El Gobierno denunciará hoy penalmente a Adecua por haber “defraudado” a más de 1,7 millón de consumidores con los acuerdos que firmó con seis bancos y financieras. Página/12 pudo confirmar la noticia con fuentes cercanas al expediente. El delito prevé una pena de uno a seis años de prisión. Los acusados serán Sandra González, presidenta de la entidad; Osvaldo Riopedre, director ejecutivo y apoderado, e incluiría a otros miembros de la comisión directiva. La presentación se funda en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que castiga a quienes defraudaran “el cuidado de intereses pecuniarios ajenos, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido”. El inciso también estipula sanciones para quienes “violando sus deberes perjudicara los intereses confiados u obligara abusivamente al titular de éstos”.

La denuncia penal contra Adecua abriría paso a otras acciones judiciales contra la asociación. La presentación de hoy correrá por cuenta de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que conduce María Lucila “Pimpi” Colombo. La gravedad de la acusación está en línea con los hechos objetados. Según el Gobierno, los convenios que suscribió Adecua tuvieron la intención de esconder a los consumidores su derecho a obtener una reparación por los seguros y cargos mal cobrados en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjetas de crédito. De lo contrario, plantea, el resultado no hubiera sido que sólo 15.672 personas consiguieron recuperar lo que les habían retenido de más, contra 1.736.499 que no recibieron un solo peso. A su vez, los abogados de Adecua embolsaron 15,6 millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos y financieras, los cuales se “ahorraron” 367 millones de pesos en indemnizaciones.

Los acuerdos fueron firmados por Adecua con los bancos Santander Río, Galicia, Privado de Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella, la financiera GMAC y la Tarjeta Naranja. El arreglo con esta última entidad incluye un artículo de confidencialidad que refuerza la posición de los denunciantes sobre la supuesta voluntad de que el acuerdo tuviera escasa difusión. “Las partes acordaron reserva en orden a que toda publicación, publicidad, información periodística o cualquier otra que pueda resultar en dar a publicidad los términos de este acuerdo deberá ser aprobada por ambas partes por escrito, con excepción de aquellas que realice Tarjeta Naranja a sus clientes”, dice esa cláusula que aceptó Adecua. El resultado del convenio fue que sólo 75 personas hicieron el trámite para cobrar una reparación, por un total de 2432 pesos. Los abogados de la asociación percibieron 784.525 pesos de honorarios, de los cuales 40 mil fueron girados a la propia entidad.

La presentación judicial que se hará hoy ante la Justicia penal recuerda que el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que las restituciones de dinero deben efectuarse por los mismos medios en que fueron percibidas. Es decir, si hubo un descuento automático en caja de ahorro, la reparación debió hacerse del mismo modo en la misma cuenta, sin necesidad de que el cliente tuviera que someterse a ningún trámite. En lugar de ello, los acuerdos de Adecua determinaron que los usuarios debían ir a reclamar el dinero a las sucursales bancarias, con un plazo de 60 días como máximo.

Adecua está facultada por la Ley de Defensa del Consumidor a plantear acciones colectivas en resguardo de todos los clientes de una empresa. Al aceptar aquellas condiciones para el pago de indemnizaciones con bancos y financieras, defraudó a sus representados, según argumenta la denuncia oficial. Si la intención de la entidad hubiera sido que los acuerdos tuvieran amplia difusión y alcance, podría haber exigido a las empresas el envío de comunicaciones fehacientes a cada uno de sus clientes, por ejemplo por carta o en los propios resúmenes de cuentas mensuales. Sin embargo, no hizo nada de esto, aceptó que la difusión quedara acotada a dos pequeños avisos en diarios de tirada nacional y mantuvo esta metodología en cinco oportunidades luego de comprobar con el primer acuerdo que apenas 109 personas sobre 615.500 habían conseguido cobrar una indemnización del Banco Santander Río.