[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Comisión Provincial por la Memoria expresa públicamente su preocupación ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial frente a las demandas de que cumpla con el envío de las partidas presupuestarias acordadas con el Ministerio de Economía para el ejercicio 2012.

El Ejecutivo provincial ajustó a la CPM en un 34 por ciento de lo acordado. Desde hace meses, la CPM ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo con los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó el propio gobernador a miembros de la CPM en la reunión del 8 de agosto del presente año, no ha habido ninguna respuesta concreta al reclamo.

Esto debilita gravemente la continuidad de los programas de trabajo de nuestra institución. Las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas, no pudiendo realizarse la totalidad de las visitas, que durante el año 2011 llegaron a 120. De ser así, imposibilitaría no sólo un preciso diagnóstico de la situación carcelaria, sino la protección de los derechos de los detenidos y, por lo tanto, generaría mayores espacios de impunidad. El programa Jóvenes y Memoria trabaja este año con 700 escuelas de la provincia y articula acciones con ocho provincias del país, convocando a más de 10.000 jóvenes a trabajar por la memoria y la defensa de los derechos humanos. La falta de recursos ha dificultado las tareas y pone en juego la realización del Encuentro de Jóvenes por la Memoria a realizarse en noviembre en el complejo de Chapadmalal. Así, lesiona las expectativas de alumnos, docentes y padres de distintos lugares de nuestra provincia que quieren ver concretado el trabajo de todo el año.

Las tareas de investigación en el Archivo de la Dippba para producir pruebas por los delitos de lesa humanidad son cada vez mayores. Son documentos de extrema importancia, ya que permiten dar cuenta de hechos y responsabilidades en la represión claves en la investigación. Paralizar la acción implica una dura demora en los juicios. Lo cual contraría el amplio consenso político y social que tiene esta política de Estado.

Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la dimensión del presupuesto provincial. Entonces, ¿qué lugar ocupan en las prioridades del gobernador las políticas de DD.HH. y memoria? El ajuste a la CPM puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria.

La CPM mantendrá con firmeza su pluralidad y su autonomía e independencia de los gobiernos, nada ni nadie nos doblegará en nuestra posición. Ha sido así desde su creación en el año 1999. En estos doce años hemos demostrado seriedad y profesionalidad en el trabajo, así como también de la clara directriz ética que guía cada uno de nuestros actos. La CPM está presente en todo el territorio provincial, denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, aportando pruebas en cada uno de los juicios, reconstruyendo las historias locales, convocando a miles de jóvenes a la participación y al compromiso con el otro, poniendo el arte como interpelador de la sociedad.

Esperamos que el señor gobernador cumpla con su palabra para no cercenar nuestra acción, lo cual implica un retroceso en las políticas de los derechos humanos y la búsqueda de Verdad, Justicia y Memoria.

* Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaum, Elisa Carca, Elizabeth Rivas, Susana Méndez, Daniel Goldman, Roberto “Tito” Cossa, Emilce Moler, Mempo Giardinelli, Fortunato Mallimaci, Verónica Piccone, Carlos Sánchez Viamonte, Luis Lima, Víctor de Gennaro y Martha Pelloni.