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El director nacional del Registro Nacional de Armas (Renar), Matías Molle, se presentó ayer voluntariamente ante la Justicia para poner a su disposición la base completa de usuarios de armas y portaciones entregadas por el organismo. En el escrito dirigido a la Unidad Fiscal de Investigaciones del Registro Nacional de Armas, a cargo del fiscal Jorge Di Lello, Molle afirmó que el objeto de la presentación es rechazar y desmentir en forma categórica “las versiones que de manera ligera se han desparramado públicamente”, en las que se le adjudica al Renar el reparto de permisos de portación y tenencia de armas a organizaciones sociales y políticas ligadas al kirchnerismo. Allí, Molle también le solicitó a Di Lello que “establezca” las medidas necesarias para “dilucidar la veracidad o falsedad de las versiones”.

“Las temerarias versiones arrojadas al público no admiten medias tintas ni demoras”, señaló la presentación de Molle, a través de la cual promueve la denuncia para que la Justicia “establezca definitiva e indudablemente la verdad o la falsedad” de las versiones periodísticas. Las mismas que le adjudican al Renar el reparto de “500 permisos para portar armas” que la organización social Túpac Amaru tendría registradas a su nombre, según la denuncia realizada por el senador radical jujeño Gerardo Morales y a la que luego se sumaron otros dirigentes opositores.

Según señala Molle en el escrito, la presentación se hace “a raíz de una campaña de contrainformación que en los últimos días” viene promoviendo “el multimedios Clarín a través de varios de sus empleados, en los que ligeramente y sobre la base de versiones infundadas y trascendidos carentes de respaldo objetivo se desparraman gravísimas acusaciones sobre el funcionamiento del organismo público a mi cargo, relacionadas con la supuesta entrega irregular de autorizaciones para portar o tener armas”.

Por esa razón, el director del Renar también puso a disposición del fiscal “la base completa de usuarios de armas y materiales controlados” por ese organismo. Del mismo modo le solicitó al fiscal que “adopte las medidas que entiendan mejor procedan a efectos de dilucidar la real situación de la materia”.

De esta manera, el director del Renar promueve una denuncia y abre las puertas a una investigación judicial para establecer la veracidad de las versiones difundidas públicamente y sobre la actuación de ese organismo.