El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, viajará hoy a Córdoba para presentar un amparo ante los tribunales federales de esa provincia con el objetivo de frenar las clausuras de las antenas de TDA ordenadas por el gobernador José Manuel de la Sota. El mandatario cerró las cinco antenas que se habían instalado bajo el pretexto que Arsat no había presentado los informes ambientales correspondientes. Sin embargo, la Defensoría del Público de la Afsca dio a conocer, a través de una documentación de la CNC, que se presentaron los expedientes correspondientes ante la Secretaría de Ambiente de Córdoba. En dicho documento se afirma que “los niveles de radiación emitidos durante la operación de las antenas no son peligrosos”. Este documento, avalado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba según la información difundida por la Defensoría del Público, contradice el argumento de la provincia cordobesa, que a través de una carta documento sostuvo que “dichas antenas y sus montajes son irregulares”.

“Los valores obtenidos de los cálculos de Intensidad de Campo Eléctrico (ICE) son notablemente inferiores a los valores máximos de exposición permitidos según la norma (...). Estos estarían aproximadamente 37 veces (36,89) por debajo del límite máximo establecido en la normativa vigente en nuestro país, siendo además coincidente con la recomendación que dictara a posteriori la Organización Mundial de la Salud.” Esta información puede encontrarse en el “Trámite de aviso de proyecto”, es decir la documentación requerida por las autoridades cordobesas para la instalación de las antenas (este caso corresponde a Leones), pero que ahora es desconocida por De la Sota.

“Tal cual es la característica de vuestro gobierno, en forma arbitraria y patoteril, vuestros funcionarios han instalado y puesto en funcionamiento antenas que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General del Ambiente (Nº 7343). Es más, ni siquiera los han solicitado”, sostiene la carta documento firmada por Manuel Calvo, ministro de Agua, Ambiente y Energía de la provincia de Córdoba.

De la Sota ya anunció que quiere ser candidato presidencial y se expone como un férreo opositor al gobierno nacional. Sin embargo, la implementación de las antenas de TDA comenzó en Córdoba con el aval del propio mandatario, situación que ahora pretende desconocer. La antena de Río Cuarto se había montado en las instalaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), a través de la firma de un convenio entre Arsat y dicha compañía estatal. El acuerdo consistía en la instalación de la antena de TDA, que a su vez serviría como infraestructura para migrar las antenas que ya estaban funcionando en ese predio.

Entre el 3 y 5 de diciembre del año pasado, De la Sota instó a las autoridades de EPEC a romper el convenio, clausuró la antena y decomisó todos los bienes vinculados a la TDA, los cuales son reclamados sistemáticamente por Arsat desde el 13 de diciembre del año pasado vía carta documento.

“Miente el Ejecutivo provincial al tratar al gobierno nacional de tener actitudes autoritarias y patoteriles en la instalación de las estaciones de TV digital (...). Ha sido el Ejecutivo provincial con esta nueva falacia pseudoambiental quien ha tenido una actitud autoritaria, patoteril y agraviante. La hipocresía no es el mejor camino para conducir la cosa pública. Los que tienen la mayor responsabilidad deben serenar sus espíritus, controlar las desmedidas ambiciones y no seguir perjudicando a los cordobeses”, cuestionó Alberto Cantero, director de Radio y Televisión Argentina (RTA SE).

Las cinco antenas instaladas en Córdoba tenían un alcance de 2,7 millones de habitantes. En la provincia se habían distribuido en hogares, de manera gratuita, 107.000 decodificadores, con un alcance estimado en 500.000 personas que habían adquirido el derecho de acceder a una veintena de canales que, de otra manera, debían pagar a empresas privadas, como Cablevisión, del Grupo Clarín, que tiene en la provincia 33 licencias, cuando la ley sólo le permite 24 a nivel nacional.

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