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El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, viajó a Buenos Aires para participar de una reunión de la Asociación de Magistrados. Mientras continuaba con sus tareas habituales, esperaba que el poder Ejecutivo le comunicara oficialmente la detención de los diez militares –tres en actividad– involucrados en la masacre de Margarita Belén del 12 de diciembre de 1976, en la que el fusilamiento de 22 personas se quiso encubrir con el argumento de que las víctimas habían intentado fugarse. Con enorme cautela, para no pronunciar una palabra que pueda adelantar su opinión sobre la investigación que está llevando a cabo, el juez afirmó que “todos los que estén vinculados de alguna manera al expediente serán citados”. Así respondió al pedido del fiscal Jorge Auat, quien solicitó que el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni sea convocado para declarar.
–¿Los detenidos van a ser trasladados al Chaco para que presten declaración allá?
–Sí, van a ser detenidos y conducidos al Chaco. Yo estoy en Buenos Aires, pero en Resistencia hay un abogado de la matrícula que quedó como juez subrogante.
–El fiscal solicitó la citación del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni. ¿Va a considerar el pedido?
–Todos los que estén vinculados de alguna manera a la causa según su grado de responsabilidad serán traídos. Algunos podrán venir como testigos; otros, según su grado de responsabilidad, podrán venir detenidos. Eso se va continuar evaluando y en función de eso se va a proceder.
–¿Brinzoni iría como testigo o imputado?
–El fiscal ha pedido que vaya como testigo. Eso no significa que si aparece otro elemento no pueda venir después en otra condición.
–Al pedido del fiscal, ¿usted le haría lugar en un corto plazo?
–En un corto plazo podría declarar como testigo. Esto no significa adelanto de opinión. Hoy usted puede declarar como testigo y si después aparecen elementos, pasa a ser imputados. Lo que corresponde en esos casos es dejar sin efecto la declaración testimonial y relevarlo del juramento y en ese caso tendría la facultad o no de declarar.
–Los diez arrestados son los responsables directos de la masacre, pero los tres que están en actividad no habían sido denunciados por el CELS e HIJOS, que iniciaron la demanda. ¿De dónde surge su participación en el hecho?
–Son las personas que participaron directamente en la ejecución del hecho y la responsabilidad y la imputación son iguales para todos. Es decir, homicidio calificado agravado por alevosía y por el número de participantes, en concurso real con desaparición forzada de personas. Esto es un delito grave y a todos les corresponde la misma imputación más allá del grado que tuvieran en el momento de la ejecución del hecho, porque ésta era una consideración que se había hecho cuando se dictó la ley de Obediencia Debida, que yo declaré inconstitucional, por eso pude continuar. Acá se les imputa, más allá del grado, la responsabilidad por homicidio calificado. Este expediente se inició a principios de la década del 80, cuando la ley daba la responsabilidad de hacer un juzgamiento al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Cámara Federal de Apelaciones actuaba como órgano de segunda instancia. En ese expediente figuran los datos de las personas que iban en el convoy (que asesinaron a los detenidos) y de las personas que habían sido retiradas de la alcaldía. Todo eso surge del expediente que recibí el viernes pasado de la Cámara Federal de Rosario. Esas son las actuaciones que se inician al comienzo de la apertura democrática.
–Entonces estas personas ya estaban imputadas en el primer expediente.
–En realidad no llegaron a estar imputadas, simplemente se pidió la nómina de las personas que intervinieron y fueron citadas en calidad de testigos. Ellos reconocieron que iban trasladando a estos detenidos desde la alcaldía y dijeron que hubo un intento de fuga con las consecuencias que se conocen. Son elementos objetivos. Todos reconocieron que habían integrado el convoy.
–¿Tuvo en cuenta como hecho especial el que hubiera militares en actividad? Algunos militares hacen llegar rumores de una supuesta “inquietud”...
–No sé. ¿Existe? No quiero opinar para no ser malinterpretado. Yo no hice valoraciones y ni siquiera sabía que había personal en actividad. Yo tenía los elementos de que en ese fusilamiento estaban tales personas y a esas personas se les imputó el delito.
–¿Qué pasaría si la Corte convalidara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?
–Los juicios caerían. Sería lamentable para la historia del país.
–¿Cómo continúa la investigación? ¿Se va a profundizar en los cómplices civiles y en la jerarquía militar?
–Va a continuar con toda la ley bajo el brazo y con la Constitución como norte, investigando a todos los que tuvieron algún grado de responsabilidad. Por supuesto, se va avanzar y se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Este no es un hecho menor. Por eso hay que ocupar toda la energía en hacer una profunda investigación para que los culpables paguen sus culpas y los inocentes queden liberados de la persecución penal.
–¿Qué opina de la posibilidad de juzgar estos delitos fuera del país?
–Estoy de acuerdo. Estos son crímenes de lesa humanidad. Jurídicamente corresponde por los convenios internacionales y por la vigencia de la Constitución Nacional que los ha incorporado. Por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad son perseguibles en este mundo globalizado por todos los estados civilizados y democráticos.
–¿Tuvo algún contacto con el Gobierno?
–Simplemente me dieron la seguridad de que estaban actuando y abocados al cumplimiento de la orden recibida por el poder judicial.
–¿Recibió amenazas o llamados intimidantes?
–Eso no tiene sentido comentarlo. Siempre existen para los que estamos en esto, algunos son burdos y otros hechos con sutileza.