José Luis García, un testigo que fue jefe de personal y que liquidaba los sueldos del ferrocarril Roca, afirmó que todas las decisiones pasaban por José Pedraza. Lo dijo ayer en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, en un relato que equiparó las decisiones del dirigente de la Unión Ferroviaria (UF) con las de la empresa Ugofe, que además del ramal Roca opera el San Martín y Belgrano bajo tutela estatal. El nexo, señaló, era Juan Carlos “Gallego” Fernández, número dos del gremio. “Cada vez que llegaba a la empresa, mencionaba que venía a la orden del señor Pedraza”, relató. García declaró que los trabajadores cobraban menos de lo que indicaba su recibo, que los ingresos de personal eran digitados por el sindicato, que a la vez forzaba la afiliación y enviaba listas de los ferroviarios que debían recibir permisos o licencias para asistir a sus marchas o actos. Contó que fue citado dos veces por Pedraza para advertirle “que no jodiera” ni con los salarios ni con las contrataciones. Su testimonio refuerza la hipótesis de la acusación de que hubo una motivación política y económica de la cúpula de la UF para atacar la protesta de los tercerizados –de la que participaba Ferreyra– y “aleccionarlos”.

“Me dijo que no jodiera con el tema de los ingresos, textual”, evocó García un encuentro con Pedraza. La advertencia aludía a los listados que, señaló, confeccionaba la UF con los nombres de sus elegidos para entrar a trabajar en Ugofe. “Tuve dos charlas con Pedraza en 2008, fui citado y él me decía que no podía en mi función discutir lo que emanara de la Unión Ferroviaria, no se podía discutir sueldos mal liquidados o descuentos por ausencias no justificadas”, afirmó ante el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21). Carlos Froment, el abogado de Pedraza, le preguntó cómo era el lugar donde había sido el encuentro. “Era una habitación de cuatro por cuatro, tenía una bandera de la UF, retratos del ex presidente Néstor Kirchner y de la Presidenta”, fue la respuesta. El defensor reclamó un cotejo de las características del despacho donde, dijo, nunca hubo retratos, pero el tribunal rechazó su pedido.

García, quien denunció amenazas durante la investigación, trabajó para Ugofe (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria) entre julio de 2007 y junio de 2009, cuando le dieron 28 mil pesos como “bonificación por renuncia”. Se fue, explicó, después de denunciar que entre un 20 y un 25 por ciento de su salario y el de otros trabajadores afiliados al gremio no llegaba a sus bolsillos.

Según García, el manejo de los ingresos lo ejercía el Gallego Fernández invocando órdenes de Pedraza. Ambos están acusados de instigar el ataque a los tercerizados que terminó en el asesinato de Ferreyra. Fernández, dijo el testigo, iba a la Ugofe con “un listado”. “Decía ‘hay que ingresar a 300’, nosotros decíamos ‘¿dónde los ponemos?’ y había que ingresarlos igual. Había personas que no trabajaban y cobraban, cuando ingresé había 3091 y cuando me fui 4500”, aseguró. Había condiciones: los contratados bajo convenio debían afiliarse al gremio y, además, devolver un monto por haber logrado ingresar a la empresa.

Del mismo modo, detalló que la UF enviaba una nómina de quienes debían ser “liberados” de sus tareas para asistir a marchas o manifestaciones.

Los querellantes le exhibieron un correo enviado el 20 de octubre de 2010 con los nombres de quienes irían a evitar el corte de vías de los tercerizados a la estación Avellaneda y dijo que era igual a los que él había visto.