Por pedido del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, los legisladores de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, Edgardo Form y Delia Bisutti presentaron un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri que crea un fuero especial para las empresas periodísticas y que entraría en colisión con la ley de medios, entre otras normativas y competencias federales. En el texto, señalan que el DNU viola cinco artículos de la Constitución Nacional y piden que se declare “nulo de nulidad insanable”.

“Queremos que la Justicia se expida rápidamente para que deje de tener vigencia este decreto, ya que hoy, en la ciudad de Buenos Aires, no rigen las leyes federales”, remarcó Cerruti, cuando se presentó en los tribunales para dejar el escrito. En él, plantea que el DNU no reúne los requisitos que plantea la Constitución porteña: de base, una situación excepcional que requiera de la celeridad de una medida extraordinaria. Nada le impedía enviar el proyecto a la Legislatura y esperar los tiempos del debate parlamentario. Además, legisla sobre materia tributaria, algo expresamente prohibido al jefe de Gobierno por la Constitución porteña. Macri parece no haber aprendido la lección del primer DNU de este año, cuya parte tributaria –sobre el ABL– terminó anulada por una ley correctiva.

En el escrito, plantean que el DNU tiene como único objetivo el de “contribuir a estrategias de obstrucción y dilación de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en pos de intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los habitantes de Buenos Aires”. También advirtieron que “se arroga la jurisdicción y competencias federales” sobre las telecomunicaciones. Los legisladores enumeran otros derechos constitucionales vulnerados por el decreto, como el derecho a huelga de los periodistas. La denuncia recayó en el juzgado contencioso administrativo de Osvaldo Otheguy.

No fue la única presentación judicial del día. El escribano Marcos Mayo denunció penalmente a Macri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Mayo sostuvo que Macri metió a los porteños “en una pelea con el Estado Nacional y presentó a la Ciudad como un preestado cuasi independiente”. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá resolver si existe mérito en la denuncia.

Mientras avanza el frente judicial, el PRO se dispone a ratificar el DNU en la Legislatura el 30 de mayo. Para esto, contaría con los votos de Unión por Todos, Coalición Cívica, UCR y del legislador Daniel Amoroso. El bloque de Proyecto Sur está en duda, aunque Pino Solanas se pronunció a favor. En tanto, el jefe de la bancada de Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, adelantó su voto negativo: “Defendemos la libertad de prensa, pero el DNU de Macri es una medida oportunista y demagógica en una pulseada de bajo vuelo con el gobierno nacional. Macri no tiene autoridad moral para hablar de protección a trabajadores de prensa, cuando la represión de la Metropolitana dejó 14 periodistas heridos”. Aun con los rechazos, el vicepresidente primero Cristian Ritondo está confiando en que tendrá más que suficientes votos para aprobar el DNU.

Representantes de once provincias repudiaron el DNU, según un comunicado de la Cofeca. En tanto, la diputada Elisa Carrió hizo su aporte al debate: aseguró que Macri tenía preparado el DNU desde diciembre.