El suspendido intendente Omar Goye dijo ayer que acepta la medida tomada por los concejales, pero que “la guerra recién comienza”.
Imagen: Télam.

El intendente de Bariloche, Omar Goye, fue suspendido ayer de su cargo en una votación de diez a uno en el Concejo Deliberante. Es la primera consecuencia política de los saqueos ocurridos el 20 de diciembre, en que un grupo vinculado con la Cooperativa Primero de Mayo, de fluida relación con el intendente, robó en forma masiva dos supermercados –Chango Más y Diarco– en esa localidad rionegrina. La intendencia será asumida por la presidenta del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini, del Frente para la Victoria, pero el proceso de destitución recién comienza. Dentro de los 60 días se realizará un referéndum y después, en caso de conseguirse mayoría a favor de la destitución, se elegirá nuevo mandatario de Bariloche. Goye adelantó ayer que acepta la suspensión, pero dijo que “la guerra recién empieza”, con lo que dio a entender que no va a renunciar, algo que le piden buena parte de las organizaciones políticas y sociales barilochenses por el alto costo económico del proceso de destitución. También el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Angel Pichetto le pidieron a Goye que dé un paso al costado.

Goye pertenece a la tradicional familia de Bariloche, de origen suizo, conocida entre otras cosas por la chocolatería Abuela Goye. Su actividad principal, sin embargo, es la de contador y su estudio asesoró a una parte importante de los gremios de Bariloche. Además fue titular de la poderosa Cooperativa de Electricidad Bariloche, proveedora de gran parte de los servicios de esa ciudad. Hasta ayer ejerció la intendencia que ganó en 2011 con sólo el 30 por ciento de los votos y su gestión estuvo llena de traspiés: casi todos sus secretarios renunciaron. Goye tiene algunos antecedentes ruidosos, como una causa en la que está procesado y que tuvo que ver con el Policlínico Arbos –del que era contador–, que se vio frustrado por el desvío de 2 millones de dólares.

Más allá del pasado, los saqueos produjeron un rotundo cambio en la vida de Goye como funcionario. Las imágenes recorrieron el país y provocaron un efecto contagio en varias ciudades y localidades. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó las riendas de la situación y, tras un encuentro con el gobernador Weretilneck y el senador Pichetto, virtualmente reclamó la destitución del mandatario por sus vínculos con los saqueadores. Goye fue elegido como candidato del Frente para la Victoria, de manera que la Presidenta ordenó que se tomen medidas contra alguien de su propia fuerza política. Un dato llamativo es que el Grupo Clarín, que es dueño del canal y la radio más importantes y venía fustigando duramente a Goye, tras la intervención de la Presidenta, pasó a considerarlo casi un perseguido.

La causa judicial, instruida por el fiscal Eduardo Fernández, corroboró las primeras impresiones: los saqueos fueron protagonizados por integrantes de la Cooperativa Primero de Mayo, una organización social que incluso después de los robos recibió dos cheques de la intendencia. La Cooperativa realizaba trabajos irregulares, pero lo que más se cuestiona es que sus dirigentes encabezaron la movida sobre todo frente al Chango Más. El fiscal –en diálogo con Radio Del Plata– confirmó que los cinco detenidos, dos hombres y tres mujeres, aparecen en las imágenes tanto en fotos como en videos que la fiscalía recogió de las redes sociales, dando el puntapié inicial a los robos. Fernández explicó que se secuestraron los autos utilizados en los saqueos, una parte importante de la mercadería, se tomaron testimonios y sobre esa base se pidieron las detenciones. Los líderes de la Cooperativa, Miguel “El Mohicano” Mansilla y José Paredes, fueron derivados de inmediato a la prisión de Viedma, mientras que las mujeres, Catalina Lineros, Haydé Grande y Giselle Poblete, están alojadas en Roca. Desde ambos lugares surgieron denuncias por malos tratos y ayer por la tarde unos diez integrantes de la Cooperativa cortaban la estratégica ruta que une Bariloche con El Bolsón, reclamando la libertad de los detenidos. Los integrantes de la Primero de Mayo sostienen que ellos fueron a pedir bolsones de comida, pero que cuando llegaron ya había saqueos. El fiscal Fernández y el juez Ricardo Calcagno afirman que las imágenes dicen lo contrario.

Cuando este cronista le preguntó a Fernández si tiene pensado citar a Goye en la causa penal, señaló: “Quiero ser cuidadoso. Este es un expediente que está abierto. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que aquí hubo una organización belicosa que integraron los detenidos, y que fueron la punta de lanza de los robos. Después se sumaron otras personas”. Fernández reiteró que todavía hay dos personas prófugas.

La relación de Goye con los saqueos –según la acusación– comenzó en los días previos, cuando el intendente empezó a advertir que podría haber incidentes de ese tipo. Goye utilizó ese argumento para exigir comida a los supermercados y, en concreto, señaló a Chango Más y a Diarco como las dos empresas que no entregaron tickets ni vales. Se interpretó casi como una extorsión. El mandatario emprendió un viaje a Buenos Aires y los saqueos fueron justamente contra los dos supermercados señalados por él.

Por entonces, la gestión de Goye ya estaba muy cuestionada. En el proyecto de revocatoria que votaron diez de los once concejales –sólo se opuso la concejala radical Elena Welleschik– se fundamentó el proceso de destitución por “ineptitud”, “irregularidades en el desempeño de su función” y “negligencia”, todos cargos que figuran en la Carta Orgánica como motivos de destitución del cargo. En las 25 páginas se habla, por ejemplo, de designaciones irregulares, no sólo de su propia hija sino de personas con antecedentes de homicidio; la aparición de un grupo que vendía publicidad en el espacio público, conocido como la Banda de San Miguel; ausencias reiteradas del municipio sin pedir el correspondiente permiso del Concejo, cuentas poco claras y, por supuesto, la relación con los saqueos. La concejala de la UCR no se opuso porque considerara que Goye no debía ser removido sino para que quedara claro que la responsabilidad fue del peronismo provincial. A favor de la destitución votaron los tres concejales del Frente Grande, los tres del Frente para la Victoria, la socialista y tres vecinalistas. Estos cuatro criticaron al FpV, pero votaron la destitución porque estimaron que el intendente no puede seguir en su cargo.

Mientras se desarrolle el proceso para remover al intendente, que durará no menos de 60 días, el cargo quedará en manos de la titular del Concejo, María Eugenia Martini. Sus palabras ayer fueron lapidarias: “Acá se entregaron tickets de alimentos en forma oculta en el Centro Cívico; hubo delincuentes que entregaron comida en domicilios y el manejo de toda la cuestión social fue gravísimo”. Martini insistió en la responsabilidad política de Goye en los saqueos. Ayer, la intendenta interina pidió la renuncia de todos los funcionarios y parece claro que armará un nuevo gobierno. Tendrá el apoyo del gobernador –ya se reunieron anoche– y del senador Pichetto. Un capítulo aparte será la elección del nuevo intendente, tal vez dentro de unos cinco meses: la crisis actual abre todas las posibilidades.