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“¿Nazareno?, lo acostamos.” Fue la figura que eligió un senador del justicialismo para responder la consulta sobre cómo actuará la Cámara alta frente al inminente juicio político al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Más allá del anticipo del legislador, hay al menos dos datos que dan cuenta de la suerte del cortesano. En primer lugar, este año el Senado reformó el organigrama de comisiones del cuerpo. Por esa razón la Comisión de Juicio Político ya no existe y su función le corresponde a Asuntos Constitucionales. Ergo, la encargada de llevar adelante el proceso será nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, sus integrantes han consensuado que el reglamento con el que se regirán será el del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, cuando el caso Nazareno llegue a la Cámara alta, el supremo quedará inmediatamente suspendido.
La suspensión de los magistrados que llegan a juicio político fue tema de discusión hace una semana, cuando comenzó a estudiarse la posibilidad de procesar a Carlos Fayt. En esa oportunidad los diputados creyeron que era una buena estrategia que esta Cámara y no los senadores tomaran la iniciativa. La idea fue rápidamente desechada a partir del revuelo que se produjo. Pero ello no implicó que haya muerto.
La reforma administrativa en el Senado, donde se redujeron de 44 a 20 las comisiones parlamentarias, provocó varias fusiones. Por caso, Juicio Político se desactivó y pasó a formar parte de Asuntos Constitucionales. Al desaparecer esta comisión, el reglamento con que se manejaba dejó de existir. Ahora, con el inminente proceso a Nazareno, los integrantes de Asuntos decidieron que para evitar pérdidas de tiempo sobre una nueva reglamentación se optó por tomar el que utiliza el Consejo de la Magistratura: “Es sumarísimo. Una vez que llega al cuerpo, el juez procesado queda suspendido de manera inmediata hasta tanto se resuelva su situación. Y esta condición para nada significa presunción de culpabilidad”, aseguró a este diario uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por supuesto que el hecho de que sea Cristina Kirchner la presidenta de esta comisión le da al proceso contra Nazareno un condimento extra a lo que está por venir. Si bien su presencia puede funcionar como una especie de garantía de que no habrá pactos de impunidad, también es cierto que la firmeza de los dichos del Presidente les deja poco espacio al resto de los senadores para correrse del camino marcado desde la Rosada a partir del discurso presidencial del miércoles por la noche.
Y no es un dato menor el papel que jugará el Senado. Cuando comenzó a evaluarse la posibilidad de volver a la carga contra los supremos, una de las dudas que surgieron fue justamente cuál iba a ser la actitud que tomarían los integrantes de la Cámara alta. Es aquí donde el menemismo –acérrimo defensor de la mayoría automática– todavía mantiene cierta ascendencia sobre algunos legisladores de la bancada oficialista. Sin embargo, todo indica que ese supuesto poder está erosionado a partir de los hechos políticos que generó Néstor Kirchner desde que asumió la presidencia. “Hoy el menemismo cuenta con siete u ocho senadores que todavía le responden. Número insuficiente para hacer peligrar la destitución de Nazareno”, indicó un senador ahora hiperkirchnerista.
En cuanto a las causas contra el catamarqueño, los senadores del PJ prefieren las que presentarán sus pares de Diputados respecto de las últimas declaraciones de Nazareno. Lo prefieren por sobre los que presentaron por separado la arista Elisa Carrió y el radical Carlos Iparraguirre sobre el caso Magariños, al que consideran endeble.
Ahora bien, a diferencia de la prácticamente segura condena al presidente de los cortesanos que se vive en el Senado, no pasa lo mismocon el posible juicio a Fayt. Los legisladores sostienen que no hay elementos para condenar al octogenario supremo y ya anunciaron que lo mejor sería que los diputados ni siquiera lleven el caso al recinto.