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Como previsible reflejo de la fractura existente, los medios de oposición consideraron que el jueves hubo más gente que nunca en las calles mientras aquellos que simpatizan con el gobierno, como este diario, midieron una disminución del número de concurrentes. Fuera de concurso queda el pintoresco jefe de gobierno porteño, Maurizio Macrì, quien tuvo temor de hacerse presente en su propia convocatoria, y calculó la asistencia en un millón de personas.

Pero más allá de las simpatías y alineamientos, hay circunstancias objetivas que sólo pueden distorsionarse con una voluntaria manipulación. Por ejemplo, el matutino La Nación publicó una nota titulada “Cómo creció la protesta”, que incluye un diseño interactivo muy bien realizado: una toma de la Plaza de Mayo desde el mismo ángulo en noviembre y ahora, con un botón deslizante que permite apreciar la concurrencia en cada fecha, sector por sector de la plaza. Lo único que falta aclarar es que en noviembre el centro de la concentración fue el Obelisco y hasta la Plaza de Mayo sólo se aventuraron grupos sueltos, mientras el jueves la cita fue en la plaza misma. O mejor dicho, frente a la Catedral, la parcela cubierta con mayor densidad de cuerpos humanos. La apreciación directa de periodistas de este diario que asistieron a la concentración del jueves señala que no sólo fue inferior a la de noviembre organizada por el mismo colectivo en formación, sino que tampoco se aproximó a la que acompañó a la presidente CFK el 10 de diciembre pasado y a la de los organismos de derechos humanos el 24 de marzo. Otro análisis de la misma fuente destaca la composición social y la procedencia geográfica de los caminantes, con exclusiva representación de sectores medios y altos, salvo los dos grupos militantes que seguían a Jerónimo Venegas y Raúl Castels con formas organizativas y sonidos propios de las manifestaciones populares. Entre ambos no pasaban de quinientas personas. Un cartel pedía perdón a Elisa Carrió, por haberla considerado loca. No es tan solo un acto caballeresco, sino también un reconocimiento a la penetración que han alcanzado en ese microclima las sentencias y vaticinios que le granjearon aquel calificativo. Basta con leer la impresionante proclama de Santiago Kovadloff, publicada en La Nación con el título “La República, a punto de convertirse en la nueva desaparecida” para advertir que Carrió ejerce un auténtico liderazgo intelectual sobre ese sector. Su último hallazgo de construcción democrática fue invitar a que el miércoles se impida el funcionamiento del Congreso para que no pueda sancionar las leyes de reforma judicial. Es la misma lógica por la que se defiende la libertad de expresión golpeando a periodistas.

Una aguda polarización

La Relatoría para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de la OEA sostuvo en su informe anual difundido esta semana que el “contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”. Esa “aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta”. Para la Relatora, la jurista colombiana Catalina Botero, la responsabilidad del Estado es generar un clima de mayor tolerancia y la del periodismo “regirse por conductas éticas”. Pero el círculo vicioso persiste ya que según sea la posición de cada uno será la evaluación acerca de quién cumple con estas pautas generales o falta a ellas. El punto irreductible es el del respeto por la voluntad popular que se expresa en elecciones periódicas, lo cual remite una vez más al último de los dilemas planteados en la enumeración inicial: en qué medida del descontento expresado por un sector inquieto de la sociedad podrá traducirse en opciones electorales. Y otro, ulterior: si los portadores de esa disconformidad visceral reconocerían un resultado adverso. La cuestión no es ociosa, si se mira lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela, a la que viajaron los principales mandatarios de Unasur para respaldar la consagración institucional del nuevo presidente Nicolás Maduro. No ha habido observador internacional calificado que avalara la denuncia de fraude de la oposición venezolana, y algunos tan acreditados como el Centro Carter la desdeñaron en forma explícita, igual que el secretario general de la OEA. Pero la agresión a tiros contra militantes chavistas, que causó siete muertes, muestra el verdadero talante entre quienes lograron achicar la diferencia que les había sacado Chávez el año pasado, pero no batir a Maduro.

No sólo organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de expresión advierten la tajante división entre fracciones excluyentes. También las empresas que realizan encuestas de opinión pública están tratando de adaptar sus métodos a las condiciones específicas que plantea este campo minado por la fragmentación. Una de ellas (que en marzo realizó un estudio sobre mil casos en el Area Metropolitana de Buenos Aires, que además de la Capital incluye los dos primeros cordones bonaerenses) expresa esta diferente percepción de la realidad según el posicionamiento político con la sentencia “Un mismo país, dos Argentinas”. Esta división se da en mitades, con proporciones que varían en forma leve según la coyuntura. En las elecciones presidenciales de 2011 el 54 por ciento del electorado estaba a favor de la entonces reelecta presidente CFK. Según la consultora aludida, hoy una luz de 50,1 por ciento se manifestaría en su contra. Dada la estrechez de ese margen y su variabilidad de mes en mes, lo más significativo es la estabilidad de la fractura.

Ese estudio revela de un modo simple y claro cómo influyen esas preferencias en la visión de la realidad. Por ejemplo, ante una pregunta sobre la calidad de vida de los encuestados, dos tercios la consideraron buena y algo menos de un tercio, mala. Pero cuando a la misma muestra se le pregunta por las condiciones políticas, sociales y económicas de la sociedad, las contestaciones son divergentes, tema por tema, entre aquellos que aprueban la gestión del gobierno nacional y quienes la desaprueban.

El problema, que lleva años pero no parece aproximarse a una solución, es que mientras una mitad tiene liderazgo, organización y programa, la otra es un cúmulo de voluntades dispersas y a menudo contradictorias. En el mejor de los casos esa mitad enfurecida se divide en cuartos, uno de centro izquierda y otro de centro derecha. Pero ni siquiera entre ellos las relaciones son pacíficas, como refleja la crónica diaria. Dada la endeblez de las estructuras partidarias, la única alternativa superadora para ese conglomerado sería el surgimiento de una personalidad capaz de mantener unidos el agua de Macri y el Peornismo Opositor con el aceite de Binner, la UCR y De Gennaro. En Venezuela la miríada de fuerzas de oposición pudo coincidir en la candidatura de un recién llegado. Retoño de dos familias acomodadas de la burguesía tradicional, Henrique Capriles Radonski hizo un salto meteórico, de miembro de grupos de choque en las refriegas callejeras que avalaron en 2002 el golpe contra Hugo Chávez del empresario Pedro Carmona Estanga, apoyado por el gobierno estadounidense de George W. Bush, a honorable demócrata. Antes de llegar a ese punto, la oposición venezolana desertó de la competencia democrática. Ese es el camino que de tanto en tanto tienta a la oposición argentina y que, como en el caso de Venezuela, expresa la falta de confianza en las propias fuerzas. Tampoco es seguro que, si el escrutinio lo hubiera favorecido, Carriles Radonski habría podido formar un gobierno con la mínima homogeneidad indispensable para administrar o se habría hecho añicos a la primera contrariedad, como ocurrió aquí con el inconveniente matrimonio de conveniencia entre el radicalismo y el Frepaso.

Procedimiento expeditivo

En Venezuela, la oposición se abstuvo de participar en elecciones, lo cual le dio al chavismo el monopolio de la representación institucional. Aquí sólo decidió no asistir a las reuniones de los plenarios de comisiones de ambas cámaras del Congreso, en los que se trataron los proyectos de reforma judicial. El pretexto fue una frase atribuida al senador Aníbal Fernández. Ex jefe de gabinete con nostalgias por la función ejecutiva, Fernández llega a las siete de la mañana a un Senado desierto y lo único que puede hacer es hablar con los periodistas. En una de esas declaraciones dijo que los proyectos habían sido bien revisados, por lo que podrían aprobarse sin tocarles una coma, pero que “como no somos necios, si hay errores estamos dispuestos a corregirlos”. La difusión posterior de sus palabras omitió la voluntad de cambiar lo que fuera necesario y se concentró en las comas de la primera frase, desvirtuando su contenido.

El Poder Ejecutivo eligió en este caso un procedimiento expeditivo, muy distinto del que siguió para la sanción de la ley audiovisual hace cuatro años. Entonces, el anteproyecto oficial, surgido del reclamo de centenares de organizaciones de la sociedad, fue discutido durante meses en 24 foros regionales de los que participaron los distintos sectores interesados y, recién entonces, convertido en proyecto y enviado al Congreso. Sólo pasó al recinto al concluir una extensa ronda de aportes de entidades y especialistas invitados por cada Cámara. Esto permitió lograr su aprobación por una amplia mayoría transpartidaria. Pero ni aún así pudo evitar que algunos partidos de la oposición pensaran más en los títulos de medios y en la preconstitución de pruebas para los reclamos judiciales de los medios afectados. Comenzó así el festival de medidas cautelares, que recién concluyó la semana pasada, con la previsible resolución de inconstitucionalidad de los artículos claves para limitar la concentración del mercado, dictada por una sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que el gobierno denunció cooptada por el Grupo Clarín.

Ese bloqueo durante casi cuatro años a una ley que no fue un úkase autoritario sino la consecuencia del rico y extenso proceso descripto, está en el origen de la decisión política de sanear una Justicia aún demasiado permeable a los intereses de los poderes fácticos y de hacerlo sin reunir antes consensos equivalentes a los que sustentaron la ley audiovisual. Esta lectura es discutible, pero no vale analizarla sin recapitular el aporte de la oposición al congelamiento durante cuatro años de una ley sancionada con tan alto consenso.

Puntos y comas

Desde el CELS opinamos que sólo el proyecto que regula las cautelares merecía objeciones de tipo constitucional. A raíz de ello el plenario de comisiones nos invitó a exponerlas el martes en el Senado, ante lo cual la oposición revió su postura inicial y asistió a la audiencia. Señalamos nuestro acuerdo con impedir el abuso de los poderes fácticos que se sirven de las cautelares para frustrar la voluntad popular y sus leyes, pero también el riesgo de que la restricción afectara a los sectores vulnerables de la sociedad. En vez de la fórmula del proyecto oficial, que sólo exceptuaba de la nueva regulación a las cautelares “cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria”, propusimos otra, inspirada en fallos de la Corte Suprema de Justicia y en nuestra experiencia de treinta años en el uso de este instrumento en defensa de los derechos humanos: “cuando se encuentren comprometidos la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria, o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. El secretario de Justicia Julián Alvarez objetó esta formulación y propuso sustituir “comprometida directamente la vida” por “comprometida la vida digna”, una expresión más amplia pero a nuestro juicio insatisfactoria. Senadores del oficialismo y de la oposición ponderaron nuestra propuesta, y luego de consultar con Alvarez, la presidente optó por una nueva fórmula: “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Esto demostró que era posible modificar puntos, comas y palabras, si se planteaba con seriedad e intención constructiva. La inicial reticencia de Alvarez obedeció a una idea muy generalizada en el gobierno, de que nadie defiende mejor a los sectores vulnerables. Eso es así, en términos de la historia argentina del último medio siglo. Pero la ley regula también cautelares contra actos administrativos del Estado y sus entes descentralizados. Por otra parte, de haberse aprobado el proyecto original una catarata de textos similares se hubiera derramado sobre las legislaciones provinciales, jurisdicciones en las que las violaciones a derechos fundamentales de los sectores vulnerables son más frecuentes de lo deseable. Y es un contrasentido denunciar el emblocamiento de muchos jueces con intereses corporativos y al mismo tiempo darles instrumentos para castigar a los grupos más desprotegidos de la sociedad. Clarín y La Nación hicieron eje de su cobertura en un aspecto marginal como mi diferencia de criterios con el Secretario Alvarez, que forzaron hasta que ocupara todo el espacio y no se entendiera qué estaba en juego. Se comprende: son beneficiarios de dos de las cautelares más escandalosas, una que paralizó cuatro años la aplicación de la ley audiovisual y otra por la que el diario de los Mitre, los Saguier y los Noble ha dejado de pagar impuestos por 280 millones de pesos, según el cálculo de la AFIP.

Por primera vez

Al día siguiente de la media sanción del Senado, el Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital condenó a José Pedraza a quince años de prisión, como partícipe necesario en el asesinato de Mariano Ferreyra. Al fallo se llegó en el tiempo record de treinta meses, a partir del 20 de octubre de 2010. Muchos militantes populares han sido asesinados en el país, pero nunca antes el responsable político del crimen debió pagar por ello. El fallo completo con sus fundamentos será conocido dentro de dos meses, pero el viernes el presidente del tribunal Horacio Días adelantó la parte dispositiva (donde los ejecutores materiales recibieron sentencias a 18 años de prisión, y los oficiales de la Policía Federal que los protegieron antes y después del asesinato a 10 años). Lo hizo en un lenguaje llano, comprensible para quienes no dominan la jerga judicial, como quien razona en voz alta sobre la lógica del fallo, explicando cómo valoraron cada prueba. Días se refirió a la explotación de los trabajadores de las empresas tercerizadas en las que Pedraza tenía intereses. El castigo es por el crimen del joven militante del Partido Obrero, pero Pedraza fue también el partícipe necesario en la destrucción del servicio público de transporte por ferrocarril a partir de la década de 1990 y que aún no se ha recuperado. Su consecuencia fue la reducción del plantel de trabajadores formales en un 90 por ciento y el surgimiento de esas empresas satélites mal llamadas cooperativas donde se pagaba la mitad por el mismo trabajo. Días y sus colegas del tribunal, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, mostraron un rostro distinto de la Justicia, severo con los fuertes, amigable con las víctimas, respetuoso del derecho. La sentencia mencionó el “escandaloso intento de soborno” a la Cámara de Casación para que no avanzara sobre Pedraza y dejara en libertad a los ejecutores materiales, que será objeto de un segundo juicio. Pero además, está pendiente el juicio político y la destitución del miembro de ese tribunal Eduardo Riggi, quien era el destinatario del dinero secuestrado.

Lo de siempre

Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires, el defensor de menores Julián Axat fue apartado de la causa en la que investigaba cómo se consignaron en documentos públicos de la morgue y del registro de las personas los muertos por el temporal en La Plata, cuyo número es más holgado del que informó el gobierno provincial. Esta actividad de Axat y del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias irritó al ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, quien primero consiguió el relevo del juez y luego el de Axat, en ambos casos con argumentos leguleyos que no vale la pena describir. Pese a que la Suprema Corte provincial había confirmado la legitimidad de la intervención de ambos, las presiones de Casal por medio de la Procuradora General María Falbo produjeron una resolución del Defensor General de La Plata, Omar Ozafrain, que desplazó al defensor de la causa. En su lugar fue designada la asesora de incapaces Laura Ozafrain, hermana del Defensor General. Axat apeló la resolución, violatoria de su autonomía funcional, y adversa a sus estrategias que permitieron conocer la verdad de lo sucedido y la metodología fraudulenta empleada para contar los casos. La apelación fue elevada... a la Procuradora Falbo, quien no necesita consultar con Casal porque ya conoce su posición.