[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El discurso de la Presidenta y los fundamentos que acompañan el proyecto de ley de aprobación del acuerdo Argentina e Irán trasladan al Congreso algunas de las polémicas sobre la redacción del memorándum, pero lo más importante es que se traslada la cuestión de fondo: cómo destrabar 18 años y medio de estancamiento en la llamada pista internacional.

Por supuesto que lo mejor sería que los imputados iraníes se entreguen a la Justicia argentina, vengan a Buenos Aires esposados y esperen aquí la realización de un juicio. Esa alternativa fue inviable en los casi 20 años transcurridos desde el atentado. Quedaría entonces como posibilidad la de seguir reclamando en los foros internacionales, en especial las Naciones Unidas, con pocas chances de que se concrete un avance.

El texto firmado en Addis Abeba tiene el objetivo de que un juez federal argentino, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Alberto Nisman indaguen a cinco de los sospechosos. El Poder Ejecutivo abre la posibilidad: el magistrado y el fiscal obviamente sólo viajarán a Teherán si consideran que las declaraciones serán válidas desde el punto de vista judicial. La Corte Suprema y la Procuración deberán autorizar los viajes y los gastos, de manera que tampoco darán el visto bueno si piensan que el trámite judicial es inválido.

Hasta ahora, Canicoba Corral ha dicho que no ve objeciones, siempre y cuando la Comisión de la Verdad no emita dictámenes obligatorios, y el fiscal Nisman le dijo a este diario el lunes pasado que acompañará el proceso.

En el caso de Alí Falayan, ex ministro de Inteligencia, de Mohsen Rezzai, ex comandante de los Guardianes de la Revolución, y de Ahmad Vahidi, ex comandante de las fuerzas Al Quds (brigadas armadas), se les preguntará sobre algo que quizás es muy difícil de probar: que en 1993 estuvieron en una reunión, en la ciudad iraní de Mahshad, en la que se decidió el atentado.

Pero respecto de los otros dos indagados, el ex agregado cultural Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada de Irán en la Argentina Ahmad Asgari, hay muchísimo más para preguntar. Nisman asegura tener cruces telefónicos comprometedores e incluso señala como prueba –existe foto– que Rabbani estuvo averiguando precios de camionetas Trafic en la avenida Juan B. Justo tiempo antes del atentado de julio de 1994. Es más, Nisman asegura que Rabbani estuvo muy cerca de la AMIA en el momento del ataque supervisando la operación. Está cantado que si se avanzara en evidencias contra alguno de los iraníes, la imputación no quedará sólo contra ese, porque es obvio que no habría actuado solo.

Hubo quienes salieron a rechazar frontalmente el acuerdo firmado por Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi, por ejemplo diciendo que no hay garantías de que se mantengan los alertas rojos en las órdenes de captura de Interpol. El tema fue planteado por los familiares agrupados en Memoria Activa y ello motivó una consulta a la organización internacional de policía. La respuesta fue que los alertas rojos sólo pueden ser levantados por orden del juez.

El otro punto concreto de objeción tiene que ver con las facultades de la Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales. Para la Cancillería esa Comisión le da garantías a todo el proceso y no tiene ninguna facultad judicial, sólo puede asesorar a los Ejecutivos. El juez ya dijo que lo fundamental es que no tenga ninguna facultad de Cámara de Apelaciones o sea que no haga dictámenes respecto de las resoluciones del fiscal y el magistrado. Debería abrírseles un crédito a personalidades como Baltasar Garzón o el ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Claudio Grossman –los nombres barajados– de que no van a incurrir en acciones contrarias a la ley.

Pero lo cierto es que la mayor objeción escuchada hasta ahora es que no se puede confiar en Irán y que no se puede negociar nada con el régimen de Teherán. En el caso del atentado de Lockerbie, hubo negociaciones –llevadas adelante por Nelson Mandela– con Muammar Khadafi, que por entonces completaba casi 40 años en el poder. Fue lo único que permitió cierto avance en aquel expediente y hasta un juicio. Brasil mantuvo siempre buenas relaciones con Irán y buscó intermediar hace unos años para que se concrete lo que ahora se está concretando. ¿Por qué Irán negocia ahora y no cuando se lo planteó Lula? Tal vez porque está en un momento de debilidad internacional. Razón por la cual también se preparan las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán.

Nada será fácil, el éxito no está asegurado, los imputados podrían negarse a declarar como puede hacerlo cualquier imputado en cualquier causa en Buenos Aires; los funcionarios judiciales de uno u otro país podrían decir, ya en el terreno, que las cosas no se hacen como consideran que es legal. Pueden surgir obstáculos, es innegable. Pero el intento consiste en tratar de romper con un fracaso que lleva casi 19 años.

[email protected]