La Sala I de la Cámara Federal ordenó dejar en libertad a Sergio Schoklender, detenido desde mediados de mayo como jefe de una asociación ilícita que, según determinó la investigación judicial, desvió fondos públicos destinados a construir viviendas sociales y defraudó a la fundación de Madres de Plaza de Mayo. El tribunal condicionó la excarcelación al pago de una caución, que el juez Norberto Oyarbide fijó horas más tarde en cuatro millones de pesos, la misma cifra que había establecido para Pablo Schoklender, quien la apeló. El fallo de ayer, que renueva las críticas a la actuación de Oyarbide, señala que no existen motivos para suponer que el mayor de los hermanos podría entorpecer el avance de la causa y que las amenazas denunciadas por testigos (empleados en las obras) no tienen relación con sus declaraciones en este caso. El fiscal Jorge Di Lello también cuestionó al magistrado al reclamarle en una presentación escrita “no dilatar más” y que convoque a las indagatorias pendientes.

La tónica de la resolución es similar a la que aplicó la propia Cámara la semana pasada, al revocar las detenciones de Pablo Schoklender y el contador Alejandro Gotkin. Uno de los argumentos es que la causa se inició hace poco más de un año y en todo este tiempo se desarrollaron múltiples medidas para recolectar pruebas sin que surgieran obstáculos. Por esto, dice el fallo, el juez Oyarbide tendría que haber argumentado qué cambió como para justificar ahora la privación de la libertad de los imputados. Las medidas pendientes (el análisis de los fondos recibidos por las Madres y de una cuenta bancaria de la fundación), precisa, “no son pasibles” de obstaculización. Tampoco está probado por el momento, agrega, que Sergio Schoklender haya participado en “maniobras de vaciamiento de documentación” de la entidad y los videos ofrecidos para determinar quién sustrajo cajas de allí recién comienzan a ser analizados en estos días.

“El encarcelamiento preventivo” de Schoklender “se aprecia irrazonable”, afirmó en su voto el camarista Jorge Ballestero. “No se verifican” “riesgos procesales de una entidad tal” que determinen que el ex apoderado de la fundación deba estar en prisión, postuló Eduardo Freiler. Ambos conformaron la mayoría que determinó la excarcelación. Entre sus fundamentos añadieron que las referencias de testigos que trabajan en la construcción de casas a situaciones de amenazas con matones armados protagonizadas por Sergio Schoklender no tienen relación con la investigación del desvío de fondos públicos. Para el camarista Eduardo Farah, quien votó en minoría, las denuncias de “sustracción de documentación” son serias, al igual que “el temor en los testigos”. Sostuvo que la detención de Schoklender es “necesaria” y “proporcional”, ya que Oyarbide “le atribuye haber sido el jefe de una asociación ilícita” y ante esa calificación se debe “ponderar” que “es posible que recaiga” a la larga “una condena de cumplimiento efectivo”.

Más allá de las discrepancias, tanto la resolución de ayer como la de la semana pasada (donde Farah apoyó las excarcelaciones mientras que Ballestero no estaba) dejan en evidencia una pulseada con el juez Oyarbide, quien al recibir la indicación de excarcelar lo que hizo fue fijar cauciones elevadas, que los imputados deben depositar u ofrecer en bienes por un monto equivalente. Pablo Schoklender y Gotkin apelaron los montos y siguen presos en la cárcel de Ezeiza. Tienen audiencia el martes próximo. Habrá que ver qué pasos sigue Sergio, que es asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Buck.

El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, le reclamó ayer a Oyarbide que complete las indagatorias que le había pedido en diciembre último, que incluían a 63 personas, de las cuales fueron citadas bajo sospecha alrededor de 20. “Tal petición se funda en la necesidad de no dilatar más esa instrucción, que lleva ya más de un año, debido tanto a la complejidad de la maniobra como a los modos peculiares en que se desarrollan las actuaciones”, advirtió el fiscal. En su dictamen se quejó también de que el magistrado no le notificó la realización de allanamientos esta semana en tres financieras en el microcentro vinculadas con Fernando Caparrós Gómez, quien les cambiaba a los Schoklender cheques de la fundación, además de haber sido dueño original de la firma Meldorek, utilizada como vía para desviar el dinero que debía utilizarse en las obras de viviendas. Esa falta de avisos de medidas importantes, se quejó Di Lello, ya había ocurrido en ocasiones anteriores y le pidió que le notifique “con la debida antelación” para “aventar causales que podrían eventualmente nulificar actos procesales de recolección de pruebas”. Por lo pronto, Caparrós debía ser indagado ayer y Oyarbide ya les concedió una prórroga. Su socio Daniel Laurenti alegó que la operatoria utilizada para cambiar los cheques era la habitual.