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“Estamos tranquilos y tuvimos que hacer justicia”, dijo Alberto Piedrabuena, a esta altura uno de los tres nombres más mencionados en el boca en boca, en las redes sociales, en los bares, en las reuniones, sean políticas o no, en los debates, en las polémicas y, muy especialmente, en las marchas que se organizaron en su contra (la de los tres nombres) en prácticamente todo el país. Piedrabuena es el presidente del Tribunal de la Cámara Penal Nº 2 de Tucumán que, con Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, el martes pasado absolvió a los 13 imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón. El juez sostuvo que “no ha sido un caso de trata de personas” porque no fue probado el secuestro.

Piedrabuena sostuvo ayer que “el tribunal es un espectador de lo que exponen las partes, para luego calificar y decidir”, criterio que supone que todos tienen el mismo poder y acceso a la balanza judicial. “Nosotros fallamos según lo que sucede en el juicio y este tribunal actuó con total independencia, sin inclinarse a favor de uno o de otro. Tratamos de no contaminarnos con los intereses de los sectores.” Precisamente, desde la querella se sostiene que el tribunal actuó como paraguas y en completa armonía con la mafia de la trata.

“El juez tiene que fallar en base a lo que tiene y le dieron en el juicio”, aseguró enarbolando la imparcialidad. Sin embargo, en su criterio de espectador independiente, el tribunal vio pasar a mujeres testigos rescatadas como víctimas de trata, que se animaron a declarar para confirmar las imputaciones a los acusados, pero cuyos testimonios no fueron valorados como pruebas ya que, sostuvo Piedrabuena, “la otra parte no llevó a certidumbre de lo que ocurrió; el principio de inocencia no ha sido superado y en ese caso el tribunal no puede tomar otra decisión que la que se tomó”. Y agregó que “hubo elementos que sucedieron hace 10 años y se conocen ahora”, cargando la responsabilidad, cierta, sobre las graves falencias de la investigación, falencias que no dejan de estar articuladas entre los investigadores policiales y el moño posterior de la Justicia. También señaló que “el caso consistió en lo siguiente: ¿cuál fue la base de la acusación? La privación de la libertad por medios violentos, el traslado a otro lugar y luego a La Rioja. No hubo forma de despejar la incógnita. No se pudo saber qué pasó con Marita Verón. No ha sido un caso de trata de personas”.

Piedrabuena aseguró estar “convencido totalmente de haber hecho justicia”, y resaltó que “somos tres jueces que coincidimos en forma unánime al momento de fallar”. Ante la posibilidad de un jury que Susana Trimarco ya anunció que pedirá, Piedrabuena dijo que “están en estado de derecho, pueden peticionar y accionar ante quien corresponda porque son las reglas del juego”, pero consideró que la causa “no tiene que politizarse”, y destacó que “esto se resolvió en el seno de tribunales, es un caso jurídico y por suerte todos los poderes están en sus funciones”. “Fallamos conforme a derecho y si nos equivocamos, existe un ente superior para corregirlo, pero si alguien lo quiere tomar desde el punto de vista político está en su derecho de hacerlo”. “Estoy con mucha tranquilidad, porque hemos trabajado y hemos hecho lo que teníamos que hacer, conforme al Estado de Derecho”, aseguró.