El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, por “fraude por violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia, a partir del pago de 101 millones de pesos para la expropiación de una empresa recuperada por los trabajadores”.

Lo confirmó Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, quien señaló, además, que los empleados aún no pudieron acceder a la real posesión de la empresa y que con lo ya gastado por el Estado bonaerense “se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas en el territorio”. Se trata de la empresa Ignacio F. Wasserman SA, una planta metalúrgica que en 2001 tuvo una crisis financiera y fue recuperada por los trabajadores, quienes conformaron la Cooperativa Los Constituyentes, en Constituyentes 551 de Villa Martelli. Según Caro, “concretamente se pagaron cuatro veces más” del valor y agregó que “sólo los estudios de abogados cobraron 50 millones de pesos, más seis millones de peritos tasadores”. A criterio del movimiento que preside Caro, el gasto realizado fue el doble de lo que se hubiese requerido para expropiar de forma definitiva todas las fábricas recuperadas por sus trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en las cuales se desempeñan más de ocho mil trabajadores.