Fue casi como mover una montaña, pero se logró. La Cámara de Casación revocó el último sobreseimiento que le quedaba al ex juez federal Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad en tres procesos judiciales, y le prohibió la salida del país. Además, los jueces de ese tribunal agravaron los cargos contra Lona en la causa por supuesto “encubrimiento y prevaricato” en once denuncias por secuestros y homicidios, antes y durante la dictadura cívico-militar. “Consideraron que su actuación no fue sólo de encubridor, sino también de coautor de los hechos junto con los militares y policías imputados y, por lo tanto, podría recibir una pena más grave, pero como paso previo le impidieron que salga del país”, explicó a Página/12 el fiscal federal Horacio Azzolin. Casación ya había revertido dos sobreseimientos dictados por la Cámara Federal de Salta que favorecieron a Lona y ahora vuelve a estar imputado, pero en un escenario en el que 67 magistrados salteños se excusaron por sus vínculos con el ex juez. El fallo no es un caso aislado, se enmarca en el avance del juzgamiento de los autores civiles del terrorismo de Estado, y más específicamente de su capítulo judicial.

Los jueces de la Sala II del máximo tribunal penal del país hicieron lugar a un planteo de los fiscales Azzolin y Javier De Luca, de la Unidad Especial que coordina Jorge Auat. Lona había sido sobreseído el 23 de junio de 2010 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en un fallo que ayer fue revocado y calificado de “arbitrario” por los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. “Se advierte que en la resolución impugnada se desvincularon los delitos atribuidos a Lona del contexto en el que habrían ocurrido. Tal escisión es arbitraria toda vez que no contiene un análisis valorativo de los elementos de juicio colectados que sustenten el aserto” de que los delitos atribuidos al ex magistrado estaban prescriptos. A Lona se le atribuye no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura. Según quedó establecido, “no realizó investigación ni diligencia alguna” hasta el retorno democrático. Los camaristas mencionaron en su fallo uno de los argumentos que había expuesto el fiscal De Luca: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.

Lona estaría en Buenos Aires y, según fuentes judiciales, asistió a la audiencia de lectura del fallo. Pese a ello se ordenó al Juzgado Federal 2 de Salta instrumentar la prohibición de salida del país y, además, “con la celeridad y resguardos que el caso reclama”, continuar la investigación. En este sentido, la Justicia podría dictar alguna otra medida para con el ex magistrado.

La Cámara salteña había cerrado la causa por considerar que no se trató de delitos de lesa humanidad y, por ende, estaban prescriptos, pero Casación entendió que los cargos que se atribuyen al ex juez deben analizarse “en el contexto ocurrido”. Según los jueces de la Sala II de Casación, la Cámara de Salta “ha cancelado indebidamente la investigación de otros comportamientos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”. Tras calificar como “arbitrario” el sobreseimiento definitivo de Lona, ordenó devolver la causa al Juzgado Federal 2 de Salta para que se reactive la pesquisa.

Lona estuvo varios años imputado sin resolución en tres grandes causas: la que investigó la denominada Masacre de Palomitas –ocurrida el 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presas y presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron asesinados en el paraje de ese nombre–, la que lo investigó por el presunto encubrimiento y la omisión de sus deberes en la investigación por la desaparición del gobernador Miguel Ragone, y el expediente en el que acaba de expedirse Casación por once casos en los que Lona recibió las denuncias y miró para otro lado.

“Los jueces de instrucción salteños avanzaron de a poco contra Lona, con sus tiempos, pero lo indagaron y lo procesaron en su momento. Sucede que la Cámara de Salta consideró que todos esos delitos estaban prescriptos, pero ahora Casación dijo no, hay que investigarlo, en tres resoluciones dijeron que puede ser partícipe directo. Hay que tener en cuenta que Lona es muy poderoso en Salta porque fue juez federal por mucho tiempo, tiene vínculos y amigos, incluso entre los militares”, describió Azzolin. El fiscal agregó que “Lona es un apelador sistemático, como sucedió en el caso de (el crimen de Walter) Bulacio, y llegó al punto de hacer renunciar al abogado que lo defendió durante años el mismo día de la audiencia en Casación, con la intención de que fuera levantada. Pero no lo logró porque estos jueces no le hicieron el juego a esa estrategia que bastardea los principios del derecho a la defensa”.

En febrero de 2004 el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura no reunió los votos necesarios para la destitución del magistrado y ordenó reintegrarlo en sus funciones, en una audiencia que culminó con un tibio aplauso, mientras los familiares de las víctimas de Palomitas le gritaban “torturador”. Para evitar el juicio, había renunciado, pero el ex presidente Néstor Kirchner no había aceptado la dimisión para que el proceso siguiera su curso. Sin embargo, la avaló dos días después de la absolución y así Lona tuvo que ir a buscar empleo.