Desde París

Semana judicial de fin del mundo para la derecha francesa y el Ejecutivo de François Hollande. En contra de lo que se esperaba, el ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue inculpado oficialmente por la Justicia francesa en el espectacular escándalo de la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 por parte de la heredera del imperio L’Oréal, Liliane Bettencourt. Al cabo de una segunda audiencia en el Tribunal de Burdeos, que duró varias horas, la fiscalía lo inculpó por “abuso de debilidad cometido en febrero de 2007 y en el curso de 2007 contra Liliane Bettencourt Schuller”.

Sarkozy fue interrogado como “testigo asistido” en el Tribunal de Burdeos con el fin de esclarecer cuántas veces fue a la casa de la multimillonaria y determinar así si la señora Bettencourt entregó dinero para su campaña de 2007. Varios testigos afirman que Sarkozy obtuvo donaciones especiales. Según los textos judiciales, Sarkozy fue a la casa de los Bettencourt, situada en Neuilly sur Seine en el mes de febrero de 2007, justo cuando comenzaba la campaña que lo llevó a la presidencia. Testigos diversos contaron que el administrador de la fortuna de la señora Bettencourt, Patrice de Maistre, pidió 150.000 euros en efectivo a su contadora, Claire Thibout, para entregárselos a quien era en ese momento tesorero de Sarkozy y más tarde sería su ministro de Presupuesto, Eric Woerth, imputado a su vez por tráfico de influencias.

Sarkozy niega haber recibido ese dinero y sustenta su defensa en la falta de pruebas y de testimonios. De Maistre y Woerth también desmintieron el cobro los 150.000 euros. El caso se complica porque el testigo central de la supuesta entrega del dinero, la gobernanta de la casa de los Bettencourt, Nicole Berger, falleció antes de confirmar esa sospecha ante la Justicia. En noviembre del año pasado, Sarkozy pasó 12 horas en el Tribunal de Burdeos prestando declaración. Según el diario Sud-Ouest, el ex presidente dijo “los Bettencourt nunca me dieron el más mínimo céntimo y yo nunca les pedí nada”. La audiencia de ayer confrontó a Sarkozy con uno de los mayordomos de Bettencourt, Pascal Bonnefoy y otros tres empleados domésticos, a fin de establecer si el mandatario fue una sola vez a la casa de Bettencourt, tal como él lo afirma, o varias. Fuentes judiciales habían adelantado a la prensa que incluso si se establecía la existencia de ciertas “mentiras” de Sarkozy, éstas no constituyen “indicios graves y concordantes” capaces de probar que Sarkozy se habría abusado de la “debilidad” de Liliane Bettencourt. La Justicia, al final, decidió lo contrario y cambió el estatuto judicial del ex jefe del Estado: de “testigo asistido” pasó bajo el peso de una imputación formal. El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, adelantó que pensaba presentar “inmediatamente un recurso”. Herzog juzgó que la decisión de la Justicia era “incoherente en el plano jurídico e injusta”.

Este no es el único escándalo que salpica a la derecha francesa. El otro caso pone en escena a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien está bajo sospecha de haber favorecido a un tránsfuga de los negocios, el empresario Bernard Tapie, con el arbitraje que le concedió una indemnización de más de 400 millones de euros. Los jueces en lo económico de París Serge Tournaire, Guillaume Daïeff y Claire Thépaut dieron curso a una investigación a partir de septiembre del año pasado y luego cargos por “uso abusivo de poderes sociales y ocultación de ese delito” en contra del Consorcio de Realización (CDR). Se trata de uno de esos bancos que administran los fondos malos, las inversiones tóxicas y los pasivos fraudulentos que detentan los bancos. El CDR fue creado en 1995 para administrar los pasivos tóxicos del quebrado banco Crédit Lyonais.

La Justicia investiga a Christine Lagarde para saber si la jefa del FMI hizo pesar su influencia sobre los árbitros privados encargados de definir el litigio entre el empresario Bernard Tapie y el banco público Crédit Lyonais. Ambos estaban confrontados por la venta de la multinacional Adidas. En julio de 2008, Tapie se benefició con un fallo de la Comisión de Arbitraje, la cual se inclinó por una indemnización millonaria de 402 millones de euros. Muchos expertos pusieron en tela de juicio ese fallo y propusieron que se presentara un recurso, pero Lagarde, que en el momento de los hechos era ministra de Economía y Finanzas, rehusó seguir ese camino.

El escándalo regresa hoy al primer plano de forma espectacular con el allanamiento de la casa de Christine Lagarde y las revelaciones aportadas por el vespertino Le Monde, según el cual Bernard Tapie se entrevistó en repetidas ocasiones con Nicolas Sarkozy cuando éste era ministro de Interior y luego cuando fue presidente entre 2007 y 2012. La prensa también reveló que Sarkozy recibió a uno de los árbitros que falló a favor de Bernard Tapie, Pierre Mazeaud. La Justicia ya realizó un allanamiento en la casa de Tapie y también en la de uno de los principales colaboradores del ex presidente Claud Guéan, ex secretario general de la Presidencia de la República. El abogado de Christine Lagarde declaró que la directora del FMI “no tiene nada que ocultar”.

La semana se cierra así con la imputación de Sarkozy, el allanamiento en el domicilio de Lagarde y la renuncia de un ministro del gobierno socialista, Jérôme Cahuzac. El titular socialista de la cartera de Presupuesto tuvo que dejar su cargo luego de que se descubriera que había tenido una cuenta en un banco suizo abierta a su nombre, información revelada por el portal de Mediapart que el ministro siempre negó. Pero con el caso L’Oréal y el de Bernard Tapie la Justicia terminó de estrechar el círculo en torno de dos responsables políticos de la derecha conectados con dos de los mayores escándalos políticos financieros de los últimos años.