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La confianza de la opinión pública en la administración de justicia nunca fue muy alta, pero desde 1991 se viene produciendo una especie de shock de desprestigio. A principios de la década pasada, tres de cada diez personas confiaban en la Justicia, en cambio ahora apenas un ciudadano de cada diez confía en el aparato judicial. Para dar una idea de la hecatombe, la Justicia está, en cuanto a prestigio, por debajo de la policía y las Fuerzas Armadas y sólo por encima del Congreso y los gremialistas. Siete de cada diez personas consideran que la Justicia es dependiente y el 61 por ciento de los empresarios y periodistas consideran que el Congreso debería propiciar el juicio político a la Corte Suprema. Un dato llamativo: la confianza en la Justicia es muy superior en otros países, incluso vecinos, como Chile y Uruguay.
Las conclusiones surgen de dos encuestas realizadas por la consultora Graciela Römer y Asociados. En la primera, se entrevistó a 468 personas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, repitiéndose el estudio a lo largo de más de una década. Eso permite un extraordinario análisis de cómo evolucionó la confianza y el prestigio de las distintas instituciones argentinas, entre ellas, la Justicia. El segundo trabajo es muy reciente: se trata de encuestas a 120 personalidades, entre ellas empresarios de compañías de primera línea y periodistas de los medios de prensa más influyentes. La metodología se conoce como encuesta entre líderes de opinión y en la sociología moderna tiene el objetivo de detectar las tendencias generales más marcadas que después se trasladarán al conjunto de la opinión pública.
Los estudios de Römer muestran un panorama desolador que obviamente marca como punto central el escenario de impopularidad de la Corte. No sólo que el 68 por ciento de los ciudadanos considera la Justicia como un poder dependiente –en general, del poder político y económico–, sino que una aplastante mayoría está de acuerdo con cambiar al máximo tribunal. Una comparación de prestigios resume la situación: el 60 por ciento de los consultados tiene confianza en la escuela pública y apenas el 9 por ciento confía en la Justicia.
“Si uno analiza de manera comparativa –explica Römer–, podemos ver que la confianza en el sistema judicial en países como Estados Unidos o Europa es significativamente diferente, mucho, pero muchísimo mejor. En varios países de América latina, en cambio, el cuestionamiento a la Justicia es más generalizado y la desconfianza es alta, como por ejemplo sucede en Paraguay o Venezuela, que son dos países con altos niveles de pobreza y conflictividad social. En cambio, es impactante la buena imagen que tiene la Justicia en Uruguay o Chile, lo cual lleva a la conclusión de que son países que tienen una calidad institucional muy superior a la de la Argentina.”
“Yo creo que la Argentina no puede sostener más, si es que quiere dejar una etapa atrás y comenzar a construir institucionalidad, que la Justicia siga así –concluye Römer–. La clave es generar seguridad jurídica y un sistema de Justicia que garantice el imperio de la ley. Esta es la única posibilidad de salir de un círculo vicioso en el que el país está encerrado desde hace décadas. Pasa por tener una Justicia autónoma del poder político y eficiente. Y además, la independencia que se le demanda a la Justicia es no sólo respecto del Gobierno sino de los factores de poder.
Acá la gran mayoría cree que existe una Justicia para ricos y otra Justicia para los otros. Y el cuestionamiento no es sólo a la Corte Suprema, que es un emblema de esta situación crítica, si no que está cuestionado el conjunto del sistema judicial.”