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“El salario no es ganancia”, la nueva consigna de Hugo Moyano, resuena con la nostalgia de los viejos anarquistas. Pero en estas circunstancias, más que con los viejos anarquistas tiende a emparentarse con el empeño permanente de algunos sectores por achicar el Estado. La simpatía que despierta esa consigna hace eco en una imagen de fantasía utópica, como si se tratara de discutir el socialismo donde, en teoría, quedaría abolida la plusvalía, que es la ganancia del capitalista. Pero cada vez que se discute en este país el rechazo a las cargas impositivas que alimentan al Estado ha sido para reasegurar libertad de acción al mercado y alejar los riesgos de cualquier intervención para regular y redistribuir. Así, la fantasía de que se podría estar discutiendo el socialismo termina por ser funcional a los viejos intereses que han buscado por todos los medios debilitar al Estado y deshabilitarlo como herramienta (la única que se ha inventado hasta ahora) para contrarrestar hegemonías y monopolios.

Lo que hace el moyanismo con esta consigna es emparentarse directamente con el rechazo de las patronales rurales a las retenciones y en general a pagar cualquier tipo de impuesto, sobre todo los nacionales. Esa relación entre la consigna de los camioneros con los tradicionales planteos antiimpuestos de la patronal rural es más ajustada que imaginarse en esa consigna la más leve intención anarquista o socialista.

Una cosa es la eliminación del Impuesto a las Ganancias y otra muy diferente impulsar que se eleve el piso del mínimo no imponible y plantear una escala progresiva, donde el que gana más aporte más, aun cuando sea empleado. Partiendo del hecho de que la inflación desactualizó el mínimo no imponible que se estableció para el año pasado, aun así, si se tiene en cuenta que un salario de once mil pesos brutos por mes paga por ese período 340 pesos de Impuesto a las Ganancias, tampoco resulta demasiado oneroso.

Tras anunciar que había llegado a un acuerdo con la parte empresaria, Moyano afirmó que “el salario ya no es lo importante”, que lo importante es el Impuesto a las Ganancias y la universalización de las asignaciones familiares. Con esa excusa, el dirigente camionero firmó un acuerdo por el 25,5 por ciento de aumento, pagadero en tres partes, la última de ellas en marzo del año que viene. Resulta un convenio discreto, si se lo compara con el 23 por ciento que se paga de una vez, más una suma fija de 1100 pesos, que lograron los metalúrgicos. En realidad el pago en tres partes del acuerdo logrado por Moyano hace que el aumento sea de 19 por ciento en promedio. En los doce meses de un año, el camionero recibirá un salario 19 por ciento mayor al que recibió el año anterior, a diferencia del metalúrgico, que recibirá el 23 por ciento. Como sea, logró un salario 19 por ciento mayor. Paradójicamente, la eliminación del Impuesto a las Ganancias –lo que Moyano considera ahora más importante que el salario– equivaldría apenas a un aumento del tres por ciento. No hay relación como para plantearlo como el eje de la convocatoria a un paro nacional.

El otro argumento es la generalización del salario familiar. Pero no están planteando que el salario familiar no llega a familias humildes, En realidad, la protesta es porque no llega a las más pudientes. El planteo es que todo el mundo, incluso los que tienen salarios altos de 15, 20 mil o 30 mil pesos, también perciban el salario familiar. O sea, este otro reclamo de la convocatoria al paro está referido a un sector reducido del cuerpo laboral y de mayor capacidad adquisitiva.

Otra vez es importante señalar la diferencia: una cosa es pedir que se eleve el tope a partir del cual se deja de pagar salario familiar. De otra forma, si se pide hacerlo universal, hay que especificar que se trata de los salarios más altos, que ese aumento es solamente para los salarios más altos, porque los más bajos ya lo están recibiendo. Vale la pena repetirlo: el tope salarial de 5800 pesos para el mínimo no imponible (en el caso de trabajador soltero y sin hijos) y para las asignaciones familiares, quedó bajo y resulta legítimo reclamar su actualización.

De esta manera, los dos ejes sobre los que se monta la convocatoria al primer paro nacional contra el gobierno kirchnerista están planteando, en el primer caso un aumento, que puede ser atendible, para los salarios más altos. Y por el otro, estarían planteando en el aspecto impositivo que los que ganan más deben pagar lo mismo que los que ganan menos.

Son dos reclamos que pueden ser legítimos pero que aparecen muy disfrazados en la forma en que los están usando para convocar al paro del miércoles. Y al mismo tiempo quedan otros enfoques de este escenario tan confuso.

En la crisis de las economías centrales de la Zona Euro comenzaron a aplicarse recetas recesivas de ajuste, de achicamiento del Estado y con consecuencias de aumento del desempleo. En esos países, sobre todo en Grecia y España –pero también se han manifestado en Francia y en Italia–, en marchas callejeras y a través de sus organizaciones gremiales de diferentes signos, los trabajadores han expresado un fuerte rechazo a estas políticas y han reclamado, en cambio, que se apliquen estrategias para reactivar las economías y defender la producción, el consumo y el empleo.

Hay una movilización de los trabajadores en todo el mundo en reclamo de estas medidas. En algunos casos, como en Grecia, incluso se pone como ejemplo a los gobiernos de Latinoamérica, entre ellos el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina.

Los coletazos de la crisis en las economías centrales se están haciendo sentir en el país con la rápida desaceleración del crecimiento de la economía, en especial de la industria. El impacto ha sido muy fuerte en Brasil, el principal socio de Argentina, y ha bajado sensiblemente sus importaciones del país. Ese proceso puede hacerse más agudo aún. En Argentina, el ciudadano común no ha tomado conciencia del tamaño y la profundidad de la crisis, pero el Gobierno encaró medidas enérgicas, algunas en consulta con Brasil, como el control de las importaciones y el dólar, y ha proyectado la inversión de 400 mil millones de pesos en cuatro años en un megaplan de viviendas. Son medidas que tienden a proteger la producción interna y a reactivar la economía para abrir fuentes de trabajo y neutralizar el desempleo que seguramente se producirá en algunas de las ramas de la industria más vinculadas con la exportación.

Frente a este escenario tan frágil y peligroso Moyano dijo que el plan de viviendas es una mentira del Gobierno. Pero no se trata de un gobierno neoliberal que realiza un plan de vivienda por demagogia. Se trata de un gobierno que busca apuntalar la economía a través del mercado interno. Sería lo mismo que decir que un gobierno neoliberal estaría mintiendo cuando anuncia privatizaciones.

De todos modos, el país se introduce este año por un camino difícil, lleno de peligros y acechanzas, sin que nadie pueda garantizar que se salga indemne porque en sus componentes económicos, políticos y sociales confluyen protagonistas diversos, desde los empresarios hasta los políticos del Gobierno y la oposición, pasando por los movimientos sociales y gremiales. De la forma en que el país afronte la crisis dependerá el modo en que se llegue a la salida. Es un dato fuerte que deberán tener en cuenta todos los actores, incluyendo Moyano, que ha declarado una guerra en el momento más inoportuno.

Con una crisis enorme en las puertas del país, Moyano ha convocado a un paro nacional contra el Gobierno cuando en el resto del mundo las organizaciones de trabajadores reclaman políticas como las que se aplican aquí. Pero aquí, un sector llama a movilizarse en contra. Es otra de las paradojas que se van produciendo a partir del nuevo alineamiento del dirigente camionero.