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Ante el fallo que absolvió a los acusados en el juicio por Marita Verón, los ministros de la Corte Suprema pidieron a los jueces de todo el país realizar “los máximos esfuerzos” para terminar con la trata de personas.

Los integrantes del máximo tribunal de Justicia se cuidaron de no opinar específicamente sobre la sentencia de la Cámara tucumana, pero hicieron una declaración que tomó distancia del fallo: “El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión muy clara y contundente de esta Corte”, señalaron.

En un comunicado de prensa difundido a través de la página del Centro de Información Judicial, sostuvieron además que la decisión de combatir la trata de personas viene siendo “implementada a través de una pluralidad de medidas de concientización, y mediante la suscripción de convenios con instituciones y entidades que nos permiten aunar esfuerzos en la lucha contra ese flagelo social”.

“En virtud de ello –concluyeron–, y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando lo máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito.”

De las repercusiones generadas por el fallo en el ámbito judicial, la más fuerte salió de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que expresó su “sorpresa, tristeza y desazón ante el veredicto”. Firmado por la jueza entrerriana Susana Medina de Rizzo, presidenta de la entidad, y Laura Balart, secretaria, el comunicado señaló: “No bajaremos los brazos en la lucha contra este delito global, transnacional, complejo y grave, que viola elementales derechos humanos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo, al que nuestro país no es ajeno”.

También hizo una declaración la Defensoría General de la Nación, a través de la Comisión de Temáticas de Género. “Frente a la absolución de todos los implicados en la causa en la que se investigaba el secuestro y sometimiento a trata con fines de explotación sexual de Marita Verón, la Comisión manifiesta su preocupación por la falta de esclarecimiento de los hechos denunciados y de sanción a los responsables, luego de transcurridos diez años de su desaparición”, fue el planteo.

La Defensoría recordó que el Estado nacional asumió compromisos internacionales “en los cuales se obligó a actuar de modo diligente para prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia de género, entre ellos la trata de personas”.

Como parte de esos deberes internacionales, siguió, “la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han explicitado que los procesos penales en los que se indaguen hechos de violencia contra las mujeres deben buscar efectivamente la verdad” y “ser desarrollados en un plazo razonable”.

En ese sentido, la Defensoría remarcó que es necesario que las investigaciones “incluyan una perspectiva de género y se encuentren libres de prejuicios y estereotipos sexistas, y brinden confianza a las víctimas de las instituciones estatales para su protección”.