Cuando llevaba más de tres horas de discurso, Cristina Kirchner dijo finalmente la palabrita tan esperada. “Democratización”, repitió entre frases alusivas al Poder Judicial. “Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, enfatizó y anunció que pronto enviará al Congreso un conjunto de proyectos de ley con los que pretende lograr ese objetivo. Enseguida anticipó los ejes de la reforma que imagina y puso como punto de partida una modificación del Consejo de la Magistratura –el organismo que elige y sanciona a los jueces– por la cual “la totalidad” de sus integrantes “sean elegidos por el pueblo” y que entre ellos pueda haber ciudadanos que no sean abogados o juristas, sino “académicos o científicos” de cualquier otro ámbito. Siguió con la creación de nuevas cámaras de Casación, como tercera instancia en fueros donde no existe, en plan de descomprimir a la Corte Suprema para que ella se enfoque en cuestiones de constitucionalidad. La lista de iniciativas también incluyó el ingreso por concurso al sistema judicial; la creación de un registro de causas en trámite que permita su monitoreo; y una ley que reglamente y limite las medidas cautelares. La Presidenta responsabilizó a la Corte por dos cuestiones que el propio tribunal –advirtió– podría revertir: el ocultamiento de las declaraciones juradas de los jueces y la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias (ver aparte).

El combo es muy vasto y, de ser aprobado íntegramente, generará sin dudas un sacudón de raíz en el aparato judicial. “Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron presidentes, y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada”, advirtió la jefa de Estado. A nadie, por lo menos en la Corte, se le escapó el detalle de que en el saludo inicial incluyó a todo el mundo –gobernadores, diplomáticos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, legisladoras y legisladores, el pueblo y los jóvenes– menos a los jueces supremos, dos de los cuales estaban allí sentados, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni.

Las leyes y medidas de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia tienen algunos rasgos salientes: no requieren una reforma constitucional; apuntan a reducir la hegemonía y los privilegios corporativos; se basan en una mayor participación popular en los procesos judiciales; e inevitablemente impactarán en el espectro de dominación y las funciones de la Corte Suprema.

Consejo popular

En Diputados preveían que los primeros proyectos ingresarán la semana que viene y que se apurará el tratamiento. La composición del Consejo de la Magistratura fue modificada en 2006, a raíz de una iniciativa de la propia Cristina Kirchner, entonces senadora. El organismo quedó con trece miembros (seis legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico), pero hoy está paralizado por la capacidad de bloqueo del sector opositor, que incluye a magistrados y abogados, manejado por el radicalismo. A los consejeros de cada estamento los eligen las propias corporaciones, desde determinadas asociaciones: “los abogados se eligen entre ellos, los jueces se eligen entre ellos”, ilustró la Presidenta. A los diputados y senadores, que sí surgen del voto popular, los asignan las cámaras. Según el proyecto de la mandataria los integrantes del Consejo tienen que ser “directamente elegidos por el pueblo. ¡Absolutamente ni los jueces ni los abogados tienen coronita!”, dijo. La sola idea de esta situación causó una revuelo ayer en Tribunales. Aunque aún no se conocen detalles, es difícil pensar en hacer ese tipo de elección sin que los candidatos queden asociados a fuerzas políticas, aun cuando la votación quede disociada de otras, nacionales, locales o parlamentarias. E inevitablemente todo deriva en una discusión sobre las implicancias de que a los propios jueces que anhelan ser consejeros, les financien su campaña. En la misma línea de la participación ciudadana, la Presidenta sostuvo que la Constitución en ningún lugar dice que los consejeros del ámbito académico o científico tienen que ser abogados, a pesar de que es la única especialidad designada. “Puede ser un médico, un contador, un economista, un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia al Consejo de la Magistratura”, dijo la mandataria. El proyecto oficial, es evidente, tratará de garantizarlo. Este cambio de dinámica en el organismo de selección y remoción de jueces implicaría un cambio de lógica con dos efectos posibles: invertiría la ecuación de los radicales en el Consejo y habilitaría la recuperación, para el organismo, de facultades que en los últimos años fue absorbiendo la Corte, entre ellas el manejo presupuestario, denunciado por el camarista Alejandro Slokar como método de “cooptación” y prebendario en el encuentro de esta semana de “Justicia legítima”.

Casaciones

En los últimos tiempos se habla mucho del “control de constitucionalidad difuso”, que permite que cualquier juez opine sobre la constitucionalidad de una ley. De momento, parece quedar descartada la opción de crear un tribunal constitucional que concentre esa tarea, según se desprende del discurso de ayer que, sin embargo, rescató la función de la Cámara de Casación Penal, y propuso reproducirla en otros fueros para “aligerar las causas que suben a la Corte”. La propuesta es crear una tercera instancia en tres ramas, con tres nuevas cámaras de Casación: Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Previsional y Laboral. En teoría, para el máximo tribunal, debería ser una buena noticia. De hecho, como dijo Lorenzetti esta semana, la política suprema es acotar cada vez más su campo de acción. No es que no intervendrían nunca, pero no lo harían ante cualquier recurso sino casi exclusivamente cuando haya que discutir cuestiones de constitucionalidad, al final del trayecto de un expediente. Se supone que este esquema debería descargar a la Corte, por ejemplo, de casos previsionales, que tramita de a miles. Es inédito en el mundo, dicen los entendidos, aunque hay países como Italia y Francia que lo aplican, no en todos los fueros.

Hay dos objeciones en puerta a las casaciones: que el Gobierno las quiere crear para designar sus propios jueces; y que prolongará más aún los procesos. Dos jueces de Casación y una camarista consultados por Página/12 pronosticaron que lo primero es posible pero poco probable: “Difícil que alguien consiga tantos jueces amigos, y más con todos los nombramientos que tienen atrasados”, coincidieron. La prolongación de los procesos es una posibilidad, pero –señalaron los jueces que hablaron con este diario– debería evitarse con un sistema control de la gestión de los jueces y del trámite de las causas, en cualquier tribunal o en la Corte. Hoy no existe ese control. Pero ésa fue otra de las reformas que Cristina Kirchner señaló que promoverá, a través de un “Registro de causas y publicidad”. “A veces no sabemos por qué algunos fallos están años allí en la Corte y otras salen más rápido”, dijo. Un caso record es la medida cautelar que le impide a la AFIP cobrarle al diario La Nación una deuda de 280 millones de pesos. La mandataria comparó: a los diputados y senadores, así como al Ejecutivo, “nos cuentan las costillas”.

Ingreso democrático

“También queremos democratizar el ingreso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es ‘conocido de’ o ‘pariente de’. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones (...) ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio”, proclamó Cristina Kirchner. En las últimas semanas se conocieron iniciativas dentro del propio sistema de justicia para instalar mecanismos de ingreso por concurso: ya lo implementó la Defensoría General y se discute en la Cámara del Crimen. En rigor, la Corte o el Consejo podrían directamente reformar el Reglamento para la Justicia Nacional y establecer una medida general de ingreso abierto por exámenes, pero no lo hicieron ni lo hacen. Es posible, así las cosas, que el Ejecutivo mande un proyecto. En cambio, la Presidenta advirtió que sólo los jueces supremos pueden revisar por qué no se aplica para el Poder Judicial la ley que obliga a todo el mundo por igual a pagar Impuesto a las Ganancias. Y algo similar, añadió, podría aplicarse a la publicidad de las declaraciones juradas.

La Presidenta dijo que era consciente de que ella había “disparado” el debate sobre una “Justicia legítima” cuando habló de democratizar la Justicia. Fue después de la sentencia que absolvió a los sospechosos del secuestro de Marita Verón, que instaló la idea de que ese desenlace con el juicio por jurados no hubiera pasado. Pero ese sistema de enjuiciamiento no estuvo ayer entre los anuncios presidenciales. El enfrentamiento con la Cámara en lo Civil y Comercial, por las cautelares a favor de Clarín, había sido otro de los detonantes. Habrá un proyecto para reglamentar esas medidas (ver aparte) y el movimiento crítico de “Justicia legítima” ya quedó instalado mientras pugna ambiciosamente por más modificaciones, incluso culturales.