Elisa Carrió aseguró que el gobierno de la Alianza impidió investigar el pago de coimas para sancionar la ley de flexibilización laboral. Al declarar en el juicio oral que se le sigue al ex presidente Fernando de la Rúa, la diputada recordó que cuando las sospechas del pago de sobornos tomaron estado público, en la Cámara de Diputados se presentó un pedido de juicio político al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, pero los diputados de la Alianza lo frenaron. Después de Carrió declaró el ex senador justicialista Carlos Corach, que negó haber recibido alguna oferta de dinero por su voto. “Lo de la Banelco me pareció cómico”, planteó.

En el juicio se investiga si el gobierno encabezado por De la Rúa pagó cinco millones de pesos en coimas a un grupo de senadores para que el 26 de abril de 2000 aprobaran la ley de reforma laboral, tal como denunció del secretario parlamentario Pontaquarto, quien confesó haber sido el “valijero” de los sobornos.

De la Rúa, Pontaquarto, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el ex ministro de Trabajo Flamarique están acusados de pagar las coimas, mientras que los entonces senadores del PJ Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branca están imputados de haberlas cobrado.

Carrió dijo que “no le consta” el pago de sobornos, pero que el relato de Pontaquarto le resultó “absolutamente creíble”. En el 2000 Carrió era diputada oficialista por la Unión Cívica Radical (UCR), pero votó en contra de la ley laboral. La flexibilización “era una exigencia del Fondo Monetario Internacional”, sostuvo.

En cuanto a la denuncia sobre los legisladores de la Alianza que impidieron que el Congreso investigara, Carrió apuntó contra Chacho Alvarez. La diputada reseñó que hacia junio de 2000, cuando en los diarios se empezó a publicar lo de las presuntas coimas, habló con Alvarez y le dijo que “si se pagaron hay que pedir el juicio político del presidente Fernando de la Rúa y del ministro de Trabajo Alberto Flamarique”. Pero “hubo presiones terribles de Chacho a los diputados del Frepaso para garantizar la impunidad y rechazar el juicio político a Flamarique”.

Como Carrió, Corach declaró no tener pruebas sobre el pago de coimas. “No me consta que hubiera esa maniobra”, les dijo a los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

El ex senador del PJ negó además haber recibido ninguna oferta por su voto y sostuvo que dio su aprobación al proyecto de ley porque “era una decisión orgánica del partido”, presidido entonces por Carlos Menem: “Estaba en el mismo espíritu de las leyes de flexibilización laboral” del menemismo, acotó.

También recordó que sobre el pago de coimas para sancionar leyes “había versiones de todo tipo, como las ofertas de plata para sancionar la ley de hidrocarburos”.

Durante la jornada declaró asimismo Vilma Ibarra, que en aquel momento era asesora de Carlos “Chacho” Alvarez. Ibarra sostuvo que en el Senado la UCR y el peronismo “actuaban como una corporación política” que les impedía transparentar el funcionamiento de la Cámara, uno de los objetivos del entonces vicepresidente.

“Nos transmitían que podía haber dudas de la aprobación de leyes si se sacaban los privilegios”, detalló. En ese sentido, agregó que Pontaquarto era “uno de los obstáculos para la transparencia en el Senado” porque “era la correa de transmisión de la corporación política”.