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Fortunato Mallimaci *.
Quince días que convulsionaron la sociedad
Lo menos que podemos decir es que los últimos 15 días la sociedad argentina ha visto que es posible marcar un rumbo diferente. Y eso no es poca cosa, sobre todo haciendo comparaciones. Allí está la triste experiencia de la Alianza –que poco o nada quiso o supo hacer en dos años– o la década peronista/menemista –donde sí hubo profundas transformaciones, pero en provecho de los grandes grupos económicos y financieros– o el radicalismo alfonsinista –que insistió centralmente en la transición–.
Día tras día, el actual gobierno peronista/kirchnerista está demostrando que la política no ha muerto, que el Estado es un actor privilegiado para la construcción del bien común y que es posible salir de la cultura del “no se puede hacer nada” frente o contra los poderosos.
La política ha vuelto a ocupar un lugar central porque esto significa vocación de poder y deseos de buscar otras salidas a la crisis que vivimos. Luego de tantos años de economicismos, de vivir bajo “el riesgo país” y a merced de los gurúes bien pagos de las grandes empresas, es una bocanada de oxígeno ver cómo los límites de lo posible pueden ser extendidos y ampliados continuamente. En estos días, el Presidente y su gabinete han mostrado a los ciudadanos y especialmente a los “aprendices de politólogos” que la gobernabilidad no es un fin en sí mismo, sino que es el piso para cumplir las promesas de la campaña.
El Estado debe volver a ocupar un rol activo, generador de propuestas y garante del cumplimiento –especialmente por parte de los más poderosos– de las normas y leyes vigentes. No es poca cosa ante tanta impunidad sufrida las últimas décadas. Recordemos la frase emblemática del empresario Yabrán: tener poder es tener impunidad. Utilizar la cadena nacional, no para anunciar ajustes o estados de emergencia, sino advertir a la sociedad acerca de las extorsiones de las que está siendo objeto el poder político por parte de la Corte Suprema y para pedir a los otros poderes del Estado la aplicación de la ley sin contemplaciones, pone en evidencia un cambio de rumbo.
Los gestos simbólicos son tan necesarios como cambiar las cosas. En la Casa Rosada estuvieron, en estos días, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, dirigentes sindicales, grupos piqueteros, organismos de DD.HH., docentes en paro, presidentes latinoamericanos... ¿No recuperamos dignidad cuando nos enteramos de que los empresarios y los funcionarios de la embajada de EE.UU. están “inquietos” porque aún no fueron recibidos o porque fueron “los no personas” los primeros en ser invitados a la mesa?
También tiene un fuerte valor simbólico que las primeras medidas fueran descabezar a las instituciones estatales que, de una u otra manera, siguen creyéndose salvadoras de la Patria o que suponen que las leyes no están para ellos. Tomar la decisión de abrir los archivos de la SIDE a la sociedad y en especial a las víctimas del atentado a la AMIA muestra a un presidente que no parece ser al anunciado “chirolita”. Recuerde el lector a los anteriores responsables de la SIDE y verá que estaban allí más para proteger a “los amigos del poder” que para colaborar en la lucha contra los poderes mafiosos.
El actual gobierno no está abriendo “demasiados” frentes, sino definiendo una dirección, haciendo una apuesta a construir otro tipo de Nación: un gobierno “normal”, en un país “normal”. Gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos cómplices y colaboracionistas de los grandes grupos económicos concentrados marcaron las agendas de los últimas décadas. Ellos debe ser los que estén inquietos. Salir de la crisis terminal supone abrir por parte del Gobierno y de la sociedad todos los frentes necesarios para dejar atrás un pasado que no queremos repetir.
La confianza social generada por el sentido de los gestos y hechos realizados en estos quince días deberá ser confirmada por políticas continuas y sostenidas en el tiempo. Los temas centrales están aún pendientes: construir desde lo que somos poder político y social que permita un nuevo modelo de acumulación que redistribuya la riqueza, cree nuevos y mejores puestos de trabajo, brinde salud y educación de calidad para todos.
¿Se podrá hacer desde el actual peronismo donde confluyen culturas diversas, incluido el neoliberalismo más salvaje? ¿Se podrá mejorar la calidad institucional cuando los principales responsables de su degradación forman parte del parte del partido de gobierno? Hay que construir una nueva cultura política de mayorías que imagine la república desde la actual diversidad y pluralidad.
Veremos en los próximos meses si estos 15 días que convulsionaron a la sociedad argentina prenuncian y confirman que la política no ha muerto, que el Estado es un actor central para construir la igualdad y que se gestiona para el conjunto de los argentinos.
* Ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA. Investigador del Conicet.

Franco Castiglioni*.
Estilos y transición
Kirchner inició su presidencia como la habían iniciado a su tiempo Alfonsín y Menem. Personalizando fuertemente al Ejecutivo, mostrando resultados concretos, presencia permanente en el centro de la escena política, identificando él o los adversarios, dramatizando el conflicto y apelando directamente a la ciudadanía para ganar consenso frente a los obstáculos que esperan. Como sus antecesores marcó dónde quiere dirigirse. Sus objetivos políticos están en sintonía con un diagnóstico correcto de la crisis. Veamos.
Hasta la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa, todavía circulaba en la dirigencia argentina un discurso común según el cual se podían distinguir dos momentos a partir de 1983. El primero correspondía al de la consolidación de la democracia, el segundo desde 1989 al de la estabilidad monetaria y la nueva economía. El tercer momento sería el de la lucha a la desocupación, la reforma del Estado y la eliminación de la corrupción. Para lo cual un gobierno moderado y honesto habría podido completar “los deberes pendientes” como se los llamaba. La segunda alternancia sería sin sobresaltos, se decía. No se estaba ante una ruptura crítica con el pasado militar como aquella en la que Alfonsín firmó no bien asumió la presidencia los decretos de enjuiciamiento a las Juntas, ni tampoco ante una emergencia económica y social sobre la que Menem tomaría decisiones drásticas, con consenso, de ruptura con la tradición política nacional y popular en la que abrevaban peronistas y radicales.
Pero el diagnóstico de 1999 era errado. Las instituciones no estaban en absoluto consolidadas ni por legitimidad de procedimientos ni por eficacia de producir una mejoría sensible en la calidad de vida de la población. El desmantelamiento del aparato público, los pactos de impunidad para intercambiar jueces y prebendas, la corrupción y la eliminación de los controles judiciales eran los datos sobresalientes. A su vez, la economía había llegado a una situación en la que la continuidad de la convertibilidad exigiría una escalada de ajustes recesivos. Las primeras medidas de De la Rúa que identificaban como principal objetivo reducir el déficit inquietaron a sus votantes. Al mes siguiente se produciría la avanzada de la reforma laboral, reivindicación del radicalismo contra los sindicatos, y demanda del establishment, que enajenó inmediatamente a sectores medios estatales que habían apoyado al gobierno por la precarización del trabajo que se avecinaba. Poco después, el trámite de las coimas en el Senado y la denuncia pública, inédita en cuanto promovida desde el poder, concluyó con la desautorización del Ejecutivo, la renuncia del vicepresidente, y la evidencia de que la continuidad de las prácticas corporativas, como la del intercambio corrupto, echaba luz sobre un gobierno que entendía la tercera etapa, la presuntamente moderada y honesta, de una manera muy, digamos así, ortodoxa.
La devaluación ya hecha ha dejado una inconclusa situación de hegemonía entre sectores económicos, a diferencia de la década pasada. Al mismo tiempo una situación de bruma completa sobre el sistema político. La gobernabilidad no aparece como un problema parlamentario. Más bien hay ausencia de oposición no peronista. Kirchner está dando una batalla dentro del peronismo para conquistar en este año electoral una posición dominante. En esta situación de equilibrio en el poder económico, una derecha sin representación política clara, profunda crisis de la cultura neoliberal, Kirchner posiblemente deberá enfrentar a la brevedad el cambio institucional más grave que es la relación con las provincias. Allí podría estar la clave de la coalición social que todavía no ha construido, las restricciones institucionales del Senado conservador y la elección de aliados que marcan la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Cabe pensar un nuevo diagnóstico entonces que tenga en cuenta que Argentina desde 1983 está en transición política y económica y, lejos de concluir, enfrenta desafíos que exigen respuestas que creen su propia base de consenso. LaArgentina que quiere cambiar es transversal, exige respeto del Presidente frente a quienes disienten con su estrategia, ya sea un ex fiscal, o una fuerza política minoritaria, demanda máxima transparencia en los futuros nombramientos de jueces. En esta transición sería imperdonable que la prensa, la opinión pública, las nuevas organizaciones sociales, las asociaciones no estén en primera fila, controlando, dando ideas, oponiéndose. No hay transición sin sociedad civil.
* Politólogo.

Gustavo Martínez Pandiani *.
El regreso de la política
Desde el momento mismo de su discurso inaugural, Néstor Kirchner marcó con claridad su firme voluntad de devolver al poder político su histórico papel de principal articulador de intereses de la vida social. Con inéditos ribetes de corte rebelde y nacional, el mensaje al país del primer presidente patagónico puso de manifiesto la necesidad de replantear la siempre difícil relación entre política y economía.
Por muchos años, la dominación ejercida por la lógica del paradigma económico sobre la vida colectiva de los argentinos perfiló un sistema político debilitado y empobrecido en sus capacidades de asegurar igualdad de oportunidades para el conjunto de la población. La destrucción de una gran parte de la credibilidad de la clase política fue, además de un mérito propio de la acción irresponsable e inescrupulosa de sus máximos representantes, el resultado de un juego imposible en el que la distribución de los recursos públicos en realidad estaba a cargo del mercado o –más precisamente– de sus actores más poderosos.
En los primeros días de gestión del nuevo gobierno, la política parece haber regresado al centro de la escena. Precisamente desde la política se enviaron contundentes señales a las Fuerzas Armadas, los bancos, la Corte Suprema, los acreedores externos, la Policía Federal, el Fondo Monetario Internacional, entre otros jugadores relevantes de la Argentina actual. Algunos analistas hasta se animaron a hablar de “el regreso de la política”.
Sin embargo, este regreso está lejos de ser aún un acontecimiento indubitable. En efecto, la simultaneidad de los frentes que ha abierto la administración Kirchner complica el desafío de recuperar el control político de la agenda pública y de sus tiempos. El Presidente deberá atender, al mismo tiempo, las derivaciones que surjan de sus terminantes definiciones en la relación del PEN con militares, banqueros, policías, jueces, acreedores, etc.
Cierto es también que para Kirchner era indispensable “marcar la cancha” de la puja política que se viene. En especial teniendo en cuenta las dudas que en algunos sectores generaba lo que se ha dado en llamar su débil legitimidad de origen. El Presidente parece haber entendido que la hora de los gestos fuertes es la del inicio de su mandato. En este sentido, Kirchner es –contrariamente a lo que creen algunos periodistas– uno de los políticos que mayor conciencia tiene del valor de la gestualidad del poder. Aunque sin una oratoria sofisticada ni un marketing despampanante, se observa su creencia en la relevancia de la comunicación como herramienta gubernamental, en particular cuando se requiere reforzar la legitimidad de ejercicio.
* Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Salvador