En un evidente intento por complicar el inicio del juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, la defensa de uno de los acusados de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) recusó al Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) que debe llevar adelante las audiencias a partir del 6 de agosto, y para redoblar la apuesta les pidió juicio político a sus integrantes ante el Consejo de la Magistratura. El abogado alegó “falta de imparcialidad”. Las querellas coinciden en que es una “burda” maniobra, que sigue la misma lógica que signó este caso: con testigos amenazados, un perito que golpeó y alteró la bala extraída del cuerpo de Mariano y hasta una denuncia de intento de sobornos a jueces de Casación para que beneficiaran al líder gremial José Pedraza, figura clave en el banquillo. El impulsor de la recusación y el juicio político contra los jueces del TOC21 (Horacio Dias, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi) es el abogado Oscar Igounet, defensor de Guillermo Uño, un picaboletos que integraba la patota que el 20 de octubre de 2010 atacó una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca y mató a Ferreyra e hirió a otras personas con balas de plomo. Uño es uno de los diez ferroviarios detenidos, con Pedraza a la cabeza. Sus defensas muchas veces actuaron de manera coordinada, como cuando Igounet designó como perito balístico a Roberto Locles, quien terminó procesado (con confirmación de la Cámara) por alterar un medio de prueba central, como era el proyectil que mató a Mariano.

El abogado cuestionó a los jueces del TOC la supuesta demora en una resolución sobre la excarcelación de Uño y los términos en que la rechazaron. Según Igounet, le dieron un trato estigmatizante, de “negro de porquería” (sic), dijo a este diario, y se quejó por la falta de respuesta a 15 escritos presentados al TOC. Dice que el tribunal fue parcial y “encubrió manejos irregulares”. La recusación la tratará el TOC12, para lo cual hay una audiencia el 5 de julio. El Consejo recibió la denuncia, pero todavía no evaluó si le da trámite ni sorteó un consejero instructor.

“Ante la inminencia del juicio oral, estamos ante una nueva maniobra para demorar tanto el juicio por el homicidio como la causa en la que se investigan sobornos (en la Cámara de Casación para liberar a los detenidos), donde aún esperamos indagatorias”, dijo Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la querella de Beatriz Rial, la mamá de Mariano. “Es grave y es necesario que el Consejo de la Magistratura reaccione rápido para evitar que esto funcione como intimidación a los jueces que deben comenzar el juicio el 6 de agosto”, añadió. María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi y de la querella de varios heridos del Partido Obrero, coincidió en que es “un burdo intento por demorar el juicio”, donde además de Pedraza y la patota serán juzgados los policías que están implicados por liberar la zona.