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El acuerdo entre Argentina e Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA tendrá un fuerte debate en el Congreso nacional. Desde la oposición, distintas fuerzas como la UCR, el PRO, sectores del FAP y del peronismo disidente ya adelantaron que no acompañan la iniciativa y exigieron que se presente el canciller Héctor Timerman para dar explicaciones del acta firmada por nuestro país. “Está bastante claro que se trata de un acuerdo político entre los dos países y eso es casi imposible de traducir en la causa penal argentina”, aseguró a Página/12 el titular del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, quien advirtió sobre las facultades que tendrá la Comisión de la Verdad creada con este tratado. Sin embargo, fuentes parlamentarias del kirchnerismo confían en que lograrán su aprobación.

Distintas fuentes del Senado y de la Cámara de Diputados desconocían anoche si se convocará a sesiones extraordinarias para su tratamiento y aprobación del acuerdo. De no mediar un decreto presidencial que lo habilite, no podría emitirse dictamen de comisión y consecuentemente tratarse el tema en el recinto de ninguna de las dos Cámaras. Como el próximo lunes y martes son feriados, recién podría comenzar a analizarse el miércoles. Este tipo de proyectos de ley, que ratifican un tratado bilateral, suelen comenzar su tratamiento por el Senado, donde el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Daniel Filmus, se mostró dispuesto a convocar al canciller Héctor Timerman.

“Puedo adelantar que si no hay explicaciones muy satisfactorias respecto de esto nosotros no vamos a convalidar el tratado. Porque más allá de las intenciones, hacer un acuerdo político para llevar al progreso de una causa judicial es imposible, porque no hay sometimiento a la jurisdicción argentina”, aseguró el radical Gil Lavedra, titular de la bancada mayoritaria de la oposición. Desde el FAP, el partido GEN –que lidera Margarita Stolbizer– adelantó su rechazo y consideró que “no es un paso adelante en la investigación, sino al contrario, ya que deja a salvo los avances alcanzados y la identificación de los sospechosos sobre lo que ya se ha expedido la Justicia argentina”. A contramano de las explicaciones oficiales y la posición del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, el espacio de Stolbizer consideró que el acuerdo “sería dotar de legitimidad a esta renuncia irresponsable a la soberanía y jurisdicción en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

En el mismo sentido, el peronista disidente Gustavo Ferrari sostuvo que “el atentado contra la AMIA no es materia de negociación ni de diálogo, sino que es una cuestión judicial entre acusador y acusado”. Puntualmente, los opositores criticaron que el acuerdo dice “interrogar” en vez de “indagar” y alertaron sobre las facultades de la Comisión de la Verdad para hacer “recomendaciones”. Laura Alonso, del PRO, lanzó que se trata de un “acuerdo absurdo” que “habla de la vileza de un gobierno desbocado y sin rumbo”.

Del otro lado, el diputado nacional por Nuevo Encuentro Carlos Raimundi rechazó esas interpretaciones y consideró que el envío al Parlamento del memorando “le otorga a la iniciativa un mayor respaldo institucional, a la vez que compromete aún más a las autoridades iraníes a garantizar su cumplimiento”. Además de aprobarse en el Congreso nacional, el acuerdo debe ser aprobado en el Parlamento iraní.