“¿Quién es Riveros?”, preguntó el presidente del Tribunal. A unos metros, entre abogados, los cuatro acusados del juicio acababan de sentarse. Uno levantó la mano. “¿Usted es Riveros?”, volvió a preguntar, como si de pronto se perdiera la pista de la historia sobre aquel hombre que fue dueño de la vida y la muerte en Campo de Mayo. Aquello era parte del protocolo.

“Sí, sí –explicó el militar–. Discúlpeme, pero escucho muy poco. Acá está mi abogado, por cualquier cosa.”

En la sala repleta había sobrevivientes por partida doble de Zárate y Campana. Primero sobrevivieron a uno de los más bestiales circuitos represivos de la dictadura, durante las primeras semanas del golpe de marzo de 1976, con hasta trece centros clandestinos improvisados en horas. Y después, fueron sobrevivientes de la espera, porque muchos salieron con vida del circuito que incluyó “legalizaciones” en cárceles del servicio penitenciario y llegaron vivos hasta aquí. Retratados entre las imágenes que llenaron la sala estaban los otros: los que salieron vivos de los centros, pero murieron a la espera del juicio.

El juicio que empezó ayer en San Martín es el primero que revisa los efectos de la dictadura sobre 29 personas, militantes políticos y sindicales de Zárate y de Campana, uno de los territorios más golpeados por la dictadura. Fueron secuestrados entre el 24 de marzo y el final de ese mes de 1976, pasaron por trece centros clandestinos que incluyeron un club como Tiro Federal y el buque de la Armada “Ara-Murature”, fondeado a metros del muelle de Dálmine-Siderca, la fábrica de los Roca sobre la que este juicio indagará qué relación tuvo con los grupos de tareas. Entre los 29 secuestros, hubo un desaparecido: Carlos Souto. Otra de las víctimas, Juan Barrientos, murió en la Unidad 9 de La Plata.

Son juzgados cuatro represores. Riveros, ex jefe del Instituto Militar de Campo de Mayo, y Fernando Meneghini, ex jefe de la comisaría de Escobar, ya condenado junto a Riveros en el juicio que tuvo entre los acusados a Luis Abelardo Patti. También son juzgados Sergio Buitrago, ex jefe del Arsenal Naval Zárate, y Servando Ortega, ex jefe de Prefectura Naval de Zárate. Cuando Meneghini entró en la sala se le oyó ese tono disfónico ya conocido en su voz. “El mismísimo demonio”, dijo alguno de los presentes en la sala.

A las 10.58 ingresaron los acusados. La sala los recibió con sus propios rituales: “La dictadura terminó, el silencio también”, decía un cartel. “Los sobrevivientes fueron secuestrados y torturados en Zárate y Campana”, señaló otro. “Area 400 Nunca Más”. Por unos segundos, la sala cantó el “Como a los nazis les va a pasar”. Cuando el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, Alfredo Ruiz Paz, se sentó, dijo: “Cualquier expresión agraviante o de júbilo no la voy a aceptar”. Como “comprenderán”, dijo, en esos casos se impondrán sanciones. Algún cartel quedó levantado. “¡Por favor! –dijo, entonces– ¡Bajen esos papeles!”

Antes de entrar a la sala, a la “China” Lidia Ester Biscarte se le cayeron unas lágrimas. “No quiero llorar”, dijo. “Quiero traer acá la voz de los compañeros que hoy no están, que no se pudieron defender.” La China era delegada del personal que trabajaba en el Puente Zárate Brazo Largo. Se ocupaba de la limpieza de las oficinas y, para cuando se produjo el golpe, estaba de licencia. Tenía 24 años. La secuestraron el 27 de marzo, dejaron a su hijo de ocho años atado en su casa. “En todos los lugares por donde pasamos nos torturaron. Las pruebas las tengo en mi cuerpo, todavía. Me faltan pedazos de los talones y tengo lesiones en la vagina y en los pechos.” La liberaron en enero del ’79 desde Coordinación Federal. Rengueaba todavía, la dejaron sin dinero en Capital, en un lugar que no conocía. Entró a un negocio, le explicó al dueño que era presa política y ese hombre, al que todavía hoy busca para agradecerle, paró un taxi, le indicó al chofer que la llevara hasta Retiro y le dio el dinero para volver a su provincia.

“Por supuesto que esperamos mucho tiempo”, dijo Alberto Marciano, otro sobreviviente, secuestrado con su esposa, Eva Orifici, el 29 de marzo de 1976, por una patota que tomó por asalto la casa. “Haber llegado hasta aquí me parece increíble. Lo hemos logrado por la política de llevar adelante los juicios y por la lucha de los compañeros. Diría que es un día de euforia, hubiésemos querido otro tipo de juicio, acá hay varias causas chiquitas, somos cinco querellantes y ellos son cuatro imputados cuando deberían haber sido muchísimos”. Eva se acercó: “Estamos conformes, pero también sabemos que falta, hay un montón de personas que estuvieron por debajo de ellos que están en libertad”.

Cada quien ocupó un lugar en la hilera para entrar en la sala. Ahí estaban otros, el memorioso Alberto Rubén Calvo, que será uno de los primeros en declarar. Daniel Lagarone, que era secretario político de la Juventud Peronista en el comienzo del golpe. Entre los secuestrados hubo personas muy conocidas de la época. Francisco José Bugatto, intendente de Zárate hasta el día del golpe, fue secuestrado el 24 de marzo en su casa; murió hace dos meses sin llegar al inicio de este juicio. Otra de las víctimas fue Julio Armesto, diputado de la provincia de Buenos Aires por el PJ. Y su hijo Luis María, que era militante peronista. También Luis Clemente Jorge, funcionario del Ministerio de Trabajo, y Blanca Nelly Buda, candidata a intendenta de Escobar en 1973, quien también murió sin ver el juicio. Carlos Galletti era de Luz y Fuerza. Todos ellos sobrevivieron a la represión.

“Una característica de esta causa es que llega (al juicio oral) con muy pocos imputados”, dijo el abogado querellante Pablo Llonto. En la región hubo más de 200 víctimas y todos los casos deberían haber sido juzgados “una sola vez, con más de 100 imputados”. Y agregó: “El juicio tendría que haberse hecho en Zárate-Campana, cosa que el tribunal no aceptó”.

En el comienzo de la audiencia, se leyó la acusación de la fiscalía. En el final, el tribunal preguntó si los imputados deseaban hablar. Todos dijeron que no, excepto Meneghini. El ex comisario de Escobar repitió lo que dijo en el juicio pasado. Que el 23 de marzo de 1976, a las 23.50, su comisaría fue copada por el capitán Stigliaro, que dijo venir por orden del Comando en Jefe del Ejército, y que él solo debía dedicarse a cuestiones administrativas. También dijo que a partir de ahí intentó no verse comprometido con lo que hacían los militares. “Es decir, reconoce que sabía que se cometían irregularidades”, reflexionó Ciro Anichiarico, abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.