El fiscal federal Gerardo Di Masi impulsó ayer la denuncia que el gobierno nacional presentó el jueves contra el líder de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo Moyano, titular del gremio de Camioneros, por los delitos de “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos” supuestamente cometidos con el paro en el transporte de combustibles que desarrollaron el miércoles, y aconsejó al juez federal Sergio Torres que, antes que cualquier otra medida, resuelva sobre su competencia en la causa.

Di Masi respondió así a la “vista” que le confirió Torres para que formulara el requerimiento de instrucción en la causa generada a partir de la denuncia registrada el jueves por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, e inmediatamente ratificada. Fuentes cercanas a la fiscalía apuntaron que, por un lado, el requerimiento solicitaba pruebas que certificaran la comisión de los delitos denunciados. Al respecto, desde el juzgado evaluarían pedir al fiscal una ampliación extra de la presentación radicada ayer.

Por otro lado, el fiscal también pidió al juez que fije si el fuero federal porteño es competente en virtud de que los bloqueos a las refinerías se realizaron en localidades bonaerense de La Matanza y Dock Sud, por ejemplo, por lo que la causa podría llegar a tramitar en algún juzgado de esa provincia. “Primero habrá que determinar dónde se habría cometido el ilícito denunciado, porque ello marcará la competencia territorial y el magistrado que debe intervenir”, indicaron desde la fiscalía.

Acompañado de la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, Randazzo denunció el jueves pasado al titular de la CGT y a la dirigencia de Camioneros, entre ellos su hijo Pablo, en orden a los artículos 149 bis y 149 Ter del Código Penal, que establecen penas de hasta 10 años de prisión para quien se vale de amenazas para obtener medidas o concesiones de parte de los poderes públicos. La conducta de los denunciados también está encuadrada en el artículo 194 del Código Penal, que reprime a quienes a través de “una situación de peligro común” que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Entonces, la denuncia apuntó que la medida aplicada por los Moyano fue “un ejercicio abusivo del derecho a huelga” con el cual se “pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos aplicables al Impuesto a las Ganancias y a las Asignaciones Familiares”.

En tanto, en la causa en la que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, denunció al presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales, el juez Julián Ercolini citó para el próximo martes a ratificar la denuncia al abogado patrocinante del funcionario. Luego, el juez le pedirá al fiscal Ramiro González que dictamine si impulsa la causa. De Vido denunció al empresario Morales por el entorpecimiento de los servicios públicos ante la presunta violación de la ley 26.741 que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF y Repsol.

El titular de la cartera de Planificación Federal consideró que Camioneros actuó en connivencia con la Fadeeac a la hora de sostener el bloqueo a la circulación de combustible, ya que la falta de respuesta de parte de los empresarios a los llamados telefónicos de funcionarios públicos durante el primer día de paro resultó “funcional” a la medida de fuerza de los camioneros.

Las dos denuncias fueron presentadas el jueves por el gobierno nacional ante el paro que Camioneros hizo el miércoles en reclamo de un aumento salarial y por el aumento del mínimo no imponible para deducir el Impuesto a las Ganancias y el pago de asignaciones familiares.