obliga a realizarse una ecografía previamente a la práctica como establece una polémica ley en Texas, Estados Unidos. Y también admite “la objeción de conciencia institucional”, es decir, que un hospital público rechace directamente el pedido y no garantice la práctica, y establece que la provincia deberá promover como política pública que las mujeres violadas lleven la gestación a término y luego den en adopción a la criatura.

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos de Tucumán están preocupadas por las propuestas legislativas. De todas formas, el ministro de Salud, Pablo Yedlin, aseguró que “hay una decisión política y sanitaria de avanzar con el uso del protocolo nacional” de atención de los abortos no punibles y “de no judicializar los casos”, en línea con el fallo de la Corte Suprema. “Los pedidos (de aborto no punible) deben resolverse en el ámbito de la salud”, afirmó el funcionario.

–Hay proyectos del oficialismo y la oposición que rechazan la aplicación de ese tipo de protocolos. ¿Cómo debe interpretarse la presentación de ese tipo de iniciativas? –preguntó este diario.

–Hay que reconocer que vivimos en una sociedad que tiene fuerte influencia religiosa en algunos temas. Nuestra Constitución provincial marca el derecho a la vida desde la concepción. Pero nuestra idea es seguir trabajando con la Guía del Ministerio de Salud de la Nación –aseguró Yedlin.

No obstante, a diferencia de otras provincias como Santa Fe –que optaron por aplicar el protocolo de Nación en lugar de redactar otro–, en Tucumán esa decisión no fue validada por una resolución ministerial y por ahora es una directiva que se tradujo en la realización de capacitaciones en las cuatro maternidades de la provincia para sensibilizar a los profesionales de la salud, según confirmó a este diario la coordinadora del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Adriana Alvarez. Pero Tucumán se enfrenta con la resistencia de un amplio porcentaje de médicos: “Hay muchos médicos objetores de conciencia en todas las maternidades. Más del 50 por ciento”, advirtió Alvarez.

Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos y de mujeres están alerta. “Estamos muy preocupadas por los proyectos que se presentaron en la Legislatura que buscan prohibir y generar barreras para el acceso al aborto no punible”, señaló Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, que está trabajando en el tema junto con Laura Casas, del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), e integrantes de otras entidades como Cruzadas, ADN y Tucumán Diverso.

Los proyectos que generan inquietud fueron presentados por legisladores oficialistas y de la oposición. El oficialismo tiene amplísima mayoría. Uno lleva la firma de 12 diputados que responden al gobernador José Alperovich, entre ellos, la presidenta de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura, Beatriz Avila. Puntualmente, la iniciativa suspende la aplicación “de cualquier procedimiento administrativo que implique en la práctica reconocer el principio constitucional de reconocimiento y respeto a la vida humana desde el momento de la concepción”. Una propuesta similar fue presentada por la radical Silvia Elías de Pérez. Otro oficialista, Marcelo Caponio, plantea poner obstáculos al acceso al aborto no punible en el marco de un proyecto de 25 artículos de “protección a la mujer embarazada y al niño por nacer”. Caponio dijo a este diario que está en contra del aborto en cualquier caso. Su iniciativa contempla “la objeción de conciencia institucional”, en clara violación de lo que indica el fallo de la Corte. Doz Costa explicó que “la objeción de conciencia, como cuestión moral íntima y respetable, es un derecho individual, que jamás el Estado se puede arrogar. El Estado, como principal responsable y garante de derechos para todos y todas (sin distinción alguna) no puede ser nunca objetor”. El proyecto de Caponio establece que “el fomento de la adopción constituirá un principio rector de la política social del Estado provincial”, con lo cual plantea que se debe trabajar para que incluso las mujeres que fueron violadas lleven a término la gestación y luego den en adopción a la criatura. En caso de que la mujer solicite la interrupción legal del embarazo, “previo a cualquier práctica de tipo abortiva –cualquiera sea la causa invocada– se deberá realizar de manera obligatoria una ecografía”. Ese tipo de medida no busca otra cosa que mortificar a la mujer y que desista en su decisión de abortar. Se aplica a partir de una polémica ley en el estado de Texas, Estados Unidos.