Por orden del juez federal Daniel Rafecas fue detenido Juan Alfredo Etchebarne, abogado y amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz. Etchebarne presidió durante la dictadura la Comisión Nacional de Valores (CNV), el órgano rector del sistema financiero que se convirtió en una herramienta política del Ministerio de Economía y usó su maquinaria administrativa como una central de inteligencia para –entre otras cosas– perseguir a empresarios y financistas, una parte de los cuales terminaron secuestrados y en algunos casos desapoderados de sus bienes, en un trabajo articulado con el I Cuerpo del Ejército. Etchebarne quedó detenido en el penal de Marcos Paz. Está imputado de participar en el secuestro y los tormentos de un grupo de 28 personas desde septiembre de 1978, ligadas al caso del Banco de Hurlingham, que había sido de los Graiver. “La investigación –dijeron fuentes del juzgado– pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, motorizada desde la Comisión Nacional de Valores y ejecutada por oficiales militares, personal civil de Inteligencia y oficiales de gendarmería nacional.”

Además de Etchebarne, el juzgado había ordenado la detención del coronel (retirado) Francisco D’Alessandri, el comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el agente civil de Inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti. Etchebarne y D’Alessandri estaban en sus casas. Rei y Guglielminetti ya estaban detenidos en Marcos Paz por causas previas.

La investigación comenzó en 2010. Las 28 personas estuvieron secuestradas en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Pertenecían a dos grupos empresarios con relaciones de parentesco o laborales: el grupo Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham de los Graiver. “Bajo falsas acusaciones de haber cometido delitos de ‘subversión económica’, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento”, indicaron desde el juzgado.

Como presidente de la CNV, Etchebarne inició una causa judicial sobre ellos y de forma paralela promovió la intervención militar de Carlos Guillermo Suárez Mason, del Primer Cuerpo de Ejército. Suárez Mason armó un “equipo de trabajo” a cargo de Roberto Leopoldo Roualdes. Roualdes designó como jefe a D’Alessandri y, entre los integrantes del grupo de “trabajo”, estuvo Rei. Guglielminetti intervino en secuestros. Cuando Roualdes tuvo a los prisioneros, pidió a la CNV y al BCRA ocho peritos para los interrogatorios. Etchebarne mandó cuatro en “comisión de servicios”, por lo cual recibió una felicitación de Roualdes. Además de los peritos, hubo víctimas que situaron a Etchebarne en interrogatorios.

Marcelo Chavanne fue una de las víctimas. Era parte del Grupo Chavanne, que después de la muerte de Graiver compró el Banco de Hurlingham, en sucesión. Pagó varios miles de dólares con el compromiso de saldar la compra una vez que se levantara una interdicción del BCRA tras la muerte de Graiver y otra posterior de la Conarepa. El BCRA puso trabas y finalmente no aceptó la transferencia. Cuando estaba por vencer el compromiso de compra, Chavanne buscó a René Grassi para que se hiciera cargo de la compra. “Eso lo hicimos el 12 de septiembre de 1978. El 13 a la mañana Industrias Grassi sacó una solicitada en los diarios diciendo que se hacía cargo del banco y el 13 a la tarde empezaron a secuestrar gente”, dice a este diario. Cuando quedó en libertad, le liquidaron el banco. Hizo la primera denuncia en 1980. Ayer supo de las detenciones. “Mirá, te digo una cosa, fui el único de los secuestrados que siguió viéndose con los militares, no sé si porque tenía 30 años y no me entraba la palabra venganza u odio, pero yo quería saber por qué –dice–. Hasta ese momento, estaba el debate de si estaban matando a la gente. Yo siempre me ponía como ejemplo. Les decía a mis amigos, ‘estos pibes saben lo que hacen porque nadie estuvo más cerca de Graiver que yo y a mí no me tocaron el timbre’. Eso hasta el día que me pegaron la patada en el culo, y ahí me di cuenta. La Justicia llega treinta años después pero llega, y les da el derecho ahora a ellos a que se defiendan.”

Chavanne lee esta causa como parte de aquella primera que inició, donde hay responsables pendientes. Algunos están muertos, como Roualdes y Suárez Mason, otros siguen en libertad.

El último 25 de marzo, la actual CNV, encabezada por Alejandro Vanoli, presentó un informe con la primera parte de un análisis de más de 500 actas del directorio y resoluciones de los años de la dictadura. Allí había documentos del Banco de Hurlingham. Y parte del material que la CNV aportó al juzgado de Rafecas en 2010. Entre la documentación, entregaron la carta que Roualdes envió a Etchebarne agradeciéndole “la vocación de servicio, espíritu de trabajo y sacrificio, la idoneidad y el criterio” de los peritos.

El tiempo permitió encontrar otras pruebas. Algunas dan cuenta de otra hipótesis sobre esta causa, que a la vez habla de la contracara de la política que desarrolló este organismo, situado como la “cabeza de la pata civil” que, junto al BCRA, actuó en la represión clandestina. Es que así como persiguió a unos, estimuló el crecimiento de otros. En este caso, el revés de la trama arroja una lectura entre la caída de Grassi (dedicado al acero) y el crecimiento de Acindar, vinculada con Martínez de Hoz. Lo que detrás del cúmulo de casos aparece, según las conclusiones del informe, es finalmente el apuntalamiento de un patrón de crecimiento que ya no sería el productivo sino el del sistema financiero y la consolidación del poder de las transnacionales hasta 2001. “La CNV hoy está comprometida en reconstruir la memoria –dice Vanoli–, que se conozca la verdad y ayudar a que se haga justicia.”