La Sala II de la Cámara Federal dispuso ayer la excarcelación del dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, y del presidente de la empresa, Carlo Michele Ferrari. Los magistrados consideraron que los dos ejecutivos no obstacularizaron la causa, que TBA colaboró con la investigación y que “no pesaba ninguna restricción” sobre los elementos que se mudaron cuando la empresa tuvo que entregar la sede porque le cancelaron la concesión. El juez Claudio Bonadío dispuso anoche que Cirigliano y Ferrari fueran trasladados desde el penal de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py, y de allí a la Policía Federal, donde era inminente su puesta en libertad.

Los tres camaristas, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, dejaron claro que en su fallo no evalúan la gravedad de los sucesos acaecidos el 22 de febrero pasado, es decir que su decisión no tiene que ver con la tragedia misma. El punto que tuvieron en consideración es si Cirigliano y Ferrari hicieron una maniobra para esconder documentación de la causa.

El fallo se sostiene en los siguientes argumentos:

- Que TBA entregó la documentación requerida durante los tres meses anteriores. Es más, que el juzgado nunca se llevó papeles de forma compulsiva, sino que siempre los requirió a la empresa. Los camaristas dicen que TBA cumplió con los pedidos en forma correcta.

- La mudanza no se hizo de forma subrepticia, sino que se firmó un acta entre TBA y los nuevos concesionarios el mismo día del traslado.

- Desde la tragedia hasta la mudanza no existió restricción sobre los documentos, es decir que ni siquiera había un policía de custodia para evitar que alguien se lleve algo.

- No hay ningún informe sobre faltantes o documentos dañados.

- Los camaristas consideraron que el estudio pericial contable estaba próximo a concluir. La realidad es que ya se completaron doce de los 17 puntos de pericia formulados por el juez.

La resolución de ayer sólo tiene como efecto concreto la liberación de Cirigliano y Ferrari, pero la causa por la tragedia continúa adelante en el juzgado de Bonadío. El magistrado está esperando el fin de la pericia contable –tardaría una semana más– y los exámenes del Cuerpo Médico Forense al maquinista Marcos Antonio Córdoba, a quien una médica del mismo cuerpo le había detectado “actividad epileptoide” en un electroencefalograma. Uno de los enigmas del caso es qué le pasó al maquinista en los últimos metros, ya que no se verifica que haya informado de problemas a través de la radio, tampoco tiene lesiones defensivas en los brazos o las manos y no accionó los frenos, de acuerdo con las conclusiones de la pericia mecánica suscripta por todos los peritos, incluyendo los de Córdoba. Por pedido del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, se está profundizando el estudio sobre una eventual epilepsia, mientras que TBA pidió que el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, dictamine sobre los niveles de alcohol en sangre que tenía el maquinista. Para Bonadío y un profesional convocado por el juez, Córdoba no tenía alcohol en sangre; un profesional de la clínica en la que fue atendido al principio sostiene que sí tenía, aunque en niveles bajos. Un maquinista debe tener cero.

Después de la pericia contable y los estudios sobre el motorman, el juez Bonadío se expedirá sobre los procesamientos. Parece cantado que el magistrado imputará al maquinista, a ejecutivos de TBA y a funcionarios del Estado por la tragedia. A los integrantes de la empresa es posible que los acuse por las condiciones en que se prestaba el servicio y, en especial, por mantenimientos diferidos e informalidad en los talleres, según dictaminaron los peritos. A los funcionarios públicos podría imputarles incumplimiento de los deberes de funcionario público. También Bonadío ha deslizado que va a utilizar la figura de la asociación ilícita y el peculado, que tiene que ver con el supuesto desvío de los subsidios. Sobre este último punto habrá que ver la evidencia que surge de la pericia contable.

Al cierre de esta edición, Cirigliano y Ferrari estaban en las dependencias de la Policía Federal de la calle Madariaga. De allí saldrían en libertad.