El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que la decisión de cinco integrantes del Consejo de la Magistratura de bloquear la designación de un juez titular en el fuero Civil y Comercial, que deberá fallar sobre la ley de medios, es “funcional” al Grupo Clarín. Además, el funcionario anunció que el Poder Ejecutivo recusará al juez subrogante Raúl Tettamanti, quien fue nombrado de manera transitoria en ese juzgado.

El titular de Justicia habló ayer en el Consejo de la Magistratura, donde brindó una conferencia de prensa junto a los consejeros Marcelo Fuentes y Hernán Ordiales. “Ha sido funcional a la estrategia del Grupo Clarín”, afirmó Alak al referirse a la decisión de cinco integrantes de la Magistratura de bloquear la designación de un juez titular para el tribunal federal en lo Civil y Comercial número uno, que deberá fallar sobre si el artículo 161 de la norma audiovisual es o no constitucional.

Fuentes calificó a los consejeros que bloquearon la designación de un juez titular como “banda de cuentapropistas” y sostuvo que, pese a las continuas alternativas que ofrecía el oficialismo para zanjar la cuestión, “nos tuvimos que tragar sapos e insultos”, hasta que los opositores decidieron bloquear el tema.

Tettamanti, un ex magistrado que se encontraba jubilado, fue designado en el Juzgado 1 como subrogante por el presidente de la Cámara de ese fuero, Martín Farrel, y por su vice, Ricardo Recondo, lo que fue rechazado por los consejeros del oficialismo. Precisamente Recondo, también integrante del Consejo, se opuso a la designación por concurso de María Lorena Gagliardi, una de las candidatas que estaba en condiciones de ocupar la vacante. Recondo fue acompañado por los consejeros Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, ambos parlamentarios radicales, junto a Daniel Ostropolsky (abogados del interior), Alejandro Fargosi (abogados porteños) en el pedido de la anulación completa del concurso.

En ese marco, el ministro Alak afirmó que la Cámara Civil y Comercial “tiene que respetar el espíritu de una ley del Congreso” como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Alak rechazó el intento de “impedir los mecanismos constitucionales porque ésta es una ley crucial, no sólo para la pluralidad de voces, sino para el funcionamiento democrático”. En ese sentido, el ministro adelantó que “el Poder Ejecutivo va a recusar al juez Tettamanti porque ha sido elegido de manera absolutamente irregular”. Por otra parte, Alak pidió que el radicalismo “reflexione sobre si un juez que no es de la causa falle sobre una ley crucial”. También se preguntó: “¿Por qué no permite que el Consejo nombre un juez que garantice el cumplimiento de una ley?”. Y exhortó al radicalismo a que “demuestre que es independiente de los poderes económicos”.

Por su parte, el consejero y senador nacional del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció al Grupo Clarín por “maniobras de gravedad institucional inusitada”, por pretender “imponer a los partidos políticos de la oposición su propia agenda”. Según denunció Fuentes, “los jueces de la Constitución Nacional no pueden ser puestos por el juzgado pero sí por un testaferro del Grupo Clarín”.

A su turno, el consejero Ordiales sostuvo que la maniobra fue “urdida y pergeñada desde dos frentes”, a los que identificó como “una parte de los magistrados de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y un grupo minoritario de consejeros que responden a la Unión Cívica Radical y al PRO” y que Recondo, consejero por los jueces, es “el eje de la maniobra”. La referencia obedece a que se le atribuye a Recondo participación en el cuestionado sorteo entre dos jueces de donde salió el apellido de Tettamanti para hacerse cargo de los expedientes que estén con “autos para sentencia” en el Juzgado Civil y Comercial Federal Uno, donde tramita la causa “Clarín”.

Alak tuvo párrafos dedicados a ponderar la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que “no sólo significa pluralidad de voces sino el afianzamiento del sistema democrático” y la fecha del 7 de diciembre establecida por la Corte Suprema como fin de las medidas cautelares que frenaban la desinversión.