El primer momento llegó. El juez federal de Salta Leonardo Bavio procesó al empresario Marcos Jacobo Levin por considerarlo prima facie como “instigador del delito de imposición de tormentos” sobre Víctor Manuel Cobos en 1977. Levin era (y es) propietario de La Veloz del Norte, una de las compañías de transporte más importante del país. Cobos era chofer de la empresa, delegado gremial de UTE y parte de una familia de perseguidos políticos. El de Bavio es el primer procesamiento que pone una marca en la responsabilidad de los empresarios durante la dictadura. El juez procesó además a un grupo de policías. A criterio de la querella, la resolución es un avance, aunque sostienen que dejó varios reclamos pendientes. Por un lado, la figura del “instigador” que parece poco, pero sobre todo analizan los criterios por los cuales el juez dejó fuera de la “imprescriptibilidad” denuncias por tormentos de otras víctimas.

El llamado a indagatoria se conoció a fines del año pasado. Catorce choferes y azafatas de la empresa denunciaron a Levin y, entre otros policías, a Víctor Bocos, que era a la vez empleado de la firma y subjefe de la comisaría 4 de la policía de Salta, lugar que fue centro clandestino. Los empleados fueron trasladados por Bocos, y en algunos casos por Levin, desde la empresa hasta la comisaría; los sometieron a tormentos para obligarlos a confesar y hacerse responsables de un supuesto delito de estafa. Levin había abierto una causa penal ordinaria en ese momento por una diferencia de dinero con los boletos. A criterio del juzgado, usó a los policías para conseguir la confesión a través de las torturas. Como todas las víctimas fueron torturadas, las querellas creen que Bocos y Levin deben ser acusados por todos. El juzgado tomó otro criterio. Aquí Bavio explica razones y alcances de esta causa que puede iluminar otros procesos muy cerca.

–¿Cuál es para usted el punto central del procesamiento?

–En particular la idea fuerza es que un empresario muy fuerte de ese momento trató de captar entre sus miembros principales a un policía que integraba la Seccional 4, represora por su naturaleza. Esa persona le sirve de nexo para controlar la desobediencia laboral, mantener los vínculos laborales y también policiales. Para mí esa era la esencia, se advirtió que esta persona (Levin) laboralmente necesitaba echar empleados por un problema menor, porque había habido una pequeña defraudación e hizo que esta policía los sometiese a apremios aberrantes. En el caso específico de Víctor Cobos consideré que el delito es de lesa humanidad porque se advierte muy nítidamente que fue al que castigaron con más ahínco. Era delegado gremial de la UTA, estaba comprometido ideológicamente, su familia estuvo signada por la tragedia. En este momento se está haciendo el juicio oral por Víctor Brizzi, el marido de Cristina Cobos, y por Martín Cobos, al que mataron cuando buscaban a otro de los hermanos. El hecho gremial y político surge muy claro en esta causa: la comisaría 4 era un centro clandestino en el que estas cosas estaban siendo reprimidas.

–En la denuncia original se habló también de otras víctimas.

–El tema es que no se va a reflotar todo apremio, toda tortura ocurrida en esa época cuando tienen características de delito común por más graves que sean. La diferencia en el caso de Cobos es ese matiz ideológico y gremial, donde este empresario instruyó a su dependiente policía para reprimir, y se advierte que por esas características Cobos fue más perjudicado que los otros. Eso fue muy claro. Las pruebas en esta causa fueron concluyentes. Se ve claramente que muchos choferes y azafatas habían sido torturados. Son 14 testigos que lo dijeron, no falta prueba, al contrario. Pero esa prueba respecto de ellos sirve para el caso de Cobos, pero con respecto a ellos se advierte más el carácter de delito común porque no eran delegados de UTA, sino que aparecen reprimidos en esta causa de defraudación. Por eso, lo complejo fue diferenciar una causa penal provincial, otra de tormentos y la de lesa humanidad, que advertí sólo en el caso de Cobos.

–¿Aunque hayan pasado por un lugar que era centro clandestino?

–Sí, es cierto, pero era además una comisaría común, atendía todo tipo de delitos comunes también. Evidentemente, digamos, signados por esas ideologías y formas de represión que quedaron expuestas en el informe de Conadep. Pero no considero que todo apremio en esa comisaría sea de lesa humanidad, a mi juicio no cambian las cosas, pero la verdad es un argumento a tener en cuenta.

–Otros denunciantes también hablaron de la cuestión gremial.

–Algunos eran simpatizantes, otros fueron afiliados, pero los que aparecen sosteniendo esta postura más claramente son Vázquez en Tucumán y Cobos en Salta. Las otras personas dijeron: “A mí me torturaban porque era amigo de Cobos”. O: “Yo era afiliado, pero no participaba”. Además también he descartado algunos testigos que sostuvieron un perfil sindical medio artificialmente. Traté de ser objetivo técnicamente para consolidar el futuro y esperar la confirmación de las Cámaras. Podrá ser discutido. Podrán plantearme la lógica del contexto del hecho porque sí es cierto que fue realizado en el año ’77, en el contexto del terrorismo de Estado, pero no toda tortura es lesa humanidad, si no tendríamos que reabrir todos los hechos. Aquí es que opino así, por supuesto que puede ser apelado, en ese momento asumiremos el caso de todos los demás. Cobos fue el que dijo que participó de reuniones con el imputado por el tema de las huelgas, los demás no dicen. Dicen “me acusaron de defraudación”, que es un delito provincial. O: “me obligaron a confesar por torturas”. No se advierte el carácter gremial como algo fuerte.

–¿Para qué usó la empresa las torturas?

–El principal objetivo era tratar de que confiesen para despedirlos; que digan que habrían participado de la defraudación. Como ese hecho había sucedido antes, usaron este método para probarlo, la confesión; los torturaron, los despidieron, pero no estaba el tinte gremial en los otros, por lo menos no está probado hasta ahora. La verdad, en principio, el hecho habría existido pero, por ejemplo, se trataba de una diferencia en los pasajes. Ese hecho en modo alguno justificaba las torturas.

–Los defensores de Levin dijeron que como él no participó del Estado no puede ser acusado por terrorismo de Estado. Usted dijo lo contrario.

–A mí los defensores me presentaron un pedido por “falta de acción”. Yo marqué una tipicidad muy nítida. Cuando lo cité a indagatoria ya había valorado los elementos de sospecha para que comparezca y consideré que debía comparecer. Con respecto a los delitos de lesa humanidad, me dijeron que estaban pensados para integrantes del aparato del Estado, pero les dije que no se investigaba un delito común, sino tormentos en el que actuó un policía y en el que un empresario aparece instigando por razones ideológicas y gremiales. La acción penal está vigente, no se investigan hechos pasados, sino un hecho que puede ser de lesa humanidad.

–Siempre se dijo que en esta causa el compromiso empresario aparece claro por el encuadre en “un hecho de sangre”. Levin prestó sus autos para los traslados. Los testigos dijeron que lo vieron en la comisaría. Alguno lo reconoció incluso por el perfume.

–Las pruebas sobre Levin fueron tan contundentes que el propio policía y subjefe de la 4 dice que Levin fue tres veces, aunque en su defensa dice que se comunicaba con otro policía y no con él. Todos los testigos dicen que iba a verlo a él, y en este caso hubo hasta presencia material. Cuando yo digo instigador, en realidad esa es la figura que tenemos, pero es un autor intelectual, porque es tan o más reprochable que los policías.

–¿Cree que puede servir este procesamiento para iluminar otros procesos?

–Hablar en general, de otros casos, es más difícil; en mi caso es sencillo desde el punto de vista de las pruebas. Lo que no es sencillo es avanzar en la provincia de Salta, un pueblo chico, con muchas presiones.