El juicio de lesa humanidad que terminó el año pasado en Bahía Blanca reunió pruebas sobre el rol del diario La Nueva Provincia durante la última dictadura. Cuando finalizaron las audiencias, la fiscalía impulsó un pedido de investigación confirmado más tarde por la sentencia del Tribunal Oral. Abel Córdoba fue el fiscal que encabezó la acusación. En diálogo con Página/12 explica por qué el tribunal habló de “propaganda negra” y comparó al diario de los Massot con el “manual de guerra de baja intensidad”. También habla del “rol” de la La Nueva Provincia y su lugar como pata “auxiliar” en la legitimación social del plan criminal del terrorismo de Estado.

“Hay una relación y un accionar conjunto, una consustanciación y, como dijo el Tribunal, de lo que se trata es de una diferencia de ‘roles’ dentro de lo que es ya un procedimiento delictivo: el procedimiento delictivo abarcaba el secuestro, mantener en cautiverio a las víctimas, fusilarlas y luego presentarlos (los cadáveres) como un producto de un combate militar: en esa etapa es donde las fuerzas armadas no están solas sino que el diario cumplía alguna de estas funciones. Había fuerzas armadas y sectores civiles que llevaron adelante el plan criminal y se dividieron funciones, por eso es importante distinguir en ese plano la actividad que no se reduce a la publicación de la noticia que tuvo como fuente una fuente militar, eso ya era parte de una división de funciones dentro de un plan criminal que estaban ejecutando”, señala.

–¿Cómo empiezan a entender al diario La Nueva Provincia como “tema” de investigación?

–Lo que hay que entender es el terrorismo de Estado: cómo hicieron las fuerzas represivas, tanto las armadas como los sectores civiles, para arrasar con la sociedad bahiense, igual que pasó en todo el país. La cuestión central está basada en la “construcción de un enemigo” que iba a ser el blanco del poder punitivo: no fue una represión indiscriminada, sino que tuvo un direccionamiento muy claro, el propio poder configuró a un enemigo, identificó a las víctimas y luego las agencias de inteligencia profesionales de las fuerzas armadas integradas por civiles legitimaron las muertes, desapariciones y también las torturas. Ese enemigo se lo suponía como lesivo en términos sociales, se hablaba en términos biologisistas sobre qué era lo que “infectaba” a la sociedad y a partir de allí se instaló la necesidad de extirparlos del cuerpo social.

–¿Piensan el diario como una “agencia” del terrosimo de Estado?

–El tribunal señaló que el diario colaboró en la legitimación discursiva y la construcción del “enemigo”. A tal punto que el Tribunal tomó los propios conceptos de (el general Acdel) Vilas, cuando indicó que el diario abasteció necesidades “operacionales psicológicas” que necesitaban las fuerzas armadas para legitimar socialmente su accionar criminal. Lo calificaba como un “valioso auxiliar de la conducción militar”, es decir: esto deja al diario al margen de una función periodística, e incluso lícita, y pasa a formar parte del plano delictivo en cooperación con el Ejército y la Armada en tareas psicológicas contra la población. Ahí hay un concepto que hay que revisar que es “la acción psicológica”.

–¿En qué sentido?

–El Ejército –en este caso auxiliado y en cooperación militar con la Nueva Provincia– necesitaba infundir miedo en la población y a la vez captar la adhesión. El terror se infundía a la población desde La Nueva Provincia, con lo que el tribunal llama la “propaganda negra”: algunas páginas del diario de esos años tienen como trasfondo la tortura directamente. Los datos que publicaba eran un complemento de Inteligencia en numerosos hechos que estamos juzgando e investigando: era información arrancada en tortura y luego publicitada en el diario, y así pasaba a ser parte de ese eje rector represivo en Bahía Blanca.

–¿Podrían alegar que era información provista por las “fuentes”?

–Lo que hay que distinguir es la actividad lícita que es el periodismo como actividad en sí misma, de esta otra situación en la cual la estrecha vinculación entre el Ejército, la Armada y el diario tornan a la actividad periodística gráfica en uno de los instrumentos de los crímenes que no es lícito del periodismo ni de ninguna actividad. La finalidad no era la información u opinar, sino que estaba en un accionar operativo junto con lo órganos de inteligencia y las fuerzas represivas. Esto excede el vínculo que puede haber entre una “fuente” y el “medio”. Una cosa es publicar y otra cosa es estar consustanciado, tener reuniones, ser auxiliar operativo de ese grupo criminal y tu rol es contribuir primero a señalar a las víctimas, demonizarlas, evitar cualquier reacción social contra ese grupo y seguir avanzando hasta presentar el resultado como algo que no fue. La Nueva Provincia puso al servicio la credibilidad que tenía socialmente para consumar el plan criminal: a criterio de la fiscalía, hay sobradados elementos para avanzar en una investigación por crímenes de lesa humanidad sobre los directivos de esa empresa.

–¿Puede dar algunos ejemplos?

–Por un lado, los más notorios: hay situaciones donde se difunden las declaraciones o confesiones bajo tortura, arrancadas en la clandestinidad de los cautivos que aparecen en la páginas de La Nueva Provincia.

–¿No dan cuenta de la tortura, ni menciona fuentes?

–Obviamente no. Ahora que pudimos tener acceso a parte de la documentación secreta de inteligencia de los archivos que maneja la Comisión provincial por la Memoria, vemos que algunas noticias son el parte de inteligencia que circulaba en los canales secretos. Otro caso es que personas secuestradas en Bahía Blanca eran llevadas a un patio, fotografiadas por personas que ellos desconocían y al otro día aparecían en las páginas de La Nueva Provincia como parte de una noticia “montada” sobre el desmantelamiento de una célula extremista, que en realidad eran personas que estaban secuestradas y continuaban ilegalmente detenidas.

–¿Las editoriales?

–En otro plano, la prédica editorial no es sólo producto de esos días sino que en algunos casos continúa hasta hoy. En este caso, es importante catalogar a La Nueva Provincia como la “usina ideológica” del terrorismo de Estado. Eso y la apología constante hacia lo que se puede llamar “lógica sacrificial”: en su prédica el diario dijo constantemente que había que refundar la República y que iba ser posible sobre la sangre de las víctimas, la muerte como un sacrificio necesario.

–El Tribunal lo compara con el manual de guerra de baja intensidad. ¿Coincide?

–Sí. Para nosotros hubo una combinación de accionar sobre las víctimas: por un lado, fue desde el accionar en el centro clandestino con el sentido centrado en la escena de la tortura; y por el otro lado, el plan criminal tenía otro plano que era el de la “baja intensidad”, pero que estaba dado por la difusión pública y la difusión de determinada situación que legitimó y produjo los crímenes. No se trata ya de un relato neutral de lo que ocurría, o siquiera interesado, sino de conductas que eran la implementación del plan criminal y, por eso, la función de infundir terror y de paralizar cualquier reacción social ante eso. Y esto, más allá de lo que se pueda llegar a avanzar con la investigación de los crímenes de los dos talleristas empleados de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Loyola (ver aparte).

–En el alegato ustedes dijeron que los medios fueron acríticos y reverentes con la dictadura. Plantearon a La Nueva Provincia como caso extremo. Pero es inevitable pensar en posiciones asumidas por otros diarios.

–Lo que hay que distinguir cuando se investigan estos hechos es un plano, que puede ser reprochable en términos sociales, académicos, periodísticos, de una responsabilidad social que pueda llegar a haber de algunos medios de lo que ha sido el aval acrítico o implícito a los crímenes durante la dictadura. Eso puede ser un plano. Acá estamos hablando –habrá que ver si hay otro caso– de un eje en el que la actividad de prensa era parte de una operatoria criminal. No descarto que haya otros medios que hayan tenido una actividad de aval o silenciamiento de lo que fue ocurriendo. Ahora, en este caso, la bisagra deja de ser algo opinable y pasa al plano de lo ilícito.

–Así como las causas avanzaron en analizar distintos tipos de responsabilidades: militares, los jueces, las empresas, ¿cree que este es un camino que la Justicia empezará a mirar?

–El juzgamiento de estos hechos tuvo en su primera etapa al sector militar. Ahora, a medida que se avanza, empiezan a aparecer responsabilidades civiles. En principio, dentro el propio Poder Judicial, luego dentro de los cuadros dirigenciales, como sucedió con (Jaime) Smart, que asumieron la función represiva, y también el sector empresario. Vilas contaba que en Bahía Blanca habilitaron una línea telefónica para recibir denuncias, y que tuvieron que comenzar a filtrar por la cantidad de empresarios que llamaban para pedir sacarse de encima a los empleados. Creo que, en parte, el límite de estos juzgamientos es simplemente de prueba. No tiene que haber otro límite que no sea el cúmulo de prueba que se pueda juntar. Y a partir de allí, avanzar en las imputaciones religiosas, empresarias o militares. El Estado nacional tiene el deber de juzgar y no acotar responsables, como fue la intención inicial.