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Cuando en la Argentina la posibilidad de hacer justicia estaba mutilada, el juez español Baltasar Garzón abrió un camino a base de convicciones y audacia. Desafió al poder establecido. Lo dejaron avanzar. Logró que Londres aceptara detener a Augusto Pinochet cuando el dictador chileno era todavía senador vitalicio. Avanzó, cimentó la Justicia universal, hasta que en su país se atrevió a indagar en los crímenes del franquismo. El año pasado fue separado de su puesto en la Audiencia Nacional e inhabilitado a ejercer la magistratura por más de una década. Apeló el fallo pero no se amilanó ante esa nueva adversidad. Recorre el mundo como asesor de la Corte Penal de Justicia Internacional de La Haya y de distintos gobiernos de Latinoamérica. Llegó a Buenos Aires, como siempre, dispuesto a tomar posición en los temas que imantan el debate político y judicial. “Aquí hay una ley, hay una regulación y todos tienen que cumplirla, y si no la cumplen pues tendrán que recibir las sanciones que prevé esa ley”, dice sobre la nueva ley de medios.

“Tráeme, por favor, un té con miel”, pide antes de sentarse y abunda: “Ya me operaron dos veces de las cuerdas vocales. Llevo tres días hablando...”. Los tres días que estuvo en la Argentina. Se entrevistó con Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dio una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda, viajó a Mendoza y terminó el periplo en la Comisión de la Memoria bonaerense y en una charla con el vicegobernador Gabriel Mariotto, Hebe de Bonafini y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

–En el avance de nuevos derechos, el derecho a la comunicación aparece como un derecho humano. Usted llegó a la Argentina en medio de una fuerte tensión por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cómo analiza la situación?

–He comprobado esa tensión, comprendo que la haya, pero no alcanzo realmente a asimilar la intensidad de la misma. Creo que es una intensidad artificial, mantenida por aquellos a los que les interesa que exista esta polémica. A mí me preocuparía si se comprobara que hay un riesgo real que afecte a la libertad de información, a la libertad de expresión, o al de recibir información veraz, que son los tres ámbitos del derecho a la información en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los instrumentos internacionales. Yo no veo en peligro ninguno de esos derechos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. He comprobado con la lectura de la misma que hay una articulación de lo que es el mercado de la comunicación, donde se establece algo que vengo defendiendo desde hace más de doce años: que no puede haber grupos monopólicos ni que tengan el control como negocio de la comunicación porque, precisamente, eso es lo que ataca a la libertad de información, a la libertad de expresión y a la propia recepción de información veraz. Cuando se contraponen intereses económicos y corporativos a los de la comunicación siempre sale perdiendo ésta. Me parece que es absolutamente necesario que exista una regulación de ese mercado, mucho más cuando vivimos en la era y en el siglo de la comunicación. ¿Cómo no va el Estado a preocuparse por un ámbito tan importante donde los que pueden resultar perjudicados son los propios ciudadanos? Otra cosa sería que se intentara cercenar la libertad de expresión o poner cortapisas, pero la ley apunta exactamente a lo contrario. La Corte Suprema ya ha emitido su juicio y, sin duda, se pronunciará cuantas veces sea necesario. Insisto, creo que es una garantía y no un peligro o un ataque a ese derecho fundamental.

–El Grupo Clarín, que resiste la aplicación de la ley, anticipó que no va a aceptar el plazo establecido para su cumplimiento, desde el Derecho, ¿cómo analiza esa postura?

–Los desafíos al estado de derecho siempre salen mal. Como esto no es el viejo oeste, no es lógico que uno de los contrincantes cite a duelo a otro en el Valle de la Muerte. Esto no es así, aquí hay una ley, hay una regulación y todos tienen que cumplirla, y si no la cumplen pues tendrán que recibir las sanciones que prevé esa ley. Así de sencillo y así de claro. Yo no puedo decir, yo no acepto que me impongan una pena de veinte años si mato a una persona.

–En Argentina quizás está exacerbada esta tensión, pero en varios países de Latinoamérica habrá visto esta situación...

–(Se apresura) Fíjese que el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, vino aquí y ha defendido esta normativa y ha dicho que es un buen ejemplo a seguir. Yo conozco a La Rue, no me ofrece ninguna duda su ecuanimidad y su independencia. Si personas que no somos argentinos y que –hombre– de una u otra forma nos hemos caracterizado por una independencia de criterio opinamos de forma parecida, a lo mejor y sólo a lo mejor –ironiza–, tenemos razón. A mí no me va ningún interés en esto. Si quieren hacer un ejercicio miren mis archivos acerca de la primera vez que escribí que no debería ocurrir la acumulación de poder en los medios de comunicación. No es lo mismo que una empresa petrolera o azucarera, la comunicación es el arma más poderosa que puede haber y tiene que ser regulada con igualdad de oportunidades para que todos puedan tener acceso a ese ámbito. El día que un periodista pueda escribir con libertad diciendo que el presidente de la compañía a la que pertenece el periódico no es trigo limpio hablaremos en otros términos.

–Mi pregunta apunta al nivel de confrontación entre los grandes medios de comunicación y gran parte de los gobiernos de Latinoamérica como un patrón común...

–Aunque amigos míos del mundo de la comunicación puedan discrepar con lo que voy a decir: creo que se está produciendo una clara confrontación entre el poder político democrático que, por primera vez, ha decidido ejercer como tal, frente a un mundo al que nadie era capaz de acercarse sin salir mal parado: que es ese ejercicio abusivo de la comunicación y el control de la comunicación. Creo que en la defensa de los ciudadanos que le compete al Estado, no puede haber espacios donde no haya una regulación equilibrada y protectora de los derechos. Para mí la comunicación es uno más, es el más sensible, por eso tiene que tener una regulación. Ojo, que en el momento que se perciba que hay un intento de control, de censura, los primeros que estaremos seremos nosotros para decir: “Eso no es”. Lo mismo cuando defendemos a los periodistas que se juegan la vida en situaciones de conflicto o en el crimen organizado, yo desde hace tiempo reivindico para ellos la calificación de crimen contra la humanidad. Soy partidario de que esa regulación exista con control y vigilancia judicial.

Pasado y futuro

Garzón empezó hace dieciséis años a investigar el genocidio de las dictaduras en Argentina y Chile. El presente de ese pasado coincidió con su presencia en Buenos Aires: murió el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, en Córdoba procesaron a ex jueces complacientes con el terrorismo de Estado, y desde España, el juez Pablo Ruz, quien lo reemplaza en la Audiencia Nacional, dictó el pedido de detención de siete ex integrantes de la DINA, la policía secreta de Pinochet, acusados de asesinar al diplomático español Carmelo Soria.

–Yo incluí el caso de Carmelo Soria dentro del procesamiento y abrimos una causa específica, y cuando dejé el juzgado por la suspensión estaban ya solicitadas investigaciones por ese caso y ahora mi compañero ha ordenado detenciones porque Chile no investigó.

–¿Cómo analiza este desenlace cuando muy pocos creían en el avance de las causas que usted inició?

–Ese es el ejemplo más vivo de la importancia de la jurisdicción universal, de cómo a través de la aplicación de este principio cuando en un país no se puede investigar, hay impunidad, hay otro que toma esos casos de crímenes contra la humanidad o de personas especialmente protegidas como el caso de Camilo Soria –que además era español–. Parecía que ya se había cerrado el caso Pinochet, en el año 2000, y doce años después continúa produciéndose efecto por la actuación de la Justicia ante crímenes que son imprescriptibles: es la grandeza de la jurisdicción universal y la importancia que propicia la cooperación para evitar que hechos tan graves queden impunes. El juez tomó esa decisión porque en Chile no se investiga el caso.

–Como visitante habitual de la Argentina, ¿cómo ve el de-sarrollo de los juicios? Acaba de estar en Mendoza, donde la connivencia con el Poder Judicial ha obstaculizado los procesos...

–Estamos en un momento de inflexión. Usted mencionaba el Poder Judicial investigado por su colaboración con la dictadura, eso es muy importante: que la acción judicial se mire a sí misma y reconozca que contribuyó en forma decisiva a los hechos que se produjeron entre el ’76 y ’83 es muy importante. Es un punto de inflexión porque tenemos que avanzar en forma decisiva, rápida y eficaz para que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, sea integral. No puede dilatarse la acción judicial porque llega un momento en que se aleja tanto que es difícil discernir las pruebas como las responsabilidades: se ha avanzado tanto, tenemos que hacer un esfuerzo más para ir concluyendo esa etapa con una protección integral para las víctimas.

–Desde que fue suspendido en Madrid está en la Corte Penal Internacional...

–He estado también en la Misión de Paz en el proceso de paz en Colombia y ahora estoy trabajando con el fiscal general de Colombia para el diseño y apoyo de investigaciones macrocriminales.

–¿Está interviniendo también en las negociaciones de paz que se acaban de iniciar en Noruega?

–Hay una prenegociación entre la guerrilla y representantes del gobierno, mi ámbito de trabajo es otro: es el diseño de investigaciones, el apoyo a fiscales para establecer criterios de persecución de estas redes criminales. Dar lugar al cumplimiento del derecho de las víctimas y las consecuentes reparaciones.

–¿El tema es el terrorismo de Estado o el narcotráfico?

–El narcotráfico es el tema que subyace en la criminalidad organizada pero también en la guerrilla y en el fenómeno paramilitar. Continúo trabajando en el marco de la ley de justicia y paz, justicia transicional para los paramilitares y aquellos guerrilleros que se han desmovilizado y apoyando también las investigaciones de las redes, bandas criminales y también de las acciones de las guerrillas y demás actores del narcotráfico. En definitiva, el fiscal lo que ha hecho es emitir una directiva para cambiar todo el sesgo de la investigación criminal en Colombia, dinamizarla, priorizando una serie de casos de los que tenían mando en las operaciones, financiación, blanqueo, violencia de género. Eso estoy haciendo ahora y trabajando en mi fundación en temas relacionados con la Justicia universal, con la ayuda a comunidades indígenas y también en la lucha contra la corrupción.

–¿Cómo influye en su vida el haber sido separado del juzgado?

–Sigo trabajando con la misma convicción y planteamientos de siempre. Tanto dentro como fuera de España el reconocimiento y el cariño es enorme, no me puedo quejar de que en algún momento me haya sentido o encontrado solo. Tengo desafección por la cúpula judicial española porque creo que cometieron un gran atropello que no voy a analizar ahora. Hubo de todo menos justicia. Eso es tiempo pasado y seguiremos combatiendo en los tribunales pero al margen de ello me preocupa la justicia y estoy tratando de apoyar en todo lo necesario a las víctimas del franquismo, promoviendo la comisión de la verdad. No es justo, ni digno, y es vergonzoso que España no sea capaz de revisar su historia.

–¿No va a volver a la política?

–Uy...¡qué complejo! Tengo demasiadas cosas que hacer. A mí me gusta estar al tanto de los acontecimientos políticos, me gusta opinar, analizar, pero es evidente que no estoy en la política activa, ni lo voy a estar. Lo cual no quiere decir que no quiera participar en el debate que se está dando. Hay una desafección de parte de los ciudadanos respecto de la clase política, es una realidad. A la vez el gobierno da la espalda a los ciudadanos, es una realidad también. Eso tiene que cambiar, la única forma es cambiar de paradigma, de mecanismos, de hacer más próxima la democracia. Terminar con este capitalismo autoritario que nos está agobiando, caminar hacia un modelo diferente de redistribución.

–¿Cree que el gobierno de Rajoy decepcionó incluso a los que lo votaron?

–Lo votaron mayoritariamente, su responsabilidad es mucho mayor y si no la cumple se lo recordarán.