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El notable silencio que mantiene el gobierno argentino sobre los reclamos para que realmente abra sus archivos nazis a los investigadores está a punto de convertirse en un segundo papelón internacional. El primero fue la publicación en marzo de una extensa nota en el prestigioso diario The New York Times. Esta semana, la cosa es todavía más seria: el diputado demócrata Maurice Hinche presentará un proyecto de resolución para que el Congreso de los Estados Unidos “urja al gobierno argentino a liberar los documentos oficiales sobre la relocación a Argentina de nazis y otros criminales de guerra” luego de 1945.
En su escrito ante la Cámara de Representantes, el diputado Hinche le recuerda a Argentina sus deberes como parte de la Task Force internacional para la Cooperación en la Educación, el Recuerdo y la Investigación sobre el Holocausto y signataria de la Declaración de Estocolmo, que obliga a las partes a “arrojar luz sobre las áreas todavía obscuras del Holocausto.” El pedido de declaración detalla que en 1997 Argentina creó la Ceana, la Comisión para el Estudio de Actividades Nazis en Argentina, con el explícito mandato de investigar quién vino al país, qué botín trajo y qué actividades desarrolló. Con cortesía diplomática, Hinche señala que “hacen falta más esfuerzos (que los realizados por la Ceana) para que Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales e ilumine la llegada de nazis al país”.
La Ceana, que realiza un buen trabajo académico, parece sin embargo haberse fijado un límite infranqueable: la participación activa de Juan Domingo Perón en la llegada de los nazis a Argentina. La Comisión, que cuenta con un rutilante firmamento de investigadores locales y extranjeros, parece extrañamente incapaz de encontrar los documentos que revelen exactamente cómo fue la ruta de las nazis que terminaba en Buenos Aires. Es una miopía sospechosa: los reclamos actuales se basan en el simple hecho de que un investigador argentino, el periodista Uki Goñi, encontró esos mismos papeles sin ayuda oficial y sin las herramientas de una Comisión creada por el mismo presidente de la Nación. Para peor, publicó sus hallazgos en el libro La verdadera Odessa.
El libro sostiene que Juan Domingo Perón creó, literalmente en su despacho de la Casa Rosada, una red internacional de agentes que trajo a centenares de criminales de guerra al país. Usando las embajadas argentinas en seis países europeos y creando oficinas “de inmigración” como bases, los agentes dieron nuevas identidades, documentos, dinero y pasajes a alemanes, franceses, belgas, holandeses y croatas. Como bien recuerda el diputado Hinche, en esos momentos llegaron asesinos como Erich Priebke, Adolf Eichmann, Ante Pavelic y Kurt Christmann. La red operó durante varios años, costó una fortuna y fue de lejos la más compleja operación internacional de la inteligencia argentina.
Por las suyas y con trabas oficiales más o menos explícitas, Goñi rastreó papeles por toda Europa y en Estados Unidos, encontrando allá lo que aquí no se exhibe o se niega que existe. Su libro fue publicado primero en Londres y luego en EE.UU. por Granta Books. En diciembre se editó en castellano y fue entonces que el Centro Simon Wiesenthal envió cartas a la SIDE –heredera de los archivos de inteligencia de la época de Perón–, al Ministerio del Interior –que daba a través de Migraciones los documentos a los nazis–, y a la Cancillería –que manejaba las “bases” de la red– pidiendo que los documentos que Goñi obtuvo o averiguó que existían, fueran liberados a otros investigadores.
Las respuestas fueron un verdadero desfile de mala fe. El jefe de Inteligencia contestó que no existían esos papeles, agregando confusamente que igual sólo se entregan cuando los pide la Justicia. Interior y Exterior ni se molestaron en contestar. La Conferencia Episcopal Argentina, preguntada por el más que activo apoyo de la Iglesia a la redde Perón, se fue por la tangente contestando que “como en esa época no existía”, mal podía entregar papeles de “esa época.”
Página/12 cubrió estas idas y venidas en una serie de notas publicadas desde diciembre. El domingo 9 de marzo, el corresponsal del New York Times en Argentina, Larry Rohter, subió la apuesta con una página completa –de hecho, la página 3, la más importante del diario– revelando el mutismo oficial argentino. El diputado Hinche hasta cita esa nota en su proyecto de declaración.
Los funcionarios Carlos Ruckauf, Miguel Angel Toma y Jorge Matzkin, ahora de salida del poder, mantuvieron un pétreo silencio ante los sucesivos requerimientos. Silencio que ya rindió papelones periodísticos y ahora le dejará al próximo gobierno otro, más grave, con el Congreso de los Estados Unidos.