Esta mañana, los abogados de los tres heridos sobrevivientes al ataque de una patota de ferroviarios, el 20 de octubre de 2010, comenzarán a explicar los fundamentos que sostienen sus pedidos de condena en el juicio en el que se juzga el asesinato de Mariano Ferreyra. Para Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), y María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), los 17 dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria, integrantes del grupo de ataque y policías –desde el ex líder gremial José Pedraza hasta el camarógrafo policial David Villalba– son responsables de los delitos cometidos contra los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. La querella no diferenciará penas para ninguno de los imputados, en tanto que solicitará al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Ciudad de Buenos Aires que se reabra la instrucción para investigar los roles de directivos de la empresa Ugofe, administradora de la ex línea Roca de trenes, y funcionarios y ex funcionarios del gobierno nacional. “Consideramos que el juicio es importantísimo, pero está incompleto. Son todos los que están, pero no están todos los que son”, expresó Verdú en relación con la cantidad de acusados involucrados en el juicio oral.

El alegato de la querella de Rodríguez, Pintos y Aguirre llega luego de la extensa jornada del martes, en la que el Centro de Estudios Legales y Sociales en representación de la familia de Mariano Ferreyra, la víctima fatal de aquel ataque sucedido en las inmediaciones del ferrocarril, solicitó condenas de prisión perpetua para la mayoría de los imputados.

A diferencia de aquel pedido, el que formularán los abogados de APEL y Correpi entiende que todos los acusados son responsables de homicidio agravado en grado de tentativa en el caso de las tres víctimas. En el marco del ataque de una patota de ferroviarios a un grupo de empleados tercerizados de la ex Roca y militantes de agrupaciones políticas y sociales, que aquel 20 de octubre de 2010 intentaron sin éxito cortar las vías del tren para realizar reclamos laborales, Rodríguez, Pintos y Aguirre sufrieron impactos de bala. A la mujer la bala le alcanzó en la cabeza, provocándole graves daños de los que recién ahora se está empezando a recuperar.

Además consideran que el camino recorrido de la investigación amerita que se investigue a un grupo de personas que “logró evadir la acción de la Justicia” hasta esta etapa. Así trascendió que en el petitorio final destinado a los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi sumarán el pedido de que ordenen la continuación de la instrucción contra miembros de la patota que formaron parte de la planificación del ataque junto con Pedraza y su ex número dos en el sindicato. También agregarán a dos sectores que no resultaron involucrados en el juicio: la empresa Ugofe y los funcionarios y ex funcionarios del área. Los nombres señalados por la querella de los tres militantes heridos serían los del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; el ex subsecretario de Transporte Antonio Luna; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y su número dos, Noemí Rial.

La querella que los representa diferenciará “los roles” que los dirigentes gremiales y los ferroviarios que integraron la patota, jugaron en la elaboración y puesta en marcha del plan que acabó con tres militantes heridos y uno muerto. Sin embargo, instigadores, coautores y partícipes recibirán el mismo pedido de pena.

En cuanto a los policías, y al igual que los allegados de la familia de Ferreyra, los abogados de Correpi y APEL también consideraron que, a lo largo del debate, se probó su responsabilidad. Verdú, Ferrero y Jalil apuntan que no hubo un delito posterior a las heridas y la muerte por descuido, inacción o incapacidad, sino que desde el principio ellos formaron parte del plan criminal.