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La Corte Suprema se reunió en pleno el lunes, una rareza. También lo fue que emitiera una decisión, unánime en el núcleo, pero dividida en los importantes argumentos. Las dilatadas discusiones y la urgencia en resolver son señales acerca del clima imperante, dentro y fuera de Tribunales. Tan es así que los cortesanos, a instancias de su presidente Ricardo Lorenzetti, dejaron para más adelante una medida sencilla que suelen adoptar a esta altura del año. No se estipuló qué harán durante la generosa feria judicial de enero. La costumbre es que la Corte no dicte sentencias en ese mes y que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni se quede para atender asuntos urgentes o de superintendencia. Hoy día, el esquema clásico está supeditado a los tiempos de las dos causas que van andando camino para llegar a la Corte. “No me dejen solo”, cuentan que bromeaba Zaffaroni en tramo distendido del coloquio con sus pares. Llegado el caso, no sucederá. “Tendremos que estar todos o, por lo menos, la cantidad suficiente para asegurar una mayoría clara”, se resigna o promete uno de los togados. Un signo de la relevancia institucional en danza y de las divisiones que subsisten.

¿Qué expediente llegará primero, recurrido por la parte perjudicada? ¿La medida cautelar de la Cámara Federal Civil y Comercial o la sentencia de primera instancia sobre el planteo de inconstitucionalidad? La que llegue, da la impresión, será afrontada velozmente. La Corte, que urgió a los jueces de otras instancias, está compelida a dar el ejemplo.

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El per saltum del Gobierno era una versión discutible (a fuer de novedosa) del recurso. Tanto que dentro del oficialismo se debatió si no convenía optar directamente por la vía del recurso extraordinario, de trámite más largo aunque más acomodado a la lógica procesal.

La Corte no hizo lugar al pedido del Estado. Redactó una decisión unánime, razonable. Las divergencias se patentizaron en los fundamentos. Tres cortesanos optaron por lo que se apoda en jerga “poner la plancha”: negar la pertinencia del reclamo, sin añadir ni una palabra más. La derecha mediática y la jurídica aplaudieron esa vertiente propia de un ritualismo extremo que trasunta el espíritu cerrado de la magistratura: mostrarse ajeno a la realidad política, vivir en una burbujea y alardear de eso. Cuatro vocales optaron por un sendero mejor que esta Corte ha instalado, tanto que es uno de sus sellos distintivos: ordenar el proceso, no apegarse a formalismos, tener un activismo superior al promedio del anquilosado Poder Judicial. Así las cosas, puntualizó al Estado que la vía correcta es el recurso extraordinario. Y le indicó a la Cámara que se pusiera las pilas, en pleno paralelismo con lo marcado días atrás al juez de primera instancia Horacio Alfonso. Abrevió los plazos procesales, “habilitando días y horas inhábiles” o sea suprimiendo feriados, sábados y domingos.

De algún modo, la Corte le dio parte de razón a los funcionarios (con vértice en Olivos) que se jugaron por el “per saltum”. El recurso fue rechazado como marcaban los libros, pero no fue vano, ni mucho menos.

La mayoría, comentan muy cerca de Lorenzetti, se consiguió a pulso. Las fuentes, muy pertinentes, suponen que el escenario se repetirá con la cautelar y la sentencia de Alfonso. Debates fragorosos, divisiones... acaso fallos no unánimes.

En tendencia, las hipótesis más factibles son la caída de la cautelar y el rechazo de la inconstitucionalidad alegada por el Grupo Clarín. Pero falta bastante y los partidos se definen en el minuto noventa.

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A los ojos de este cronista y de muchos intérpretes, la Cámara le mojó la oreja a la Corte en varios puntos de su sentencia. El más chocante excedía totalmente el marco del recurso y no estaba sujeto a su competencia. Fue pontificar (no sentenciar) que Clarín contará con un año de changüí para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) cuando cese la cautelar.

El plazo vaticano fijado como extensión de la cautelar es otra burla a los criterios sentados por la Corte.

Zaffaroni aportó a la mayoría con un agregado personal, lleno de formas verbales en potencial: anticipa que podría haber un alzamiento de la Cámara contra la Corte. No es el único que piensa así, pero sus colegas prefirieron no sumarse a su crítica por escrito.

Confidentes de Lorenzetti chimentan que Su Señoría, que usualmente se esfuerza por irradiar calma y modos templados, se embroncó mucho por la implantación de la cautelar, por la fecha elegida y aun por el modo en que se enteró.

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El jueves 6 a la tarde, afrontando un diluvio que inundaba Buenos Aires, Lorenzetti trataba de dirigirse a su casa, en Rafaela. Mientras buscaba enfilar y evitar que el auto se transformara en un mal barco, le llegó el rumor: la Cámara se había expedido. Su sorpresa fue plena, porque había conversado poco antes con la jueza María Susana Najurieta, quien le había hecho entender que la decisión no era inminente. Lorenzetti llamó al celular de la magistrada, quien lo distrajo y le dio largas. Recién le avisó tras notificar a las partes. La actitud enfadó bastante al Supremo, aunque tal vez menos que la inoportunidad de la fecha, justo la previa al 7 D. La tradujo como lo que es: una provocación, insensible al contexto político.

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El Estado presentó el recurso extraordinario. Firuletes del procedimiento, de esos que alargan todo: es la Cámara quien lo otorga o deniega en principio, aunque será la Corte la que deba resolver. Los Supremos fueron claros en su mensaje: el recurso es pertinente... pero los camaristas tienen puesta la camiseta de Clarín y tal vez estén dispuestos a seguir transpirándola.

Si rechazan el planteo, el Estado deberá acudir en “queja” a la Corte lo que le daría a Clarín un hándicap de unos pocos días más. De cualquier forma, la Corte (todo lo indica) habilitará el recurso. Y ahí comenzará a trabajar en pos de una unanimidad deseada por Lorenzetti, pero casi imposible. O de una mayoría sólida.

La perspectiva más factible, aunque no segura, porque los cortesanos reservan bastante sus pareceres (que por lo demás son divergentes), es que la cautelar sea dejada sin efecto.

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En paralelo, el juez Alfonso consulta febril la biblioteca de los Tribunales. Lleva a su despacho los fornidos volúmenes de textos de doctrina y jurisprudencia. Se presume que sentenciará pronto, aunque técnicamente dispone de cuarenta días corridos, plazo que todavía no empezó a correr.

El Fiscal se pronunció contra el pedido de inconstitucionalidad. El dictamen es obligatorio pero no vinculante, nada anticipa sobre la sentencia. Todo modo, en las “pollas” que se arman en el barrio de Tribunales, priman las apuestas a favor del rechazo a la acción del multimedio. De nuevo, solo se tendrá certeza cuando Alfonso rubrique su decisión, que será el verdadero punto de inflexión para una nueva etapa en las lides judicial y política.

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Si Clarín ganara, será plenamente admisible la prórroga de la cautelar o la fijación de una nueva. Si se da esa virtualidad, es clavado que el Estado echará mano al per saltum, en ese caso con todas las de la ley.

Si triunfa el Estado (la solución que el cronista valora como ajustada a derecho) la lógica sería que Clarín eligiera apelar a la Cámara, desechando al per saltum. Dos razones podrían inducirlo: dilatar más la resolución firme y acogerse al cobijo de un tribunal amigable.

¿Subsistiría eventualmente la cautelar en ese albur, si todavía conservara vida? Las opiniones se dividen. El cronista cree que debería caer. La verosimilitud del derecho es uno de los fundamentos de medidas de no innovar. La verosimilitud de la demanda queda muy herida con una sentencia en contra. El Estado podría pedir el cese, con buen asiento en fallos precedente. Y, quién le dice, podría presentar un per saltum si le dicen que no.

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La solicitada de una cantidad apreciable de jueces, fiscales, académicos y universitarios replicando a los fatuos comunicados de varias agrupaciones de magistrados fue una buena nueva. Se fisura el unanimismo del Poder Judicial, aunque el sector conservador y corporativo conserva la (valga una licencia poética) posición dominante. No todo es blanco o negro, algo que el oficialismo debería reparar cuando enciende los discursos y arrasa con los matices.

La controversia casi coincidió con la tremenda reacción de la opinión pública contra la sentencia dictada en la causa que investiga la desaparición de Marita Verón. El caso interpela al poder político (incluyendo aliados del oficialismo), a las Policías, a sectores sociales de vastedad no desdeñable. Da para abordajes más amplios. Hablemos ahora, a cuenta, de un aspecto parcial sí que sintomático. Es la cruel espera a que fueron sometidos los que fueron a escuchar el veredicto, empezando por Susana Trimarco, madre ejemplar y luchadora. Una amansadora inhospitalaria y hasta inhumana para ahondar el martirio de una sentencia que fue un mazazo. Una bofetada adicional, pésima praxis. Nadie podía ignorarlo... salvo tres jueces que, como tantos de sus pares, actúan como si fueran superiores a los litigantes, ubicados en un Olimpo nobiliario. Sus Señorías, se apodan entre ellos, como nobles que no son en ninguna acepción del término. Todo un dato.

Volvamos al eje de la nota. Corre la cuenta regresiva para una etapa de la LdSCA, se acercan momento cruciales para la Corte Suprema. Sus integrantes, quizás, verían con agrado que llegara antes de la feria. No es seguro que así sea, sí que habrá definiciones mientras esté estallando el verano.

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