El Senado aprobó ayer el memorándum de entendimiento con la República de Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. Por 39 votos a favor y 31 en contra, el Frente para la Victoria y senadores aliados giraron el acuerdo a Diputados para su tratamiento la próxima semana. Desde la oposición, la UCR, el peronismo disidente y el FAP criticaron en duros términos la iniciativa, que consideraron “inconstitucional” y un retroceso en la búsqueda del esclarecimiento del atentado. “El memorando es un esfuerzo para que no haya impunidad. Lo más fácil hubiera sido dejar todo como está, que no traería costos políticos, pero no queremos eso. Sabemos que cuando no se castiga a los culpables la historia puede repetirse”, aseguró Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro informante del proyecto.

El extenso debate en torno del atentado ocurrido en 1994 sobre la sede de la AMIA comenzó cerca del mediodía, cuando el oficialismo consiguió el quórum necesario para iniciar la sesión extraordinaria, convocada especialmente por la presidenta Cristina Kirchner. Los legisladores de la oposición esperaban en los alrededores del recinto, tal como habían acordado sus pares de diputados con las autoridades de la DAIA.

Los nueve puntos del acuerdo implican la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por cinco juristas internacionales, dos de ellos propuestos por cada país y el quinto en consenso entre ambas partes. Esa comisión solicitará y analizará información, podrá participar de las audiencias que se realizarán en Teherán y emitirá recomendaciones que serán tenidas en cuenta por las partes (los gobiernos, no por las Justicias) y que no serán vinculantes.

Las casi once horas de debate sobre el tema arrancaron con la presentación de Filmus, en un discurso con pasajes emotivos. “No quiero impunidad. Quiero que los acusados se enfrenten cara a cara con la Justicia argentina. No quiero que pase lo que pasó con la Embajada de Israel. Estamos ante el atentado terrorista más grande de la historia argentina y uno de los más grandes del mundo”, aseguró el senador. En respuesta a uno de los planteos repetidos por la oposición, sobre la imposibilidad de acordar con un régimen como el iraní, Filmus remarcó que no comparten muchas posiciones del gobierno iraní. “Es un régimen que niega el Holocausto, que niega la existencia del Estado de Israel, que agrede a las minorías. No tenemos nada que ver con esa manera de pensar”, explicó el senador.

En respuesta a las sospechas sembradas por los opositores, el oficialismo también desmintió que existieran intereses económicos detrás del acuerdo con Irán y mostró la evolución del intercambio comercial con ese país en los últimos años.

“El esfuerzo del oficialismo es un esfuerzo retórico para maquillar una realidad que no puede sostener solamente con palabras. Y por eso, lejos de aclarar la cuestión, oscurese un poquito más”, arrancó el radical Ernesto Sanz en un encendido y elaborado discurso, que remarcó los avances que se han logrado en la causa luego de que se descubriera el encubrimiento: “No es verdad que la causa está paralizada y estancada”, sentenció el senador mendocino y reclamó que el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral se pronuncien sobre la conveniencia o no del memorándum.

Además, Sanz consideró que con el acuerdo pueden caer las órdenes de captura internacional emitidas por Interpol sobre los cinco ciudadanos iraníes acusados por el juez y el fiscal. Sobre el cierre del debate, el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, le recomendó leer no solamente el artículo 81 del reglamento de Interpol, sino el 82, donde dice que las alertas rojas se pueden levantar si se ha cumplido con la “finalidad” de las mismas. En este caso, prosiguió Pichetto, la finalidad es “detener a los imputados para tomar declaración indagatoria”, por lo cual la facultad para determinar si se cumplió con la finalidad es del juez argentino.

Otro de los senadores que más duramente cuestionaron el acuerdo es el radical Gerardo Morales. “Hay contradicciones, mentiras y también ocultamiento”, aseguró el jujeño, en referencia a las explicaciones que dio el canciller Héctor Timerman la semana pasada. Para el senador radical, se trata de un cambio de posición de la Argentina, una “claudicación” y un cesión de soberanía. En el mismo sentido opinó el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, quien sostuvo que se pone en duda todo lo actuado por la Justicia y se está poniendo “en el banquillo de los acusados” al expediente judicial argentino. “Nos dividen con un acuerdo que no nos lleva ni a la verdad ni a la justicia”, remató.

El socialista Rubén Giustiniani, habitualmente más moderado que sus colegas de la oposición, dijo que el acuerdo “nos aleja lamentablemente de la verdad y la justicia” y que, además, hay una violación de la “división de poderes” porque hay interferencias del Legislativo y el Ejecutivo en el desenvolvimiento de la causa judicial. “Con el terrorismo no se negocia”, dijo el titular de la bancada radical, José Cano, citando una frase de un discurso del senador Aníbal Fernández de cuando era jefe de Gabinete.

El propio Aníbal Fernández consideró luego que los argumentos opositores fueron “pobres” ya que se trata de una discusión entre Estados y que el acuerdo es “una atribución del Poder Ejecutivo, así como es atribución del Congreso aceptarlo o rechazarlo”. “Todo lo que se dijo es retorcido, amañado y para encontrar algo que tenga olor a turbio. La verdad es que estamos hablando de un tratado normal entre dos Estados”, sentenció Fernández.

El senador de Nuevo Encuentro, Osvaldo López, uno de los seis aliados que votaron con el oficialismo, rescató la posibilidad de indagar a los imputados y aclaró que no se puede conocer el resultado del proceso, “como en cualquier causa judicial”.

“Otra vez este Congreso está votando una ley de impunidad”, aseguró María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, quien comparó el memorándum con las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de Carlos Menem. “Parece que lo que hay que construir en la sociedad argentina son títulos. Se habla de punto final. La palabra devaluada se dice en Argentina con una liviandad extraordinaria. Gente que debería tener responsabilidad”, arremetió Pichetto, en respuesta a Estenssoro y varios senadores opositores que se hicieron eco de las palabras de Laura Ginsberg, representante de Apemia, una agrupación de familiares de las víctimas del atentado desprendida de Memoria Activa en 2002.

Como orador de cierre, Pichetto cuestionó la posición “dual” de las entidades de la comunidad judía AMIA y DAIA, que cambiaron de posición respecto del acuerdo. “Están corridos por la derecha religiosa, que no solamente opera en Israel sino también en la Argentina. Además, la imprudencia y la irresponsabilidad en el manejo de las palabras de (Guillermo) Borger, que no se le movió un pelo para decir que iba a haber un tercer atentado”, denunció el jefe del bloque oficialista.

El tema pasará ahora a Diputados, donde el kirchnerismo deberá trabajar para conseguir el quórum, tarea más difícil de realizar que en el Senado, dada la relación de fuerzas y la magnitud de la Cámara baja (ver aparte). Hasta anoche, se esperaba que Timerman concurra al Diputados para responder nuevamente las preguntas de los legisladores.